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La Economía Social, al rescate de empresas 'en la UCI'

Un grupo de estudiantes emprendedores

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Llevamos muchos años, desde la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), asesorando a trabajadoras y trabajadores, informando de la posibilidad de transformar una empresa mercantil en cooperativa de trabajo y esforzándonos para que la legislación mejore y facilite y favorezca dar el paso a la Economía Social. Esta línea de trabajo confederal está volcada en la recuperación, reconversión e incluso reinvención de muchas de esas empresas en crisis que solo ven en su horizonte echar el cierre. Por un lado, están aquellas que carecen de sucesión por jubilación. Por otro, esas otras para cuyos propietarios ya no son lo suficientemente rentables, y no quieren seguir “arriesgando” su capital. Pero también están aquellas que atraviesan una situación complicada -como puede estar sucediéndole a muchas en la era COVID-19 o suceda en la post COVID-, y cuya única salida es el proceso concursal de acreedores. 

En todos los casos citados, previo estudio de viabilidad, modernización, readaptación, reinvención, etc., puede existir una alternativa al cierre y la pérdida de empleos: que las y los trabajadores den el paso, asuman la unidad de producción, y hagan suyo el proyecto laboral y empresarial. Que se conviertan en socios trabajadores de su cooperativa de trabajo. Jefes y Empleados; Jefas y Empleadas. Eso sí, con todas las ventajas (y el esfuerzo, nada es fácil) que conlleva, además de un cúmulo de satisfacciones a la larga. 

Que esta opción la conozcan los trabajadores es fundamental, así como que la contemplen los propios empresarios que van a dejar ese negocio: parece algo lógico que ofrezcan su continuidad a quienes mejor conocen el funcionamiento de la empresa, quienes la han trabajado. Sin embargo, este caso pocas veces se da. Sería una bella y enriquecedora forma de insuflar nueva vida a una empresa, salvando empleos, en vez de darla por acabada. 

Por tanto, visibilizar ambas opciones es uno de nuestros objetivos en esa línea de trabajo. Otro, no menos importante, es que las administraciones públicas entiendan y compartan este punto de vista, y que la legislación y los trámites burocráticos así lo reflejen. En este sentido, venimos reclamando, por ejemplo, que ante la avalancha de procesos concursales que se prevén en el contexto de pandemia o post pandemia, el regreso a fórmulas de autoempleo colectivo no solo cobre protagonismo, sino que sea sencillo hacerlo. 

Reclamamos una profunda reforma encaminada a reducir los plazos actuales, que abarque tanto los medios materiales y humanos de los juzgados, como del actual texto refundido de la Ley Concursal, para evitar daños irreparables a corto o medio plazo en la destrucción del tejido productivo y del empleo. Los trabajadores deberían poder adquirir preferentemente las empresas en concurso y esto es algo en consonancia con la propia ley, que prevé en todas las fases del proceso concursal la enajenación de la empresa como un todo -con objeto de no destruir esa unidad de producción de bienes y servicios cumpliendo con la finalidad conservativa o continuadora-, o formando parte de un acuerdo de refinanciación extrajudicial de pagos en fase pre concursal.

Si en los últimos años, con una legislación poco o nada favorecedora de estos procesos de reconversión, hemos logrado salvar más de 400 empresas, qué no se podrá hacer en momentos como los actuales, en que se necesita de personas decididas, que arriesguen sabiendo que su futuro sigue ligado a una empresa que pueden pasar a gestionar bajo la fórmula cooperativa.

No pedimos un imposible. Va en consonancia con la transposición de la Directiva Europea (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, descarga de deudas y descalificaciones, y medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y descarga de deuda, y modificando la Directiva (UE) 2017/1132 sobre reestructuración e insolvencia. La transposición anhelada permitirá, precisamente, que nuestras demandas de reconversiones de empresas mercantiles en cooperativas de trabajo se hagan realidad.

Evidentemente, para ello ha de ser valorado el coste del cese de la actividad productiva en su dimensión social, y actualizado el principio “de conservación de empresa”. Que el sistema concursal en el contexto actual contemple la “eficiencia social”, integrada en el “interés del concurso”; algo que solo puede alcanzarse si se fija el concepto de la empresa viable a sus efectos y la adquisición preferente de la unidad productiva por parte de sus trabajadores.

Solo el elevado nivel de destrucción de empleo que se prevé debería ser suficiente razón de peso para favorecer el que las empresas de la Economía Social, entre las que tienen un papel central las cooperativas de trabajo asociado, adquieran un papel protagonista en el proceso de reestructuración y recuperación empresarial. Pero hay muchas otras razones que confluyen en la construcción -o reconstrucción- a mejor del modelo económico y social con el que hemos afrontado esta crisis brutal. Fomentar y favorecer la creación de cooperativas de trabajo es fomentar y favorecer un modelo de empresa en el que las personas trabajadoras deciden y organizan su trabajo, con la motivación que da tener la propiedad y trabajar en algo que es tuyo; donde la toma de decisiones es participada. Las cooperativas de trabajo son garantía de estabilidad laboral, además de ser empresas igualitarias y sostenibles. En definitiva, las personas se convierten en protagonistas y no el capital, porque la gestión y el gobierno de la empresa se realizan de forma democrática.  

Empresas Recuperadas, ¿al organigrama del Estado?

Poco y sencillo es lo que reclamamos desde COCETA, si tenemos en cuenta procesos que se están dando en otros países, como Argentina, donde es cierto que el cooperativismo es muy activo y la gestión colectiva de modelos de autoempleo está muy asimilada a la idiosincrasia económica y social del país latinoamericano.

Allá, justo hace un año, se incorporó al organigrama del Ministerio de Desarrollo Social una Dirección de Empresas Recuperadas, en dependencia de la Secretaría de Economía Social. Cierto es que es la consecución de un trabajo llevado a cabo por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y que está muy ligado a un contexto sociopolítico. Lo que nos interesa es ver cuál puede ser su labor y alcance y, por qué no, caso de resultar interesante, servirnos de inspiración, traduciendo a nuestro organigrama gubernamental un tipo de estamento dedicado a la transformación y recuperación de empresas desde el cooperativismo, evitando la pérdida de tejido empresarial y, muy importante, de puestos de trabajo.

Si allá han dado el paso, reconociendo que las empresas recuperadas tienen mucho que aportar, aquí, ahora que tenemos incluso un Ministerio de Trabajo y Economía Social, por qué no darle cada vez mayor contenido para transitar hacia fórmulas económicas y sociales más solidarias y cooperativas, en las que multiplicar el beneficio no sea el centro de gravedad, sino que lo sea el bienestar de las personas y del entorno. Al final, es pensar más en lo estratégico, que en lo coyuntural; pensar en un futuro mejor.

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