Parece que al final, la más grave crisis sufrida por el gobierno de coalición se ha cerrado con una solución que ha sido denominada como metodológica. Sin embargo, todo apunta a que el recurso del método tampoco va a ser suficiente. Las espadas siguen en alto entre los contendientes también en cuanto a los contenidos, entre la derogación de la reforma laboral del PP propugnada por la vicepresidenta y ministra de trabajo de UP y la reforma equilibrada de dicha contrarreforma, defendida ahora por la vicepresidenta y ministra de economía del PSOE, así como entre los avances de la negociación con los agentes sociales y los llamados solo preliminares por la ministra de economía. Prueba de ello es que, aparte del método en que se mantiene el liderazgo del Ministerio de Trabajo en la negociación de la concertación social, se suma ahora la participación en la misma del Ministerio de Economía y del de Inclusión, y por si todo eso no fuera suficiente, es el propio presidente del Gobierno quien con su presencia en una próxima reunión previa a la de la concertación toma cartas en el asunto. En todo caso, algo más que metodología.
Una solución que ha satisfecho a los dos partidos de la coalición de gobierno, que parecen haber enterrado el hacha de guerra, pero que ha dejado una sensación amarga de mayor desconfianza entre los socios de gobierno, en los sindicatos y entre los votantes de UP y en la izquierda en general, pero que sobre todo ha terminado rebajando el papel y el perfil de la ministra de Trabajo dentro del Gobierno. En definitiva, da la impresión que son el PSOE y la CEOE los aparentes ganadores de una batalla, en todo caso pírrica, dentro del gobierno de coalición, ya que el deterioro ha sido de los dos y del Gobierno en su conjunto. Además, se explicita la alianza entre el PSOE y la CEOE que ha logrado limitar la influencia de UGT y CCOO en el Gobierno. Con ello el Gobierno se reequilibra políticamente hacia el centro, como ya había anunciado el sentido del congreso socialista más allá de sus manifestaciones más epidérmicas y efectistas.
Es cierto que las discrepancias entre los socios de gobierno no son nuevas ni tampoco lo es que éstas trascienden ruidosamente a la opinión pública, lo novedoso es que estas últimas hayan provocado un cambio tan importante en el funcionamiento habitual del gobierno de coalición, que además ha supuesto la implicación del propio Presidente, decantándose del lado de su partido y por extensión de la vicepresidenta de Economía, y ante todo que estos cambios vayan a proyectar sus efectos a los contenidos de la reforma laboral a negociar y a la propia dinámica de la concertación social, dotando de mayor fuerza negociadora a la CEOE y por tanto de mayor capacidad de influencia en el resultado que al final se va a remitir a la Unión Europea dentro de los compromisos para la recepción de los fondos de recuperación. Nada más y nada menos.
En paralelo, la paradoja de la condena mínima sustituida por multa y la pena máxima de inhabilitación aplicada al diputado Alberto Rodríguez de Unidas Podemos no ha hecho más que añadir más leña al fuego en la crisis de relación de los dos grupos de apoyo al Gobierno, también en el Congreso de los Diputados y precisamente en el momento más delicado de una negociación presupuestaria con los socios parlamentarios que ya de por sí se presentaba difícil.
El problema que ha emergido con esta crisis es que el origen del gobierno de coalición, inédito en la democracia española, después de la ruptura, la convocatoria de nuevas elecciones y el fracaso del sorpaso, estuvo basado en la aceptación a regañadientes por parte del PSOE de la incorporación de UP al Gobierno y más en un clima de animosidad que de confianza, así como en un programa negociado de forma apresurada y centrado básicamente en la deconstrucción de la política de recortes y austeridad de los últimos gobiernos del PP, pero sobre todo en el forcejeo sobre el número y los nombres a incorporar al frente de las carteras ministeriales y de las vicepresidencias, de la parte del partido mayoritario al socio de gobierno.
En definitiva, se optó por un gobierno compartido o cogobierno de ministerios monocolor, y no por un gobierno mixto o de coalición, lo que hubiera requerido además de experiencia previa, una base de confianza mutua, un mayor detalle del programa de gobierno y sobre todo compartir las responsabilidades en cada ministerio o al menos contemplar la participación de los dos partidos en los puestos clave de los ministerios más estratégicos para el desarrollo de las prioridades del proyecto progresista. Por ejemplo en el Ministerio de Trabajo, en el de Hacienda, Transición Ecológica, Justicia, Sanidad o Interior. Muy al contrario, Unidas Podemos se incorpora a la periferia de un gobierno que se estructura con el ánimo de hacer impermeables para la izquierda las principales áreas que pueden incidir en el poder. La única excepción, y a medias, había sido hasta ahora el Ministerio de Trabajo.
