Declaración de emergencia climática y asambleas ciudadanas

Por fin el Consejo de Ministros ha hecho una declaración política reconociendo la situación de emergencia climática y una primera aproximación de medidas a tomar en los próximos meses. Con esta declaración se sitúa en el aún reducido club de gobiernos como los de Irlanda, Canadá o Francia, que ya han hecho declaraciones similares.

Este anuncio se producía cuando el mundo todavía no ha acabado de digerir la magnitud del desastre por los incendios en Australia, donde se ha destruido una zona costera equivalente a la que iría de Gibraltar a Marsella. Y el mismo día que la borrasca Gloria castigaba duramente todo el litoral mediterráneo y parte de la Península Ibérica, alimentada por un súper anticliclón en el noroeste de Europa, con las presiones más altas registradas en la historia.

La declaración incluye cinco objetivos y líneas de trabajo para desarrollar en los primeros cien días de gobierno. No son medidas concretas, como se ha dicho en algunos medios, son compromisos de trabajo: presentar una ley de cambio climático y transición energética, realizar una propuesta de plan de descarbonización, un plan de adaptación, de transformación productiva, y finalmente, una de las medidas más resaltadas pero más desconocidas, la formación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.

Se trata, pues, ni más (ni menos) que de una declaración de intenciones u objetivos, que tendremos que valorar a medida que se vaya definiendo en políticas concretas. Lo que si esperamos es que esta definición no se acabe eternizando institucionalmente, porque la emergencia no espera.

Por eso precisamente queremos resaltar este último tema de la Asamblea Ciudadana. Esta propuesta es una de las tres demandas de Rebelión o Extinción -Extinction Rebellion a nivel internacional-. Y cabe decir que, aunque a estas alturas muchas instituciones a diferentes niveles han hecho declaraciones de emergencia climática, hasta ahora el Gobierno español es la primera que la recoge.

La Asamblea Ciudadana es un nuevo -y al mismo tiempo muy antiguo- espacio de representación directa, que se ha puesto en juego en diferentes países en los últimos años. Por ejemplo en Irlanda sirvió para desatascar contundentemente el debate político sobre la ley del aborto, o el proceso en marcha en Francia a raíz de la revuelta de los chalecos amarillos, o la que este mismo sábado inicia sus sesiones en el Reino Unido para tratar sobre las medidas para tomar frente a la emergencia climática.

Las asambleas ciudadanas se constituyen por sorteo, pero de forma que se garantice una representación fiel de los diferentes sectores de la población. El sorteo, como en el caso de los jurados populares, es el único mecanismo que garantiza la independencia, y la no injerencia -a diferencia lo que sucede en los parlamentos actuales- de los grandes grupos de poder económico, mediático, etc.

El interés de propuestas como esta es que permite superar las lógicas tóxicas de los sistemas políticos actuales, que son incapaces de trabajar más allá del horizonte de las próximas elecciones, que se han demostrado totalmente influenciados por los grandes lobbys y que trabajan en una lógica de confrontación política que hace más provechoso alimentar conflictos que resolverlos democráticamente.

Como en el caso de las otras medidas anunciadas, de la propuesta del Gobierno de Asamblea Ciudadana solo tenemos el nombre, que será equilibrada entre mujeres y hombres y el añadido de que tendrá incluida una representación juvenil. Estos añadidos ya intranquilizan un poco porque traslucen un interés más dirigido “cara a la galería”, que al rigor. Una asamblea ciudadana como la que estamos hablando tiene que tener, por definición, representación proporcional al conjunto de la sociedad.

La asamblea constituida en el Reino Unido se diferencia de la francesa en la forma de selección de las personas. En el caso del Reino Unido es una selección técnica independiente, mientras que en el modelo francés, que es el que el Gobierno español quiere adoptar, es el primer ministro quien realiza la selección. Pero en ninguno de los dos casos hay compromiso de adoptar las medidas que proponga la asamblea. Y en ambos se trata de procesos que deben durar solo unos cuantos fines de semana, dato que nos parece absolutamente indicador de la falta de ambición y valentía. La crisis climática ha venido para quedarse muchas décadas y necesitaremos este mecanismo impulsor y supervisor de políticas durante muchos años.

Aunque en España no tenemos experiencias en este terreno, a nadie se le escapará que con este anuncio nominal no es suficiente para valorar la propuesta. Hay temas fundamentales como son la fidelidad en la selección de las personas, en la presentación del mandato, en la participación de la gente experta tanto en la facilitación de las asambleas, como en los contenidos que se deberán debatir, y, sobre todo, nos falta concreción sobre el compromiso de vinculación del Gobierno con resultados de la asamblea.

Mientras no lleguen mayores concreciones, al menos tenemos que dar la bienvenida a la introducción del concepto, porque pone en la agenda política un instrumento que tendremos que desarrollar, esperamos que más temprano que tarde, a todos los niveles de las administraciones, comenzando por los más locales.