Conforme se acerca la manifestación del 31 de marzo, la de la Rebelión de la España vaciada, las agendas de los políticos en campaña airean este punto del que solo se acuerdan “cuando Santa Bárbara…”. Las cotas de demagogia con los dramas de despoblación, envejecimiento y marginalidad del mundo rural han superado todos los listones. Son ya décadas de promesas, gestos inocuos, esporádicas medidas impulsadas descoordinadamente desde las distintas administraciones... Sin embargo, la España Rural Interior sigue ahí, en la UVI, desangrándose demográficamente, envejeciendo, cada vez más marginada en servicios básicos… El lema 'España vacía', puesto en circulación en el cacareado ensayo de Sergio del Molino, ha venido muy bien a esta ola demagógica. Ese sintagma se quiere que aluda a una tendencia inexorable, a un destino casi metafísico de la Piel de Toro. Sin embargo, los estudios avalan que ese vacío es más bien un vaciado planificado y desarrollado a lo largo del siglo XX, en propulsión a partir de los Planes de Estabilización del franquismo (1959), para trasvasar mano de obra barata del campo a la ciudad. Esa consciente ofensiva fue reforzada en paralelo por una campaña de descrédito mediático de la cultura popular asociada al campo: la figura del paleto, la vituperación de las “atrasadas formas de vida rurales”, etc. De ahí la pertinencia del nuevo sintagma “España vaciada”, pues las guerras se empiezan ganando en el campo de batalla semántico. Triste es reconocer que el actual régimen democrático continuó con las políticas de vaciado y olvido promovidas por el desarrollismo de la dictadura. Tiene su explicación: en el medio rural no hay riquezas ostensibles ni apenas votos. Ese “conjunto vacío” solo interesa en señaladas circunstancias -en unos comicios reñidos o para controlar el Senado-, el resto del tiempo queda para el silencio y olvido. Mucho nos tememos que en las próximas elecciones, de incierto resultado y disputado voto, a los señores Cayos de las aldeas languidecientes les vengan con mucho ruido y pocas nueces; como siempre.
¿Resulta tan difícil de solucionar el problema de la España Rural Interior? En verdad no, si hubiera voluntad política. Bastaría con elevarlo a cuestión de Estado y actuar en consecuencia. Los diagnósticos son conocidos y han sido divulgados por geógrafos, demógrafos, sociólogos, ruralistas, economistas, etc. Las vías de escape para salir de la catalepsia han sido diseñadas y algunas implementadas… La más relevante, sin duda, la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada en 2007 pero no aplicada y apenas desarrollada en algunos reales decretos. En ese texto se reconoce la problemática de la España vaciada y se buscan medidas acordes, realistas que podrían servir como punto de partida para actualizarla y mejorarla. Desde la Asociación de Amigos de la Celtiberia (activa desde 2001), hemos venido también señalando los problemas que han llevado a estos territorios a la UVI. UN SIG que elaboramos con la Universidad de Zaragoza en 2000 diagnosticó ya la despoblación, como madre de todas las miserias de lo que luego se llamó Laponia del sur. La demostasia acarrea envejecimiento, marginalidad en servicios y comunicaciones, acrecentados por la falta de incentivos desde todas las administraciones. Estas áreas deprimidas en su momento tuvieron su sentido, incluso su esplendor histórico (el caso de la Celtiberia es paradigmático), pero hoy día agonizan en un inexorable abandono. No hay gente, no hay votos, no hay servicios, no hay interés.
