COP25: agujeros en la capa del financiamiento climático

Aunque pueda haber grandes dificultades técnicas, científicas y sociales para afrontar la crisis climática, el mayor obstáculo para ponernos de acuerdo en cómo hacerlo se reduce a una cosa: dinero. Sin embargo, poco se habla del financiamiento climático. Este comentario resume un análisis de datos que destapa grandes carencias tanto en el nivel de compromiso económico de los países como en el de los enfoques que se están aplicando a los fondos públicos destinados a combatir la crisis.

La financiación climática incluye fondos públicos que, aunque son una pequeña parte, desempeñan un papel vital porque canalizan acción y dinero para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudan a las comunidades a adaptarse a los cambios irreversibles que ya estamos experimentando. Entre ellos, el Fondo Verde del Clima es el más importante. Sin embargo, está lejos de los 100 mil millones de dólares anuales acordados en la Cumbre del Clima de París en 2015, con 5,2 mil millones comprometidos actualmente de los que solo 2,82 mil millones están en ejecución. Y más lejos aún de lo que se necesita para hacer frente a la crisis climática. El último informe del IPCC hablaba en 2018 de un requisito de inversión de entre 1,6 billones de dólares y 3,8 billones solo en el sistema energético para mantener el calentamiento por debajo de una subida de 1.5 grados Celsius.

Aunque las razones para explicar este bajo nivel de financiación pública son complejas, está claro que faltan voces locales en la toma de decisiones. Se invierte algo en tratar de recortar los gases de efecto invernadero pero muy poco en ayudar a las comunidades locales a adaptarse a cambios irreversibles, una cuestión enormemente política, y existe una gran brecha entre discursos políticos y acción.

Estas son las conclusiones de un análisis de datos y entrevistas con personas receptoras de ayudas en un proyecto en Vietnam que mi coautor Guillermo Gutiérrez y yo hemos publicado en la revista Development.

Todos los años en los países desarrollados se programan ayudas para que los países en desarrollo puedan hacer frente a las consecuencias del cambio climático o para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de la financiación climática: un flujo de dinero que incluye fondos públicos y privados.

Evaluar el financiamiento climático no es fácil. Detrás de este dinero se encuentra una intrincada red de inversiones, fondos y financiamiento que no se canaliza a través de fondos constituidos como tales. Aunque es mucho menor que lo que se necesita para hacer frente a la crisis, la arquitectura pública de los fondos para el clima es esencial para lidiar con la fusión de los glaciares en Islandia y el Himalaya, los cambiantes patrones climáticos, el proceso de deforestación y el impacto de los ciclones, las inundaciones y la desertificación. En general, se analizan o los patrones del financiamiento climático o los proyectos sobre el terreno, pero rara vez se conectan ambas perspectivas. Nuestro artículo intenta conectar la perspectiva local (un proyecto de biogás doméstico en el norte de Hanoi) y los intereses de los países más vulnerables a la crisis.

De los “digestores” de biogás a la elección de instrumentos financieros

La financiación climática, que fue de aproximadamente 463 mil millones de dólares anuales durante 2015 y 2016, puede movilizarse a través de medios privados (desde las inversiones que hacen las familias en Hanoi a las gigantescas granjas solares construidas por grandes corporaciones) y medios públicos (por ejemplo, fondos multilaterales como el Fondo Verde). Aunque es pequeña en comparación, la financiación pública es un importante motor en la movilización de dinero privado.

Por ejemplo, visitamos un programa de biogás en Vietnam que se financia con el apoyo de fondos bilaterales de Holanda (público) y de inversión comercial y doméstica (privada). El programa capacita a albañiles en el distrito de Soc Son, un área rural en la región del Delta del Río Rojo al norte de la capital vietnamita, para construir “digestores” de biogás que producen gas para cocinar y generan electricidad. Las personas beneficiadas invierten sus propios ahorros en la instalación de un digestor de biogás y deciden si comparten o venden el gas restante en la vecindad. Aunque ninguna de las familias beneficiadas del Programa de Biogás de Vietnam recibió ningún subsidio directo para construir sus unidades de biogás, que costaron entre 700 y 1,000 dólares, parecían estar contentas con los resultados y algunas tenían perspectivas de vender el gas que les sobraba.

En el camino entre donantes e inversores a receptoras como estas familias, la financiación climática pública puede adoptar diversas formas. Sin embargo, la elección de un instrumento u otro es importante, especialmente si hablamos de las necesidades locales. No es lo mismo una donación que un préstamo. Y los proyectos pequeños pueden ser viables solo si dependen de donaciones a fondo perdido (que no requieren reembolso o el pago de intereses). Los gobiernos de los países desarrollados están más inclinados a otorgar donaciones que las instituciones privadas, pero no todos los gobiernos optan por hacerlo. Nuestra investigación revela que, mientras por ejemplo Noruega, Holanda y Gran Bretaña conceden muchas de sus ayudas en forma de donaciones, España está a la cola de la Unión Europea.

Adaptación, la gran olvidada

Otro asunto sumamente importante para los países en desarrollo, en general más vulnerables a la crisis que los desarrollados, es que necesitan adaptarse a las nuevas condiciones climáticas que se están rápidamente extendiendo por todo el planeta. Un ejemplo son las islas del Pacífico destinadas a desaparecer con la subida del nivel del mar. El análisis de datos indica que la mayor parte de los fondos se dedican a proyectos de mitigación o recorte de las emisiones. Esto tiene su lógica porque hay que reducir las emisiones de forma drástica. Pero esta política tiene otras consecuencias.

Que la mayor parte del dinero público vaya a proyectos de mitigación hace que se concentre en grandes proyectos energéticos en países de renta media, como Marruecos, Indonesia o México, lo mayores receptores de fondos para el clima, y no en los países más vulnerables. Por ejemplo Turquía es, con mucho, el primer país receptor de ayuda climática de la Unión Europea.

Es verdad que el impacto de los proyectos de adaptación, muchas veces locales, es más difícil de monitorear, medir y escalar. Sin embargo, este asunto tiene profundas connotaciones políticas, ya que son precisamente los países más pobres y vulnerables los que menos han contribuido históricamente a generar la crisis climática.

Acción = financiación

Finalmente otro desafío en la financiación climática es que no se ha hecho de esta crisis un frente unido y las decisiones políticas no se guían por la ciencia. El hecho de que un país puede comprometerse con una contribución (por ejemplo la promesa al Fondo Verde de 3 mil millones de dólares del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama) y poco después cancelar su compromiso (con la retirada de su sucesor Donald Trump del Acuerdo de París), dependiendo de quién esté sentado en la poltrona es un gran obstáculo en la lucha contra la crisis.

Declarar que existe una “crisis climática” sin poner el dinero ni cambiar sistemas de producción, contratación pública, sistema fiscal y servicios públicos no basta.