Dos fechas y un destino

La legislatura que acaba de comenzar va a ser decisiva, porque en ella hay dos hitos temporales, 2025 y 2026, en los que se debe consolidar un modelo de financiación de las pensiones compatible con una cuantía suficiente de las mismas, en 2025, y sentar las bases para las transformaciones verde y digital en España, en 2026. Y, como palanca, esos objetivos han de servir para enderezar la marcha de nuestra economía, con el fin de mejorar de forma radical la productividad, y superar una fase de estancamiento de la desigualdad que nos sitúa como uno de los países europeos con mayor número de familias en riesgo de exclusión y de pobreza. Ambos objetivos están estrechamente entrelazados, porque el primero depende en gran medida del segundo: los fondos Next Generation tienen para su ejecución una cita decisiva en 2026, pero su recepción está condicionada, entre otros aspectos, a la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones.

El eslabón entre ambos objetivos y fechas es el empleo de calidad y dignamente retribuido, del que los ingresos de la Seguridad Social dependen, y el empleo, a su vez, va a depender de los cambios y transformaciones productivas que se produzcan por la digitalización y la lucha contra el cambio climático.

El sistema público de pensiones, en la última reforma pactada con los sindicatos, ha iniciado un camino por el cual su sostenibilidad ya no va a estar condicionada exclusivamente por la senda del gasto, sino que se han incorporado sendos mecanismos de mejora de los ingresos, vinculados a la evolución de las cotizaciones sociales y, por tanto, del empleo. El primero de estos mecanismos es la cuota de solidaridad, que iniciará su andadura a partir de 2025; el segundo es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sustituye al Factor de Sostenibilidad de la Reforma de 2013, cuya consecuencia es el recorte de las pensiones, con incidencia muy grave sobre todo en las pensiones futuras, las que cobrarán los actuales jóvenes trabajadores. 

Este segundo engranaje tendrá su primer análisis en 2025, y si las previsiones de ingresos se cumplen, lo que obviamente va a estar relacionado con el volumen de empleo y la cuantía de los salarios, puede asentarse una vía más justa, que desecha la idea de que llegar a viejo y cobrar una pensión adecuada casi es un delito de lesa hacienda pública. Y si no se cumplen los objetivos de ingresos, probablemente volveremos al debate sobre la cuantía de las pensiones y se intensificarán comparaciones carentes de sentido, como la última que se ha sacado a pasear en los medios, cual es el hecho de que los pensionistas cobran, en promedio, más que los jóvenes trabajadores, cosa que es verdad pero que obedece a causas distintas, y la penalización de las pensiones no va a resolver la insuficiencia salarial de los jóvenes. 

La doble transformación, verde y digital, que va a marcar nuestro destino y, sobre todo, el de las próximas generaciones, está provocando transformaciones que, si queremos conseguir el objetivo de neutralidad climática para 2050, van a ser muy profundas. La mutación en nuestra movilidad, interrelaciones sociales o empleo va a ser drástica, y la transición justa no va a ser fácil, ya que el término está muy presente, pero, sobre todo, en relación con el trabajo va a ser muy difícil de generalizar, más allá de sectores como la minería o la energía, a los trabajadores de pequeñas empresas y de sectores de industrias manufactureras, de servicios o ciudadanos en general. Las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia son un exponente de las resistencias sociales, que se pueden incrementar. Por esa razón, los cambios tienen que legitimarse con compromisos firmes en materias muy sentidas por la gran mayoría de la sociedad, como es el empleo, en cantidad y calidad, y la garantía de las pensiones. A mi juicio, es vital definir un triángulo virtuoso vinculando Descarbonización, Digitalización y trabajo con Derechos (D3), que acredite compromisos tangibles en las tres dimensiones. 

Es evidente que la legislatura va a estar marcada por el perímetro internacional de las guerras y, en el plano económico, los altos tipos de interés, la inflación, la deuda, el déficit y la vuelta a la senda de la estabilidad, esperemos que con más flexibilidad. Pero hay otros factores, de índole interno, en los que me quiero detener para concluir esta reflexión. 

La actual coalición gobernante ha pactado un programa que, en la orientación general, tiene vocación de avanzar en los objetivos que anteriormente he expuesto, pero que, probablemente, sea más apropiado considerarlo como una plataforma reivindicativa del gobierno frente a sus aliados parlamentarios independentistas, que son determinantes, incluyendo dos partidos de la burguesía nacionalista, cuya lógica política no se asienta en la búsqueda de la cohesión social, sino, precisamente, en un ángulo distinto y opuesto, como es el de la secesión territorial y la imposición de la diferencia, lo que les empujó, en la anterior legislatura, a votar en contra de la convalidación de la reforma laboral. A esta circunstancia hay que añadir el hecho de que, en la actual legislatura, el poder autonómico y municipal esta mayoritariamente en manos de la derecha, instituciones que tienen un gran peso en la gestión de los fondos europeos. El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos y municipales se necesitan, pero, sobre todo, la sociedad española necesita que se entiendan y coordinen, que se abata el muro de enfrentamiento, aunque el clima político aboca al pesimismo. 

Dejemos el pesimismo… para tiempos mejores, rezaba una gran pintada que leí, durante la Gran Recesión, en una pared blanca como la nieve, en una calle de Granada que asciende hacia la Alhambra. Desde entonces esa frase es mi asidero mental cuando vienen mal dadas. En aquella época la prima de riesgo, referencia para la salud financiera y la confianza de nuestra economía, estaba en los 300, y era consciente de la cantidad de sufrimiento que esa fría cifra engendraba. En la actualidad, sigo mirando la prima de riesgo prácticamente a diario y, por fortuna, está en una cuantía, en torno a 100, que mis amigos economistas valoran muy favorablemente, aunque uno particularmente versado me advierte que la confianza de los inversores es muy volátil. La conclusión que se puede extraer es que la economía está “deslocalizada”, hoy por hoy y afortunadamente, de la crispación política.  

Luciano Lama, líder histórico del sindicalismo italiano, vino a Andalucía, ya retirado del sindicato y siendo senador de la república italiana, a finales de los años 80, y tuve ocasión de mantener una conversación con él, en la que le pregunté cómo era posible que en Italia la tensión política fuera permanente, los gobiernos duraran bien poco en aquellas fechas (en la década de los ochenta hubo ocho presidentes de gobierno) y, sin embargo, Italia era de las primeras economías industriales del mundo. Su contestación fue que, aunque la política partidaria italiana era vesánica y cerril, la gran mayoría de la sociedad era serena e inteligente, y se imponía sobre la furia la inteligencia social. La inteligencia social en España está protagonizada, en gran medida, por las relaciones entre UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, y va a ser el diálogo social el depositario del avance hacia el destino que merece la sociedad española. Ojalá la inteligencia social impregne a la política.