La España vaciada se está poniendo en pie. El día 31 de marzo se visibilizará en una masiva manifestación en Madrid. Asociaciones ciudadanas como ¡Soria ya!, La otra Guadalajara, Teruel Existe, también nuestra Asociación de Amigos de la Celtiberia, y otras muchas como el proyecto Serranía celtibérica, vienen reclamando un lugar en el sol del solar ibérico, tras décadas de marginación, silencio y olvido. España no puede dar la espalda a una gran porción de su solar interior que languidece sin remisión. No son tierras inútiles; de ellas provienen los recursos necesarios para la subsistencia de las áreas urbanas: agua, alimentos, oxígeno, energías limpias, espacios para ser transitados por vías de comunicación e infraestructuras… Urge, pues, afrontar un Pacto de Estado que implemente medidas efectivas para revertir tan dramática situación. Desde las distintas administraciones abundan las buenas palabras, también algunas deshilvanadas iniciativas paliativas; el tema está en la agenda y en los medios de comunicación. Pero no se ve una voluntad decidida de afrontar con los medios oportunos las distintas aristas de este complejo problema.
La prueba de esta falta de decisión de los últimos gobiernos es que, a día de hoy, se pudre en un cajón el mejor instrumento del que se dotó el Estado para afrontar esta cuestión, la citada Ley del 2007. Allí se abordaban las principales carencias, se destacaban partidas presupuestarias y se apostaba por el necesario protagonismo de comarcas y de los municipios implicados para su aplicación. Eso evita la capitalización de los recursos desde diputaciones provinciales o a los ayuntamientos de las pequeñas capitales (que en el caso de las primeras ayudar con sus recursos y redes municipalistas). Las soluciones tienen que ejecutarse en las comarcas afectadas: El señorío de Molina, la Comunidad de Calatayud, las Tierras de Almazán, la Tierra de Campos, Sobrarbe y Ribagorza, las Serranías de Albarracín, Cuenca, la Rioja o Gredos, el Somontano del Moncayo, Tierra de Campos, la Sierra pobre de Madrid, la Maragatería, los Arribes del Duero, el Maestrazgo, Tierra de Barros, Valle de Alcudia, los Oscos o tantas zonas deprimidas de Galicia, Cantabria, Albacete, Córdoba, Jaén, Granada, Almería… La España Rural Interior.
Ese Estado que fue responsable, por acción u omisión, de un desastre sin parangón en Europa tiene ahora que tomar la iniciativa para resolverlo. Además de la reactivación del citado marco legislativo y su desarrollo, hay que poner en marcha las medidas promovidas en la ley 2007, cuyo coste está también presupuestado y, además de ser una deuda de justicia, no excede del 50 % de lo que el Estado invirtió (sin retorno) para salvar algún banco durante la crisis. Urge la implementación de proyectos de desarrollo sostenible, una discriminación positiva por parte de la administración (una tienda rural es un servicio, no un negocio, la cobertura tecnológica una necesidad imperiosa a la que debían estar obligadas las operadoras); se impone una puesta en valor activa del patrimonio (histórico, artístico, etnográfico, cultural y natural) como fuente de riqueza. No pocas soluciones fáciles hasta ahora implementadas solo favorecen a lejanos beneficiarios: polígonos industriales, PAC absentista, macrogranjas, cementerios de residuos, etc. Parece que el medio rural se concibe como la última frontera de la explotación neoliberal globalizada cuando la Historia nos demuestra que fue fuente de iniciativas comunitarias de exitosa sostenibilidad. Los beneficiarios deben ser los heroicos habitantes resistentes. El cambio de percepción del imaginario de ese medio tantas veces denigrado, simplificado o tergiversado también es una cuestión perentoria en la que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. El medio rural es un lugar apto para vivir, como cualquier otro, abierto a profesionales de todo tipo –no solo del sector primario-, si bien para ello debe tener servicios y tecnologías adecuados, no Internet a pedales ni vacíos de cobertura: estas son hoy las autopistas del desarrollo y su ausencia causa de emigración y despoblamiento.
Es en este momento cuando administraciones, empresas y la opinión pública española no pueden dar la espalda a sus territorios rurales de interior y dejarlos prácticamente condenados a muerte. Debemos presionar y luchar antes de que sea demasiado tarde; con tal fin hemos habilitado una web donde poder adherirse a esta causa: http://sosrural.org/.