Hace más de dos siglos, James Madison, el que fue cuarto presidente de los Estados Unidos y uno de los padres fundadores de la democracia norteamericana, teorizó sobre el ejercicio de rendición de cuentas. “El pueblo jamás traiciona sus propios intereses de forma voluntaria, pero estos pueden ser traicionados por sus representantes”, escribió. Esta ha de ser, sin duda, la esencia de cualquier balance político y también de cualquier análisis que pretenda realizarse sobre el devenir de las democracias: si verdaderamente los intereses del pueblo están siendo respetados; si las instituciones sirven a la sociedad, y no a la inversa.
Hoy se cumple un año desde que iniciamos la XV legislatura y es inevitable pararse a hacer balance y a reflexionar sobre los avances impulsados, los consensos conseguidos, las lecciones aprendidas y los retos que tenemos por delante en este nuevo curso que en breve arranca. Sobre todo, es pertinente que nos detengamos a calibrar si, en mayor o menor medida, los intereses de la ciudadanía están siendo traicionados. Si la confianza que ha depositado en sus representantes está siendo honrada, tratada como el motor que es: el sino de toda actividad política.
La democracia en sí misma exige una rendición de cuentas. Una rendición honesta y comprometida. Y es fácil que la crudeza de los tiempos empañe el camino recorrido en estos doce meses, en el que considero que se han conseguido grandes logros. En el Congreso de los Diputados, la casa que nos pertenece a todos y a todas, a lo largo de este año hemos normalizado el uso del català, el euskera y el galego, hemos desplegado el plan de sostenibilidad que permitirá solarizar las cubiertas de los edificios para seguir dando pasos de lucha contra el cambio climático, hemos avanzado en el plan de igualdad junto a la implantación del lenguaje inclusivo y estamos desarrollando otro de Parlamento Abierto para ganar en una Cámara más participativa para la ciudadanía. Además, se han puesto en marcha procesos de empleo público para dar robustez a la institución y responder a necesidades históricas de personal.
Este año nos ha traído acontecimientos tan decisivos como la reforma de la Constitución para acabar con conceptos denigrantes: el artículo 49 de nuestra Carta Magna ya no habla de disminuidos, sino de personas con discapacidad. Este año se ha renovado también el Consejo General del Poder Judicial, tras seis años de bloqueo, se han aprobado leyes para cohesionar política y territorialmente España y normas para garantizar que las mujeres sigan rompiendo techos de cristal. Este año se han convalidado decretos que protegen a las personas vulnerables y se han sacado adelante propuestas para garantizar el derecho a la defensa de la ciudadanía.
Es importante hacer este balance, señalar estos hitos que ahora marcan nuestra historia. Todo ejercicio de perspectiva democrática ha de estar atravesado por los conceptos de confianza, realidad, transparencia y verdad. Y la mirada que hoy nos permitimos hacer sobre este primer año de legislatura, esta enumeración de consensos, de progresos, está indudablemente empañada de estos cuatro términos: la realidad de una España diversa, la confianza de una sociedad inclusiva y respetuosa, la transparencia de un sistema democrático regenerado, la verdad de un proyecto común que nos atañe a todos y a todas, uno que enfrente con valentía y responsabilidad los desafíos que nos urgen.
Que el ruido no ensombrezca los logros que hemos alcanzado colectivamente; que el griterío no nos distraiga de nuestro empeño.
Ha sido un año de aprendizajes, para todos y todas. De entender mejor cómo es esta España plural, la necesidad de dialogar, las ventajas del pluralismo para aprobar medidas que se parezcan más a la realidad social, cultural y política de nuestro país. Propuestas más corales, más trabajadas. También ha sido un año de constatar las tensiones que genera alcanzar consensos. Es algo que quienes tenemos una trayectoria política de diálogo y acuerdos entendemos con naturalidad. Al final, los hechos dan la razón. A la ciudadanía, que vota pluralidad. Y a los políticos dialogantes, que alcanzan resultados. Porque siempre defenderé que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Porque la convivencia se nutre de solidaridad y respeto.
Estos doce meses de legislatura nos dejan retos fundamentales para la democracia de cara al próximo curso político. Sin duda, debemos ser capaces de transformar los momentos de crispación en espacios de conversación. Debemos dejar de ver al adversario político como un enemigo. Este es un imperativo democrático que le debemos a las personas a las que representamos.
Pero, mirando a cualquier futuro que se precie, no podemos obviar uno de los mayores desafíos que tenemos por delante, como es la construcción de una sociedad libre de violencia machista, una sociedad garante de los derechos humanos. A principios de esta semana, una mujer de 48 años ha sido asesinada por su pareja en Valladolid. Es la víctima número 29 en lo que va de año. Esta brutalidad responde a un problema estructural que nos urge combatir desde todas y cada una de las instituciones, para llegar, lo antes posible, a todas y cada una de las casas. Es esencial reforzar los instrumentos que garanticen la protección y la seguridad, pero lo es también seguir diseñando políticas feministas que alcancen la raíz de esta brecha descomunal. Porque, como dijo la escritora y activista Bell Hooks: “La política feminista pretende acabar con la dominación para que podamos ser libres para ser quienes somos, para vivir vidas en las que abracemos la justicia, en las que vivamos en paz”.
Somos muchas y muchos los que tenemos el impulso y las ganas de seguir contribuyendo a mejorar el futuro. Que el ruido no nos ensombrezca. Que el griterío no nos distraiga.