Margarida Borràs fue ejecutada en la plaza del Mercado de València un 28 de julio de 1460. Fue expuesta al escarnio público y ahorcada en la plaza más concurrida de la ciudad. Una vez colgada le arrancaron su ropa interior para exponer públicamente sus genitales masculinos. Último acto del escarnio al que fue sometida. Su delito no sólo fue nacer en cuerpo de varón. Su delito fue expresar públicamente su identidad sexual y de género. Su delito fue intentar ser.
Es el primer caso testimoniado del que tenemos conocimiento por las crónicas históricas de persona trans en València. Para Margarida Borràs el feminismo llegó tarde. No digamos ya las teorías queer. También llegó tarde para ella el nacimiento de los movimientos feministas y de defensa de los derechos LGTBI. Fue una de tantas víctimas de la barbarie, de la falta de derechos, de la intolerancia, del odio, de esa atávica costumbre del ser humano de imponer a los demás sus modos de vida, de pensar y sentir. La diferencia es que de ella conocemos su nombre y su historia. El único castigo que no recibió fue el del olvido.
Hace cinco siglos y medio de la ejecución de Margarida. Sin duda en nuestro país se ha avanzado mucho en derechos y libertades. Se ha avanzado en la posibilidad de construir proyectos de vida bajo el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad. En nuestro país, porque sigue habiendo lugares en el mundo donde se tortura y asesina a las margaridas por su identidad sexual o de género.
Se ha avanzado mucho, sí, pero esta semana conocíamos la noticia de un niño trans de 11 años que ha recibido una paliza por parte de otros niños. El motivo: expresar públicamente su identidad de género. O mejor dicho, el motivo es que los agresores no aceptan que el niño trans exprese en público su género sentido. Escarnio y dolor, ambos tan viejos como la humanidad.
Mientras esto ocurre se está produciendo en este país un debate sobre la necesidad de una ley trans en España que blinde derechos, establezca las obligaciones de las administraciones públicas y de la sociedad respecto de las personas trans en un marco de despatologización y respeto. El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Igualdad tiene importantes detractores.
Nada nuevo bajo el sol. O sí, porque la novedad es que esta vez no se trata solamente de las entidades o partidos intolerantes vinculados a la derecha extrema o supuestamente no extrema, que siempre han atacado las medidas que han supuesto avances en derechos y libertades, sino que esta vez se les ha unido parte del movimiento feminista. Además esto se está produciendo con una virulencia y violencia hasta ahora impropias de la expresión de las ideas de movimientos feministas o colectivos LGTBI.
¿Qué está pasando? Creo que no se puede analizar este fenómeno desde una visión parcial o reduccionista. Como todas las cuestiones complejas también los análisis deben ser poliédricos. Reflexiono y leo estos días todo lo publicado al respecto. Intento comprender, para empatizar, la posición de algunas feministas, asociaciones y partidos que se están posicionando en contra de esta ley, a mi juicio, tan necesaria, desde la posición feminista y de izquierdas. La de la derecha intolerante ya la tengo analizada desde hace tiempo y no me interesa para este artículo.
Me centraré en dos cuestiones. Qué papel debe tener el ordenamiento jurídico y por tanto qué obligaciones han de asumir las administraciones públicas a la hora de ordenar la vida pública para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, los derechos y las libertades, por un lado, y, por el otro, en cómo conseguir la ampliación de los derechos de colectivos tradicionalmente discriminados sin merma para derechos y libertades de otros colectivos.
Cada vez que en nuestro país se ha abierto el debate para aprobar una ley de ampliación de derechos los movimientos ideológicos reaccionarios se han opuesto. Podemos poner como ejemplos el divorcio, el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo. Todas las leyes que consagraron estos derechos contaron con el apoyo y activismo de los movimientos feministas y la oposición de la derecha ideológica o política tradicional en sus múltiples expresiones.
Sin embargo, con la ley trans se ha quebrado esta dialéctica, cosa incomprensible porque a diferencia de las anteriores leyes que legislan sobre conductas (el derecho a actos como no seguir vinculados maritalmente en contra de la voluntad, el derecho a contraer matrimonio con la persona elegida independientemente de su sexo o el derecho a decidir sobre la maternidad), en este caso lo que está en cuestión no es el derecho a una conducta, no es el derecho de hacer. Es el derecho a ser lo que está en juego.
Una persona trans simplemente es. Y lo que está en juego es si la dejamos ser lo que es o, al contrario, lo impedimos, la juzgamos, la tratamos como enferma, la estigmatizamos o queremos decidir el resto lo que ella es.
En mi opinión esta es la cuestión y es diáfana.
