El Gobierno de Cantabria reforzará la inspección para comprobar que una declaración responsable sea real

El Gobierno de Cantabria va a reforzar su plantilla de inspectores para velar por el cumplimiento ajustado a la realidad de las declaraciones de responsabilidad con las que, a partir de finales de año, podrá iniciarse una actividad comercial o industrial en la comunidad autónoma sin tener previamente aprobada la licencia.

Esta es una de las medidas incluidas dentro de la Ley de Simplificación Administrativa que el Gobierno de Cantabria tiene actualmente en fase de consulta pública para la recepción de sugerencias y aprobación en octubre del proyecto de ley que se remitirá al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva.

La Ley de Simplificación Administrativa modifica 41 normas del ordenamiento jurídico y pretende aplicar 160 mejoras en procedimientos que afectan a los más diversos ámbitos, desde las subvenciones hasta las tasas, pasando por patrimonio, salud y educación. El borrador está disponible en el enlace de Participación Ciudadana de la web del Gobierno de Cantabria.

El borrador de la norma, en su Disposición Adicional Tercera sobre 'Fortalecimiento de las labores de inspección', establece que la aplicación de la declaración responsable o comunicación requerirá que, “previamente, existan servicios y personal de inspección adecuados para desarrollar las funciones de comprobación, inspección y sanción”. Para ello, el Ejecutivo va a realizar las modificaciones necesarias de las relaciones de puestos de trabajo y, en su caso, presupuestarias, para dotar dichos servicios o reordenar los ya existentes que gestionaban las autorizaciones y licencias. 

Para el inicio de la actividad mercantil o industrial los interesados habrán de presentar declaración responsable del cumplimiento de las condiciones exigibles, que pondrán en conocimiento de la administración municipal y adjuntarán la documentación acreditativa de los requisitos: memoria explicativa de la actividad que se pretende realizar, con la manifestación expresa del cumplimiento de todos los requisitos técnicos y administrativos; justificante de pago de los tributos municipales; declaración de que se cumple con todos los requisitos para el ejercicio de la actividad y de que los locales e instalaciones reúnen las condiciones de seguridad, salubridad y las demás previstas en el planeamiento urbanístico; y proyecto y documentación técnica que resulte exigible según la naturaleza de la actividad o instalación. 

También deberá adjuntarse la autorización, declaración o informe ambiental que proceda; las autorizaciones e informes sectoriales que sean preceptivos; certificado, acta o informe de conformidad emitido por las entidades de certificación; y declaración responsable o solicitud de licencia de obra. Una vez terminada la obra, se presentará comunicación para el inicio de la actividad.

Superficie y trámites

La Ley de Simplificación, asimismo, en otro de sus apartados, elimina el umbral de superficie previsto en el artículo 2.1 de la Ley de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios. Se elimina de este modo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria el umbral de superficie de los establecimientos comerciales que es de 750 metros cuadrados, es decir, podrán acogerse a lo dispuesto en la norma cántabra actividades comerciales que superen esta extensión.

De forma complementaria, Simplificación Administrativa establece la obligación del Gobierno de Cantabria de facilitar a los ciudadanos mecanismos de acceso a estos trámites en el caso de que el solicitante no disponga de equipos electrónicos, firma digital u otros modos de identificación. Será un funcionario público, entonces, quien lo haga en su nombre mediante el sistema de firma electrónica del que esté dotado.

“En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio”, se indica en el borrador de la Ley de Simplificación.