Estamos en emergencia climática. Lo estamos porque lo dice la ciencia, pero también porque los gobiernos, por fin, parecen estar haciéndole caso. “¿Es solo fachada?”, me preguntan a menudo. La mayoría de las veces respondo en positivo: “Quiero creer que no”. Estos días, la Comisión Europea presenta en Bruselas la propuesta de ley europea de cambio climático. En nuestro país, la anterior legislatura concluyó con la declaración de emergencia climática en el Parlamento a propuesta de Unidas Podemos, y la nueva ha comenzado con la formación de un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que se ha comprometido a presentar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética durante los primeros cien días en el poder.
Nos queda menos de un mes para conocer su contenido final. En el actual contexto, podría resultar obvio concluir que las leyes que apruebe el Gobierno nacerán del consenso. Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética presentado por la Vicepresidencia de Transición Ecológica al Consejo Asesor de Medio Ambiente el pasado 10 de febrero era prácticamente el mismo que el que propuso el Gobierno del PSOE al final de la anterior legislatura. Sorprende lo alejado que se encuentra este texto del que Unidas Podemos planteó también el año pasado que, sin ser todo lo ambicioso que requiere el Acuerdo de París, sí recogía claramente un plan de cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares en el horizonte 2025.
Es evidente que ambas formaciones tienen propuestas bastante diferentes. Pero, a estas alturas, el planeta ya no entiende de estrategias políticas: le debemos un consenso con la ambición necesaria para asegurar su supervivencia. ¿Cómo se está negociando esta ley? Esto es algo que en estos momentos sólo saben Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (y que no estaría de más que compartieran con la ciudadanía). La pregunta del millón es si el anteproyecto presentado el pasado mes de febrero será el que finalmente se apruebe en Consejo de Ministros.
De ser así, y aunque apunta pasos positivos en una dirección adecuada, insisto: se echa en falta mayor nivel de ambición. La última década se ha caracterizado por la inacción -cuando no la obstrucción- en la lucha contra el cambio climático, pero la ciencia es clara: nos queda una década para tomar las medidas necesarias para evitar una catástrofe climática y no superar el incremento de 1,5ºC de temperatura global.
Hoy se celebra el Consejo de Medio Ambiente en Bruselas. Ministros y ministras de toda Europa se reúnen para decidir si el Viejo Continente va a liderar realmente la lucha contra el cambio climático. El Gobierno español es uno de los que más está peleando para que así sea, pero también debe hacer los deberes en casa: teniendo en cuenta criterios de liderazgo y responsabilidad climática, así como la población, la economía y las emisiones históricas, España debería asumir un objetivo nacional de reducción de emisiones de al menos un 55% en 2030 respecto a 1990.
El anteproyecto de ley no incluye una fecha de cierre para las centrales térmicas de carbón y nuclear, lo que constituye una grave omisión que no facilita el tránsito hacia una economía descarbonizada. Greenpeace ya demostró la viabilidad de establecer el horizonte de cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares en 2025. No es ninguna quimera: se puede. De igual manera, para 2030 el sistema eléctrico debería ser 100% renovable y no solo el 70%, como refleja el texto.
Este también establece el fin de la matriculación y venta en España de turismos de diésel y gasolina en 2040. ¡Dos décadas a partir de hoy! Demasiado tarde -una vez más- para que el sector europeo de turismos esté en línea con los objetivos de cumplimiento del Acuerdo de París. Para ello, 2025 debería ser el último año en el que se permitiera la venta de automóviles diésel, gasolina y GNC (Gas Natural Comprimido) y 2028 de los híbridos. El anteproyecto apunta también a la aviación como un sector con margen de mejora, pero requiere mayor concreción: medidas fiscales y favorecer transportes alternativos que permitan reducir los vuelos de corta distancia.
Son muchos los asuntos que debe abordar esta ley para ser efectiva: la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles es inaplazable. También la inclusión de un paquete de medidas fiscales que establezca impuestos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo en la generación de electricidad o los carburantes, sino en cualquier actividad que produzca emisiones, directas o indirectas, aunque se hayan originado en la fabricación o transporte de productos importados producidos en terceros países. Además, es preciso incentivar al sector financiero para que incluya una rendición de cuentas estricta de los impactos sobre el medio ambiente de su cartera de préstamos e inversión.
La lucha contra el cambio climático necesita de líderes que tomen decisiones valientes. El planeta está en una contrarreloj. Por eso, no puedo terminar sin enfatizar la íntima relación que existe entre la emergencia climática y la crisis de biodiversidad: son dos caras de una misma moneda. Es fundamental incluir la conservación y restauración de los ecosistemas como eje vertebrador de la adaptación y su papel en la mitigación del cambio climático; es urgente afrontar los incendios de alta intensidad como un impacto más del cambio climático; es apremiante reformar la Ley de Costas, especialmente después de los episodios meteorológicos extremos y frecuentes que están afectando al litoral, y es imperioso reformular la política de aguas. El Gobierno de coalición tiene un gran reto por delante. El momento es ahora. O eso decía alguien en campaña electoral.