“El ciclo político abierto por las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 puso en jaque la solidez de las vigas maestras sobre las que se ha asentado nuestra arquitectura constitucional durante las últimas cuatro décadas.
Los resultados electorales producidos por dichos comicios - con su mimética reproducción en las elecciones de 26 de junio de 2016 - y su posterior traducción parlamentaria inauguraron un periodo de inestabilidad política que ha puesto a prueba la resistencia de los materiales constitucionales con los que se ha construido el edificio constitucional desde la misma aprobación de la Constitución en 1978.
No parece exagerado afirmar que los sucesivos Episodios Constitucionales vividos durante los últimos cinco años han comprometido la posición neutral de la Jefatura del Estado, han evidenciado riesgos desconocidos de colapso sistémico ante la inviabilidad de la investidura presidencial, han provocado el choque institucional entre Parlamento y Gobierno, han abocado a una centralidad parlamentaria inerme frente a los recursos otorgados a la instancia gubernamental, han catapultado el control parlamentario a lo más alto desfigurándose la función parlamentaria legislativa en beneficio de la legislación de urgencia, han elevado la posición constitucional del Senado, incluso, en su caracterización como Cámara de segunda lectura - en conflicto emergente con el Congreso de los Diputados -, han mostrado la indiscutibilidad de la ley presupuestaria como clave de bóveda de la acción política, han permitido cuestionar el carácter constructivo de la moción de censura presidencial, han demostrado la incapacidad de alumbrar con éxito cualquier conato de reforma constitucional y han puesto en cuestión el marco legal aplicativo de los estados excepcionales.
Durante el último quinquenio, la vida política española ha estado plagada de múltiples primeras veces y de jornadas históricas que, en el ámbito constitucional, se han traducido en la activación de mecanismos constitucionales inéditos de los que se dudaba, tanto en términos políticos como doctrinales, de su virtualidad y se presumía su inverosimilitud e inviabilidad práctica. Entre ellos destacan, sin duda, la renuncia de la mayoría parlamentaria a concurrir a la investidura presidencial, la disolución parlamentaria sancionatoria provocada por la incapacidad de investir Presidente del Gobierno y la repetición electoral, el triunfo de la moción de censura, la intervención forzosa de una Comunidad Autónoma o el confinamiento domiciliario de toda la población durante meses por razones sanitarias.
Estos terrenos inexplorados del Derecho Constitucional español han provocado tensiones políticas y debates académicos de primer orden ante el jaque al que se ha visto sometido el orden constitucional. El análisis obligado de hipótesis cercanas a la ciencia ficción constitucional ha demostrado que ninguna hipótesis de laboratorio, otrora considerada ridícula, merece ser desdeñada y que no existe una geometría constitucional perfecta desvinculada de los actores políticos, esto es, que el ordenamiento constitucional no resulta suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema político. El régimen constitucional precisa de partidos políticos comprometidos con la gobernabilidad democrática y con un leal entendimiento de los principios sobre los que se asienta un régimen parlamentario…“
“… Pero los partidos políticos no optarán por el diálogo y el consenso transversal si la sociedad los castiga electoralmente por ello. Hoy por hoy, de forma mayoritaria, los ciudadanos identifican y confunden acuerdo y pacto con renuncia, abdicación o traición. En consecuencia, el problema de la falta de una cultura de pactos no solo reside en los partidos políticos sino que está inserta en la sociedad. Solo cuando el electorado premie los esfuerzos y las renuncias en favor de la estabilidad y la gobernabilidad - particularmente, en los asuntos de Estado – los partidos recorrerán la senda del diálogo y el acuerdo sin pánico a jugarse su propia existencia´...”
“… la estabilidad constitucional disfrutada durante casi cuatro décadas y perdida en el último lustro únicamente se recuperará cuando, superada la amenaza del sorpasso político entre las fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas, se alcance la consolidación del sistema de partidos surgido de la implosión sufrida en 2015. Esta consolidación deberá ir acompañada de una cultura política partidista favorable al acuerdo político transversal en todos los órdenes y, en particular, en las llamadas cuestiones de Estado – la primera de ellas, sin duda, consiste en garantizar el normal funcionamiento del ordenamiento constitucional...”.
[Extractos del libro de inminente aparición Investiduras fallidas y Constitución ignota (2015-2020)]