Creo que el ordenamiento jurídico puede regular conductas pero en ningún caso debería impedir a las personas ser lo que son. Al contrario, un Estado avanzado debería garantizar a todas las personas su derecho a ser sin discriminaciones ni perturbaciones ilegítimas y cuando ese ser y expresarse como tal genera desigualdades, debe garantizar la igualdad de oportunidades con medidas protectoras y correctoras.
Así lo ha entendido desde siempre el feminismo cuando ha defendido las cuotas de presencia de mujeres en órganos institucionales, cuando ha puesto en marcha acciones positivas para paliar desigualdades o cuando se ha empleado a fondo contra la brecha salarial o los techos de cristal por citar sólo unos ejemplos. De hecho, el movimiento LGTBI es hijo del feminismo, bebe de sus fuentes, analiza con la misma dialéctica y replica sus soluciones, porque la discriminación de las personas LGTBI tiene como origen los mismos enemigos: el patriarcado, el machismo y la misoginia.
En consecuencia me resulta complicado entender la alianza en argumentos de parte del movimiento feminista, de mujeres feministas que han sido mis referentes en el activismo, con las fuerzas ideológicas y políticas más reaccionarias de este país. Me resulta indigerible las formas con las que se están expresando estos argumentos, en el mejor de los casos de manera pueril y en el peor, con la violencia y desprecio más propios del machismo que de una ideología emancipadora como el feminismo.
En el lado pueril encontramos argumentos como que hombres maltratadores se van a cambiar de sexo y género para eludir las consecuencias del Código Penal. Más allá de que el proyecto de ley debatido ya contempla esta posibilidad y la prohíbe, ¿a nadie se le ocurre que precisamente un agresor que encarna al macho entre los machos, no va a convertirse en mujer, precisamente porque desprecia y considera inferior a las mujeres? ¿Nadie ha pensado que la cosmovisión del agresor es considerar un objeto de su posesión a su pareja y como tal puede hacer con ella lo que quiera? ¿En serio alguien piensa que un hombre así se va a acoger a esta Ley?
En el lado más perverso de todo esto, junto con negar la condición de feministas a quien no comulga con sus ruedas -que todavía no sé si son de molinos o gigantes-, encontramos aseveraciones como que esta Ley supondrá el borrado de las mujeres. Es perverso porque juega con el miedo. Y ahí es donde entronca plenamente con la manera de proceder de las fuerzas reaccionarias. Los reaccionarios suelen tener como aliado al miedo. Renuncia a tu libertad en favor de tu seguridad, acostumbra a ser uno de los mensajes más repetidos.
Jugar con el miedo de las mujeres víctimas de la violencia machista para oponerse a consagrar el derecho de uno de los colectivos que más ha sufrido en la historia (sobre todo las mujeres trans) me parece mezquino. ¿De verdad nos tenemos que sentir amenazadas por estas mujeres que no son tan normativas como se espera de ellas? Quién lo espera y por qué, creo que debería ser la pregunta a formularnos desde el feminismo y desde la izquierda. Soy mujer y nací con cuerpo de mujer y no me siento en absoluto amenazada ni borrada por mujeres que no tuvieron la suerte que tuve yo. Y como mujer siento la obligación y el deseo de aliarme con ellas, abrazarlas y decirles: “tranquila, soy tu hermana y caminaré de tu mano”.
Y esto es a lo que en mi opinión pretende contribuir la Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad. Un proyecto de ley que llega después de muchas leyes autonómicas que tienen como base los mismo principios: despatologización y respeto. Leyes como la valenciana, que fue aprobada hace cuatro años con el impulso y el aplauso de personas, asociaciones y partidos que ahora parece que renieguen de ella.
Me pregunto si hoy en día podría aprobarse esta ley. Tengo mis dudas. En todo caso deberán contestar esa pregunta aquellas personas y partidos que han cambiado de opinión. Bien nos iría si se tuvieran que motivar y argumentar los cambios de opinión en política al igual que lo practican los tribunales cuando se apartan de la jurisprudencia anterior. Me temo que la motivación la tienen complicada, so pena de aceptar que esto no va de leyes, ni argumentos, ni derechos, ni de igualdad, sino de poder, de hegemonía dentro de la pluralidad del feminismo: de control. Me lo temo pero me gustaría que no fuera así. No sé.
Lo que sí sé es que ninguna de estas leyes trans autonómicas que se aprobaron ha provocado el borrado de ninguna mujer, al contrario, han visibilizado a muchas mujeres invisibles y sobre todo han evitado sufrimiento a muchas personas. Y al final esto es de lo que se trataba, ¿no? Contribuir a la felicidad de cada día de las personas, que la vida ya de por si es bastante difícil.