La encrucijada brasileña y la izquierda

El encarcelamiento de Luiz Inacio “Lula” Da Silva la pasada madrugada del 7 de abril es sin duda la noticia más relevante de la política latinoamericana en lo que llevamos de año y resulta especialmente reseñable por muchas razones. En primer lugar, por a quién afecta: el que fuera presidente del país-continente más importante económica y geopolíticamente de la región y quién gozara de las mayores y más sostenidas tasas de popularidad en la historia del país (35% de intención de voto antes de la confirmación de su condena) y del continente, respetado y reconocido internacionalmente por izquierdas y derechas como el hombre que pasó la página de la oscura historia de uno de los países con mayor violencia y desigualdad social del Mundo y aquel que situó a Brasil en el lugar que le correspondía en el gran tablero. En segundo lugar, por darse en el momento en el que se da: antesala de unas elecciones otoñales decisivas para un país que vive en una permanente convulsión política ya desde antes de la inhabilitación de Dilma Rousseff (maniobra plagada de irregularidades procesales y de sombras) y la vuelta al poder de una de las derechas más abiertamente corruptas y expoliadoras de lo público en todo el hemisferio occidental. En tercer lugar, por el cómo ha tenido lugar su detención: por una parte, la espectacularidad de las sucesivas requisiciones, registros policiales e interrogatorios judiciales realizados a Lula y a otros miembros del PT y después, las masivas manifestaciones en solidaridad con el exmandatario hasta el momento mismo de su entrega. En cuarto y último lugar (y este es el centro quizás del presente ensayo de análisis) por la situación binaria que se abre en la opinión pública brasileña y mundial sobre el descompuesto contexto nacional: una polarización que sitúa nuevamente a la izquierda mundial en una encrucijada en la que se le fuerza a tomar partido entre la defensa de un líder presuntamente corrupto y un plan manifiesto de algunos de los poderes fácticos de Brasil, aliados con intereses extranjeros, para la recuperación de todo el poder institucional en Brasil y el reparto de la inmensa riqueza natural que atesora el país-continente.

La votación de los once ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), la noche del miércoles 4 de abril, en el sentido de rechazar el habeas corpus presentado por la defensa de Lula, supone en la práctica el fin de su carrera política. Este hecho, no se da en estos precisos momentos y de esta manera tan abrupta y espectacular sin conexión con el enorme y complejo entramado de intereses y juegos de poder que operan y condenan al pueblo brasileño a ser el perpetuo escenario de las mayores e indisimuladas ambiciones crematísticas de su clase dominantes y de potencias e intereses privados foráneos. Prueba de ello es que su ocurrencia está siendo abiertamente celebrada por una gran parte de los representantes del gran capital nacional (con la mega-federación industrial FIESP a la cabeza) y transnacional, de las Fuerzas Armadas (rearmadas por cierto bajo los gobiernos del PT de manera muy notable y como nunca antes desde la dictadura), de la oposición política, de las clases alta y medias-altas agraviadas por  cuatro gobiernos del PT que operaron una reducción innegable de las brechas sociales (que  las distinguían de las comunidades obreras, faveladas, ribereñas, sertanejas e indígenas), de los poderes fácticos judiciales y mediáticos y, como no, del gobierno de los Estados Unidos; la sempiterna potencia ultracolonial, siempre al acecho de los graneros de materias primas latinoamericanos y que era recelosa del poder geopolítico ascendente de Brasil como cabeza de los BRIC, espoleado por el proyecto de autonomización energética, militar y satelital que impulsaron decididamente las administraciones de Lula y Dilma.

Es sobre esta realidad material, innegable, que las confabulaciones y colusiones políticas, empresariales y judiciales se enmadejan hasta difuminar cualquier luz de verdad; una luz difusa y sobre la que se proyectan las sombras del propio PT y del hombre que aupó al partido al poder.

En aras de esa difícil y seguramente nunca fructuosa búsqueda de lo cierto en este asunto y aún y a riesgo de desinflar el mito Lula y herir susceptibilidades aquí y allá, paso a apuntar solo algunas de las sombras lulescas más conspicuas, y a extraer algunas conclusiones quien sabe si útiles para las izquierdas. 

