Hay más de 375 crímenes de ETA de los que aún se desconocen sus autores materiales e intelectuales, y por lo tanto no se han producido los actos imprescindibles de justicia y reparación, puesto que la verdad de la inhumanidad de la banda terrorista sí es suficientemente conocida.
Ya han pasado 10 años desde que ETA dejara de matar, y durante este tiempo ha gobernado el Partido Popular, por mayoría absoluta hasta 2015, y con mayoría relativa hasta 2018, año del voto de censura, con el apoyo de Cs y PNV.
La Presidencia de Pedro Sánchez ha cumplido cuatro años, y por lo tanto, no parece razonable intentar achacar el retraso en la imprescindible labor de aclarar los crímenes a éste, salvo que en un reparto aritmético del tiempo transcurrido le achaquemos el 60% del retraso a Mariano Rajoy y al PP. Hago esta consideración, porque he oído a un notorio dirigente del PP intentar justificar la errónea, a mí me lo parece, intervención de la portavoz Gamarra, con este argumento de la justicia y reparación pendiente, y, a su vez, sobre esta base prometer la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que aun no está aprobada y publicada en el BOE.
Antes de nada, quiero afirmar que soy partidario de que esa Ley salga adelante, y tengo razones personales profundas para hacer esta afirmación. A mi padre, Cándido Méndez Núñez, lo condenaron a muerte en juicio sumarísimo los rebeldes nacionalcatólicos golpistas por el sarcástico delito de Adhesión a la Rebelión Militar el 13 de diciembre de 1939, y conmutada a 30 años el 19 de septiembre de 1940. Yo no conocía estas fechas, (mi padre nunca me las mencionó) por lo que quiero agradecer a Fernando Barrero Arzac su investigación sobre los sucesos acaecidos en el frente de Extremadura en los días finales de la Guerra Civil y la persecución y apresamiento de los defensores de la República, de los que mi padre es uno de tantos.
El proyecto de ley, que conozco aunque no sé si suficiente, incorpora la ilegalización, entre otros importantes contenidos, de los juicios franquistas, y profundiza en la necesidad de seguir localizando, e identificando, los cuerpos de los aproximadamente 114.000 fusilados que aún yacen en las cunetas, merecedores del póstumo derecho a que se les reconozca públicamente su dignidad, que nunca perdieron, y se repare el sufrimiento de sus familias, aunque hayan pasado más de 80 años, porque el tiempo transcurrido no puede ser una excusa para discriminar a las víctimas.
A continuación, quiero manifestar que comprendo la preocupación de los que firmaron el manifiesto que tanta polémica ha provocado, al menos en lo referente a los firmantes socialistas, y alguno que no lo es. He leído el manifiesto, y sé que se ha elaborado desde la buena fe y desde el mejor sentido histórico de nuestra Transición, y no me quiero arrogar ninguna interpretación e intencionalidad de éste, ya que cada firmante, probablemente tenga las suyas, o al menos matices importantes. Por esa razón soy muy cauteloso a la hora de firmar manifiestos, cosa que, en general, no hago.
Comprender e incluso compartir la preocupación de los firmantes se asienta en la interpretación que la portavoz de Bildu hace de la transaccional aceptada como adicional XX del proyecto, cuando ha afirmado que se trata de “poner en jaque el relato de una Transición Ejemplar”. Creo que en la negociación de esta transaccional se ha confundido precio y valor, ya que el precio del apoyo de los 5 diputados de Bildu, para éstos tiene el inmenso valor de darles un asidero para intentar, infructuosamente espero, explicar que ETA, tras 1978, siguió matando por ser nuestra democracia de “escasa calidad”. Soy consciente de la endiablada aritmética parlamentaria, que se agrava por la frialdad que, ante esta deuda histórica pendiente en España, muestran reiteradamente los partidos políticos de la derecha española
Los firmantes del manifiesto al final exigen “…el replanteamiento del Proyecto de Ley…”. He buscado sinónimos de replantear y de derogar, ambas palabras tienen bastantes, pero en ningún caso derogar es sinónimo de replantear.
A mi juicio esta es una buena ley, muy necesaria para terminar con lo que se inició con los primeros gobiernos democráticos, se intensificó con Felipe González y se enmarcó jurídicamente de forma apropiada con la Ley de Zapatero. Sin embargo, creo que la disposición adicional XX es absolutamente prescindible, no tanto por su contenido literal sino por la puerta interpretativa que propicia, y que inquieta, con razón, a muchos buenos demócratas de mi generación, más aún con el tantarantán que sobre el Régimen del 78 hemos tenido que soportar en los últimos 10 años.
Creo que el presidente del Gobierno debería recibir a los firmantes del manifiesto, tranquilizarles respecto al objetivo y desarrollo de la ley, y acelerar la ejecución de esta, que es la mejor manera de despejar dudas e incertidumbres, aunque el desarrollo de las leyes es el talón de Aquiles de nuestro marco jurídico desde el inicio de nuestra democracia, como acertadamente Carlos Sebastián, en su libro España Estancada, publicado en 2016, advierte.
Mi sensación es que esta reunión, sobre todo con los socialistas firmantes, serían una buena contribución para enviar un mensaje de unidad, ya que la imagen pública no es lo suficientemente sólida en este aspecto, mientras que el PP ha recuperado su unidad hacia afuera con el presidente Feijóo. El debate último, positivo para el Gobierno y para el PSOE, donde hemos encontrado un pie de apoyo para superar el trauma de Andalucía, no debe hacernos creer que las peligrosas curvas del camino próximo se han enderezado.