Dada la preocupante evolución de la pandemia en España, y el hecho de que la transmisión comunitaria se ha instalado en varias Comunidades Autónomas desde hace varias semanas, es evidente que uno de los retos más difíciles que habremos de afrontar en un plazo muy breve será el retorno de la población escolar a las aulas con las mayores garantías sanitarias posibles para estudiantes, profesores y familias.
Se trata de uno de los asuntos más relevantes a los que hay que enfrentarse en la gestión de la pandemia por la importancia de asegurar un regreso seguro a una actividad de tanta trascendencia para la formación del alumnado y por su enorme repercusión en la vida cotidiana de las familias. Sin embargo, el tiempo para conseguir una apertura de las aulas en septiembre con una buena situación epidemiológica se agota.
El ejemplo de algunos Estados alemanes, de varios Cantones suizos y de Israel, donde las actividades escolares ya han comenzado y debieron de ser interrumpidas en varios casos, demuestra que reiniciar adecuadamente las actividades de los distintos niveles y modalidades educativas en las condiciones de la pandemia de COVID-19 no es fácil.
Aprender de los aciertos y errores de quienes por razones de calendario nos preceden en esto puede ser muy útil. La sociedad en general y las familias en particular requieren la mejor planificación posible de la vuelta a las aulas.
Ya el pasado mayo la OMS emitió una serie de recomendaciones para guiar la reapertura de los centros escolares en las que ponía énfasis en los siguientes aspectos:
a) Fortalecer las prácticas higiénicas dentro de los recintos escolares y ajustarse a las disposiciones de las autoridades sanitarias sobe el uso de mascarillas en el resto de la comunidad
b) Cribados y adecuada gestión de alumnos, profesores y otros trabajadores escolares enfermos de COVID-19 o que sean positivos asintomáticos
c) Mantener la distancia física, evitar la combinación de grupos escolares múltiples, hacer tantas actividades al aire libre como se pueda y favorecer las prácticas de tele escolarización
d) Establecer una monitorización permanente de las escuelas reabiertas
Por su parte, la Oficina Regional de la OMS para Europa ha seguido profundizando y ha convocado a un grupo de expertos cuyas recomendaciones basadas en la evidencia disponible hasta ahora, se harán públicas en los próximos días. Y ha fijado una reunión con las máximas autoridades sanitarias de la región sobre este tema para finales de agosto con el fin de intentar unificar criterios y establecer lineamientos comunes.
Con independencia de lo anterior, la primera consideración que hay que tomar en cuenta es que la seguridad sanitaria de la comunidad educativa va a depender tanto de lo que se haga o se deje de hacer en el interior de los centros de enseñanza como de lo que suceda fuera de ellos, es decir, en el barrio, la población o la comarca donde esos centros se encuentren.
Cuanto menor sea la transmisión del virus, estimada por la incidencia acumulada de nuevos casos en los 14 días precedentes al inicio de la actividad escolar, mayor será la probabilidad de que las medidas adoptadas en el interior de un determinado centro de enseñanza de ese territorio resulten eficaces. Y viceversa.
Por tanto, trabajar desde ahora mismo de forma intensificada por mantener bajo y, si es el caso, reducir sustancialmente el número de nuevos casos es la mejor medida que puede tomarse para garantizar un retorno seguro a las aulas.
En realidad, con los datos del 19 de agosto, la situación no es nada halagüeña; ese día la incidencia media para España continuaba al alza y fue de 136 casos por cien mil habitantes, si bien fue muy desigual entre las Comunidades Autónomas. En concreto, solo Ceuta y Asturias tenían incidencias inferiores a 35 casos por cien mil habitantes, mientras siete CCAA mostraban incidencias superiores a la media: La Rioja (163), Cataluña (143), Baleares (164), Navarra (205), País Vasco (252), Madrid (268) y Aragón (510).
Sin embargo, a efectos del retorno a las aulas todavía son más importantes las diferencias en la incidencia de nuevos casos entre provincias y municipios, que en estos momentos son enormes. En todo caso, lo más preocupante es la tendencia de las últimas semanas que, pese a una cierta contención de algunos rebrotes locales importantes, sigue siendo creciente.
En ese sentido, como ya comentamos en nuestra Tribuna del 16 de agosto, valoramos positivamente los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del viernes 14 de agosto, que han impulsado la adopción de una serie de actuaciones coordinadas en salud pública de aplicación en todo el territorio español, si bien seguimos manteniendo que, para vencer la transmisión comunitaria en determinados territorios, serán necesarias medidas adicionales.
Sostenemos que, tanto por razones pedagógicas como sociales, y como norma general, el regreso deberá ser presencial. No obstante, la vuelta a las aulas debería meditarse con mucho cuidado en cada caso, valorando sobre todo las circunstancias locales, y en particular la incidencia de la pandemia en el ámbito local (sea éste un barrio, un distrito, un municipio, una comarca o una provincia), y siendo especialmente precavidos en lugares con incidencias acumuladas en los últimos 14 días que superen el umbral de 20 a 25 casos por 100.000 habitantes.