Lula actuó durante sus mandatos y a plena luz del día, como un conseguidor-intercesor de contratos multimillonarios para empresas como Petrobras, Odebrecht, OAS, Camargo-Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, JBS, Gerdau…las “campeonas nacionales” como las llamaba él mismo en su marketinera política exterior (“Brasil-Potencia”), aprovechando el enorme capital simbólico, relacional, económico y político que el personaje poseía e irradiaba. Que cualquier Presidente de Gobierno de cualquier país del Mundo actúe en sus viajes al extranjero y de manera natural y consustancial al gran mandato implícito (“favorecerás los intereses de tu país y sus votantes siempre y por sobre cualquier otro”) como embajador/representante de los intereses industriales nacionales es algo que todo el mundo en todo país conoce y acepta, con mayor o menor grado de gusto, resignación o disgusto. Es sin embargo el hecho de si Lula actuó como simple embajador/representante o como comercial/comisionista es una de las cuestiones que se están tratando de ventilar judicialmente en las diferentes causas procesales abiertas en su contra. Si la línea divisoria entre ambas “misiones” es tenue, no es menos cierto de que ésta existe, y de que serán tarde o temprano develadas o desmontadas los señalamientos sobre el engrosamiento desproporcionado e injustificado del patrimonio del expresidente y/o de su círculo familiar y de amistades. Otra realidad innegable que conviene integrar en el análisis de las grandes tramas corporativas y su engranaje es que, también en la mayoría de los casos, los responsables políticos que en toda América Latina han favorecido mediante decisiones a alguno de los emporios brasileños o de cualquier otro origen, no tuvieron por qué necesariamente actuar sobre un lucro personal directo: todo apunta, según las evidencias que se van destapando, que el esquema de corrupción de Odebrecht arrancaba - al igual que en el de las grandes tramas de corrupción en España - ya desde la financiación de las campañas presidenciales primeras o de reelección de los distintos mandatarios, que contraían con ello antes incluso de su llegada al poder una serie de deudas (indirectas, difícilmente rastreables) que deberían pagar en especie más tarde en sus decisiones y acciones de gobierno y que serían susceptibles (como se han mostrado en muchos casos) de ser usadas en el momento propicio como palanca de chantaje a estos mismos partidos de gobierno financiados mediante fondos en A, B o C. Pero esta no es, como insisto y a defecto de pruebas incontrovertibles y de público conocimiento, el enjuiciamiento que la izquierda puede y debe operar frente al lulismo como sistema de gobierno. 

“Los empresarios brasileños nunca ganaron tanto dinero como en mi Gobierno, pero también estoy convencido de que nunca los pobres estuvieron tan bien como están ahora en mi Gobierno, porque nosotros gobernamos para todos y ésta es, Evo Morales, ésta es la lección que está ocurriendo en Bolivia”, comentaba el presidente-astro brasileño a su sonriente homólogo boliviano en 2009, mientras ambos inauguraban uno de los tramos de carretera del llamado Corredor bioceánico Pacífico-Atlántico. En esa frase se condensa perfectamente la clave de la hegemonía lulista durante más de una década, tanto hacia adentro como hacia afuera del Brasil. Hace tan sólo unos días, Evo Morales tuvo que desmarcarse sin matices de la trama brasileño-transnacional: “Lamento mucho de algunos presidentes de América Latina (que estén) implicados en hechos de corrupción. Quiero decirles (a la derecha nacional que trata de implicarle en la trama Odebrecht) que este gobierno nunca va a caer, no somos de esa clase de negocios”. Evo reconocía así implícitamente y sin matices la responsabilidad manifiesta que al menos algunos de sus homólogos han tenido en la colusión entre intereses partidarios, recursos públicos y acción privada corporativa. Lo cierto es que de momento Odebrecht se ha cobrado la inocencia o la responsabilidad, ya sea “in actuando” o bien “in vigilando”, de varios expresidentes, exvicepresidentes, exministros de Perú y Ecuador y que planea como inmensa sombra de amenaza sobre los gobiernos y exgobiernos de Argentina, Colombia, México, El Salvador, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Guatemala y por supuesto el propio Brasil, cuyo actual ilegítimo gobierno actual está absolutamente entrampado en corruptelas diversas, incluidas aquellas que han afectado a sus antecesores. Odebrecht es una trama que salpica de manera efectiva o potencial a todos los países latinoamericanos donde operó la compañía y a algunos africanos, europeos e incluso en EEUU sin diferenciación latitudinal ni ideológica. El hecho de que las filtraciones del caso estén siendo administradas desde EEUU permanente potencia conspiradora contra las soberanías latinoamericanas, no le resta un ápice de credibilidad a las evidencias irrefutables, confesadas en muchos casos por algunos de los principales actores implicados. 

Si como he señalado al comienzo, el alivio de la miseria extrema y la rehabilitación del Estado y las políticas públicas fueron innegables durante el lulopetismo (y de manera especial durante el boom de los precios internacionales de las materias primas), no es menos cierto que se trata en primer lugar de avances cuya sostenibilidad (ergo cuya profundidad) debe ser analizada. Si el alivio coyuntural de la miseria fue patente gracias a la ambiciosa batería de Programas Sociales que cubrieron la alimentación, dotación de vivienda, incentivos a la escolarización y la formación técnica para jóvenes, entre otros, no es por ello menos cierto que a la salida del PT del gobierno doce millones de brasileños vivían en favelas y que, según las cifras que se usen, entre el 40 y el 45% era pobre. Los recortes masivos en estos subsidios y la oleada de privatizaciones y medidas de castigo a los parias y la clase trabajadora que el infausto gobierno Temer han puesto en marcha sólo han venido a agravar una situación de franco deterioro social que ya se había manifestado en las manifestaciones y disturbios de junio de 2013.