La propia organización ministerial se hace pensando en la hipótesis de la salida de UP del Gobierno cuya permanencia, desde el primer día, se entiende como algo provisional. Es por eso, que los ministerios han funcionado desde entonces como compartimentos estancos de cada socio, un funcionamiento autónomo y cada uno con la lógica propia de cada partido, y por tanto con frecuentes desacuerdos públicos y con una dificultad añadida para conseguir acuerdos, logrados 'in extremis' y gestados a tirones como consecuencia de la dificultad de aproximación desde posiciones previas casi cerradas, lo que ha estado en el origen de una dinámica compleja y de crisis cíclicas. Es la consecuencia de un pacto de gobierno surgido de la suma de debilidades electorales tras unas elecciones provocadas por la lógica populista y el menosprecio de la potencialidad del pacto parlamentario. Una lógica en la que aún resonaban los ecos del sorpaso, junto al clima populista de simplificación, sobreactuación y pulsos entre los partidos.
Buen ejemplo de ello han sido el accidentado proceso vivido por el proyecto de Ley de Vivienda, hasta su reciente aprobación, o también el de la ley de Garantías de la libertad sexual desde la otra parte del Gobierno. El antecedente más cercano en el ministerio de Trabajo ha sido la subida del salario mínimo, que se saldó finalmente con la aparente derrota de la vicepresidenta Calviño y los frecuentes roces con el ministerio de Inclusión y Seguridad Social y en particular con las declaraciones del ministro Escrivá, primero en relación a los los períodos de cotización y más recientemente sobre el retraso en la edad de jubilación como alternativa para compensar el efecto del baby boom en las arcas de la seguridad social. Ambos temas provocaron, además de malestar, divisiones en el seno de la concertación social.
Los más recientes determinantes políticos de la crisis en el seno de la coalición han sido la dimisión del vicepresidente Iglesias y el consiguiente cambio de interlocutor por la parte de UP en la persona de Yolanda Díaz, unido a la remodelación en el Gobierno de los ministros del PSOE y de los principales responsables en el gabinete de Moncloa, todo ello ya había modificado el equilibrio de fuerzas inicial en detrimento de Unidas Podemos. Porque no es lo mismo ser un referente ideológico externo que estar en la cocina del Gobierno y de la Presidencia en Moncloa.
Pero también y fundamentalmente han sido los congresos de los partidos del gobierno, primero el de Podemos que vuelve a la estrategia del sorpaso, pero sin Pablo Iglesias y con Yolanda Díaz en capilla, debido a la incipiente germinación en su seno de divergencias estratégicas que pueden ser difíciles de gestionar. En este sentido, son muy reveladoras las distintas intensidades de las reacciones a las dos crisis comentadas, la parlamentaria con el Supremo y la última de la Reforma Laboral, que han mostrado dos mentalidades que aún conviven en Unidas Podemos. No ha habido la misma reacción ni en las formas ni en la táctica al responder a dos paradigmas distintos. Esta variable puede tener consecuencias durante el próximo año.
De otra parte, el congreso del PSOE, una vez reconciliado consigo mismo y bajo la égida indiscutida de Sánchez, se ha reafirmado en el espacio socialdemócrata, incluso como referencia europea.
También la imagen pública de los futuros candidatos en las encuestas, en particular la de la vicepresidenta Díaz con respecto a la del presidente Sánchez, pueden haber influido en la ruidosa gestión de la crisis.
En definitiva, el modelo de cogobierno y su funcionamiento compulsivo es el que ha entrado en crisis, al que ahora se le da una solución como si se tratase de una coalición, pero exclusivamente para el ministerio de Trabajo y su reforma laboral, cuando el Gobierno en su conjunto sigue siendo un gobierno compartido. Una salida extraña al modelo pactado, pero también parcial y asimétrica que no garantiza la solución al problema de fondo del contenido final de la derogación o la reforma parcial de la contrarreforma laboral impuesta por el gobierno del PP, y que de generalizarse acentuará la desconfianza y la injerencia entre los ministerios de uno y otro partido, si se sigue eludiendo la cada vez más necesaria reconsideración del cogobierno.