Se cumplen dos meses de estado de alarma causada por la pandemia del coronavirus que lleva ya más de cuatro millones de personas contagiadas en el mundo, doscientos mil de ellos en nuestro país, que suma casi 27.000 fallecidos dentro de nuestras fronteras y cerca de 300.000 fuera de ellas. Todo esto en poco más de 60 días. Este virus ha venido a recordarnos la extrema vulnerabilidad de nuestra civilización, en la que pese a móviles 5G, impresoras 3D o robots inteligentes, un microorganismo puede obligarnos a quedarnos en nuestras casas durante meses y provocar una tragedia mundial.
Para combatir y controlar el coronavirus, contra el que no se tiene ni vacuna ni tratamiento, a la humanidad sólo le ha quedado confinarse en casa, mantener una distancia física entre personas y lavarse las manos con jabón de forma continua como medidas para evitar los contagios. Sólo así hemos podido empezar a controlar un bicho que se propaga con una pasmosa facilidad a través del contacto de personas que no muestran ni siquiera síntomas.
Para gestionar un escenario solo conocido por los libros de historia, se ha paralizado toda actividad económica que implicara contacto presencial entre personas, se han suspendido las clases presenciales y se ha reducido la movilidad hasta la mínima expresión, confinando a la población en sus hogares durante siete semanas. Esto ha supuesto un terremoto económico y social en una sociedad como la española, que tiene en el turismo y el comercio dos de sus pilares económicos y en el encuentro social uno de los aspectos fundamentales de su cultura. Un esfuerzo de una dimensión desconocida, que ha tenido como héroes al personal sanitario que ha afrontado esta pandemia con escasez de recursos, lo que debe llevar a nuestro país a una reflexión sobre la necesidad de potenciar la financiación de la sanidad para que nunca más vuelva a suceder.
Desde el Gobierno de España de Pedro Sánchez no ha habido duda en ningún momento a la hora de ordenar las prioridades en la gestión de esta pandemia. La primacía es salvar vidas, lo imprescindible es proteger la salud pública y lo necesario es sostener nuestro tejido productivo sin dejar a nadie atrás. Esta clasificación supone entender que no existe un conflicto entre la salud y la economía, no hay planteamiento dicotómico entre ambas puesto que sin salud pública la economía se desmorona, pero sin economía la salud acaba debilitándose.
Ponderar economía y salud en cada momento ha sido crucial para tomar las medidas que se han llevado a cabo en nuestro país por parte del Gobierno. Hemos tenido una primera fase, de una contundencia nunca conocida pero imprescindible para cumplir con las prioridades mencionadas: quedarse en casa, expedientes temporales de regulación de empleo por fuerza mayor, prestaciones para autónomos, créditos con generosas condiciones para empresas, y protección social para personas en situación de vulnerabilidad, es decir proteger la salud y sostener el tejido productivo sin aumentar la desigualdad.
Finalizada esta primera etapa, el virus ha pasado de una velocidad de contagio del 35% a menos del 1% y se ha evitado el derrumbe total de nuestra economía movilizando 130.000 millones que han protegido a casi seis millones de trabajadores y autónomos y ayudado a miles de empresas con créditos y avales. Oxigenar a nuestros actores económicos desde el Estado mientras se controlaba al virus era un objetivo esencial del Gobierno poniendo en marcha unos mecanismos en tiempo récord, con todos los recursos que el Estado tiene y que necesitaba para su éxito de un comportamiento ejemplar de la ciudadanía española como así ha sido.
Entramos ya en una segunda fase, lo que se conoce como desescalada, esa en la que es posible una nueva ponderación entre las medidas de protección de salud pública y de actividad económica que permite una paulatina apertura de la vida social y comercial manteniendo la distancia física y las medidas higiénicas.
Para avanzar en la desescalada hacia esa nueva normalidad no podemos permitirnos arriesgar, un paso mal dado nos llevaría a dar varios atrás. Rige la cautela, salvar vidas sigue siendo la prioridad puesto que el virus sigue ahí fuera. La prudencia debe ser el criterio imperante en la toma de decisiones en la que se combinan y ponderan salud pública y actividad económica en función de los datos sanitarios de la gestión del virus.
60 días después de declarado el estado de alarma, empezamos a ver la luz, y lo hacemos sin haber dejado atrás a nadie. La conjunción de la acción del Gobierno y del cumplimiento ejemplar de la sociedad ha dado sus frutos, seguir esa senda seguirá dando resultados hasta la derrota definitiva del virus. Hagámoslo por nuestro país, por los sanitarios que se han esforzado lo indecible en su trabajo y por todas las personas que nos han dejado en el camino.