Dejo aquí a modo de invitación al debate, una batería de preguntas que deberíamos poder realizar: ¿Cómo es posible que las conquistas logradas en 14 años de gobierno continuado puedan ser liquidadas en apenas unos meses de vampiresco gobierno ultraliberal? ¿Qué tipo y consistencia de nueva institucionalidad transformadora se instauró entre 2002 y 2016, cuando ha sido posible que una simple ley de restricción al gasto público lograra, tras su aprobación en diciembre pasado, el congelamiento de la inversión en servicios públicos en Brasil durante los próximos veinte años? ¿Qué defensas constitucionales/institucionales se habían implementado contra la reforma laboral ahora perpetrada por el temerismo; reforma que burla claramente el respeto a los más fundamentales derechos del trabajo sobre el capital al interior de la empresa? ¿Por qué tras más de una década de keynesianismo lulopetista, siguen siendo tan necesarios como en 2012 o más los Programas sociales puntales del lulismo: Hambre Cero (Fome Zero), con el cual se redujeron los índices de malnutrición en un 80%, y los “Bolsa Família” y “Minha Casa, Minha Vida”, que redujeron la pobreza extrema hasta en un 75%? ¿Por qué tomaron estas iniciativas la forma de Programas específicos (Misiones las llaman en Venezuela), por lo tanto, coyunturales, publicitarias, y no se integraron las mismas en el conjunto de políticas públicas ordinarias para fortalecer precisamente la institucionalidad del conjunto? ¿Por qué no se blindaron constitucionalmente las partidas presupuestarias referidas a educación, vivienda, agua y saneamiento, salud y alimentación para acometer la inmensa reducción de la brecha social como una verdadera política de Estado a cuarenta o cincuenta años vista, aprovechando la hegemonía política parlamentaria del proyecto entre al menos 2002 y 2010 y de manera especial la mayoría absoluta arrancada en 2006? ¿En qué situación se encuentran hoy esos 30 millones de personas “sacadas de la pobreza por Lula”? ¿Qué hipotecas políticas y financieras reales se le generaron al país a través de los ingentes créditos contratados por el lulismo (aumento de 300% de la deuda externa en 14 años)? ¿Quedaron las Fuerzas Armadas del país neutralizadas en su reaccionario golpismo estructural, o fueron por el contrario fuertemente mimadas y rearmadas? ¿Descendieron acaso bajo el lulismo o se contuvieron siquiera los índices de crímenes contra jueces magistrados, fiscales, defensores públicos, abogados, y líderes sociales y campesinos que la Relatora especial de NNUU en 2011 como insoportables? ¿Qué medidas coyunturales y estructurales se adoptaron bajo el lulismo para proteger de las exacciones y asesinatos mercenarizados perpetrados por empresas nacionales y transnacionales contra comunidades y líderes indígenas y defensores de derechos humanos y de la Naturaleza?; ¿en qué medida se mitigaron los desalojos forzados y amenazas de terratenientes, compañías mineras y proyectos de desarrollo “de interés nacional” forzados contra el consentimiento previo de los residentes locales? ¿Cuál es el balance de la alabada agenda ambiental del lulismo cuando del propio gobierno salió en 2011 la reforma al Código Forestal que redujo de un solo plumazo del 80% al 50% las áreas de selva protegida, y cuando las grandes apuestas del país fueron el cercenamiento de la Amazonía merced al mega-proyecto IIRSA, el boom de las prospecciones y explotaciones hidrocarburíferas (continentales y offshore), la eclosión de la minería a gran escala y  las grandes obras viales e hidroeléctricas, así como la incursión del país en el ámbito nuclear? 

En los proyectos que necesitamos organizar como sociedades cada vez más atenazadas, precarizadas, explotadas, para poder superar con éxito los embates de los dos nefastos y reforzados proyectos que operan ya a nivel global ( tanto el del neoliberalismo más salvaje como el de los neopopulismos nacionalistas en violento repliegue sobre sí mismos), no pueden darse más los mesianismos desempoderantes, las delegaciones totales, ciegas, las indulgencias y bulas, los experimentos de ingeniería y los arreglos inter-elitistas que condenan nuestros proyectos de transformación del orden global y que, en sus respectivas caídas, abonan el terreno a oleadas regresivas y nos dejan inermes como sociedades. No puede haber desde las izquierdas ni al interior de ellas más falsos dilemas de elección; esos que nos fuerzan a escoger entre el moderadamente corrupto y el campeón en latrocinio; entre la administración de la miseria sin tocar las estructuras de la propiedad ni las bases de la desigualdad y del colapso ecológico, y el “sálvese quien pueda” que promueven los eternos privilegiados golpistas y sus mercenarios políticos, mediáticos, policiales, judiciales... Tampoco son sostenibles ya los dogmas y corporativismos ideológicos que tratan de justificar lo indefendible, tanto en los extintos gobiernos de los llamados progresismos latinoamericanos , hoy extintos con la excepción de Bolivia y Nicaragua y sustituidos por una oleada neoliberal en cuyo advenimiento alguna responsabilidad – digo yo – habrán tenido estos gobiernos. La exigencia de un juicio justo para Lula, que debemos defender para él como para cualquier otra persona en cualquier contexto, no debe entrañar su perpetuación en la política, ni su canonización en vida, ni su exculpación por las responsabilidades políticas que debe asumir, más allá de las judiciales.