Siguiendo el ejemplo de otros países europeos, siempre hemos defendido, y reiteramos ahora, que resulta más acertado plantear la gestión de las distintas dimensiones de la pandemia estableciendo criterios objetivos y verificables (por ejemplo, indicadores numéricos e incluso cualitativos) así como umbrales explícitos a partir de los cuales tomar decisiones. Indicadores y umbrales que deberían ser acordados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Muchos epidemiólogos y expertos en salud pública consideramos que el umbral arriba mencionado debe considerarse el óptimo para tener una mayor seguridad sanitaria al decidir sobre el retorno a las aulas (también a la hora de decidir una eventual apertura de fronteras), aunque, por supuesto, cabría definir “rangos razonablemente seguros” de incidencia acumulada en los ámbitos territoriales que se definan (por ejemplo, la comarca, la provincia o la isla).
Plantearse el umbral de 20-25 casos nuevos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días como referencia es lo más adecuado, aunque cabe admitir una cifra ligeramente distinta siempre y cuando no suponga una incidencia demasiado alta que entrañe el peligro de que el retorno a las aulas amplifique el riesgo de transmisión.
En este sentido todo parece indicar que las Comunidades disponen de información de incidencia desagregada por municipios e incluso por comarcas, lo cual puede contribuir a dar una mayor certidumbre a las decisiones, incluyendo, cuando sea necesario, el refuerzo de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Esto significa que tenemos mucho por hacer para reabrir las puertas de las instituciones educativas en un entorno seguro, independientemente de las actuaciones que puedan adoptarse al interior de los centros educativos.
Adicionalmente a lo anterior, organizar la actividad de los centros para garantizar la seguridad sanitaria al interior de los centros, va a requerir, entre otras cosas, aumentar la distancia física entre los alumnos, organizar adecuadamente los flujos circulatorios interiores, discutir el papel de la enseñanza a distancia según los niveles y las materias, establecer el uso de las mascarillas por parte de profesores, trabajadores y alumnos a partir de una determinada edad, asegurar una limpieza escrupulosa de las instalaciones, regular la forma de desarrollar las actividades extracurriculares, fijar los criterios con que se procedería al eventual cierre de los centros si fuera necesario, o revisar los procedimientos de evaluación de los alumnos para adecuarlos a las condiciones actuales.
Todo esto requiere un marco orientador de lineamientos y criterios comunes para toda España a fin de no caer en la dispersión, atomización y falta de coherencia entre unas Comunidades Autónomas y otras.
Estas modificaciones habrán de hacerse teniendo en cuenta, en primer lugar, el mejor interés de los alumnos. Hay que recordar que los centros de enseñanza además de lugares de transmisión de conocimientos, son espacios fundamentales para la educación en valores, la socialización y la convivencia. Y también que cualquier esquema que se plantee debe considerar los riesgos derivados tanto de la brecha social como de la brecha digital que puedan existir entre las familias y los alumnos, debiendo trabajarse para evitarlos o minimizarlos.
Muchos de los cambios ineludibles implicarán un aumento de recursos tanto humanos como tecnológicos, pues no es realista pensar que se podrán implementar contando solo con los recursos actuales. En este sentido, el gobierno italiano ya ha anunciado un aumento del número de profesores en la enseñanza pública en el próximo curso.
Por todo ello es necesario y urgente que las autoridades educativas y sanitarias trabajen conjuntamente y planifiquen, ejecuten y evalúen las medidas que se adopten en permanente deliberación con los distintos componentes de la comunidad educativa (profesores, trabajadores no docentes, familias y alumnos) propiciando de este modo el mayor consenso posible.
Además de ofrecer las máximas garantías sanitarias de protección del alumnado y profesorado, es fundamental evitar en lo posible que la vuelta a las aulas se convierta en una fuente de difusión comunitaria del coronavirus, que pueda condicionar una nueva oleada de casos que lleve a requerir medidas como las adoptadas en marzo.
Puede ser necesario, incluso, establecer espacios educativos en instalaciones propias de la administración local, polideportivos, casas de cultura y otros equipamientos públicos, siempre que cumplan los requisitos educativos y de garantía sanitaria que sean precisos. Ello facilitaría establecer los llamados grupos “burbuja” de modo que, en caso de detectarse algún contagio al interior de uno de esos grupos, no fuera necesario interrumpir la actividad de todo el centro.
Alguna Comunidad (por ejemplo, la Valenciana) ya ha presentado un plan de reinicio de la actividad escolar elaborado de forma participativa, algo que en nuestra opinión debería ser imitado.
Cabe señalar que el pasado 10 de junio, los Ministerios de Sanidad y Educación, elaboraron un documento con los principios básicos que deberían seguirse para el retorno seguro a las aulas, El documento fue presentado al día siguiente en la Conferencia Sectorial de Educación y, tras recibir las aportaciones de las Comunidades Autónomas, se envió en forma de guía a las Consejerías de Educación. La guía incluye medidas de higiene y de prevención articuladas en torno a cuatro principios básicos: limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza y ventilación, y gestión de los casos. Además, se proponen acciones transversales, como la reorganización de los centros y la comunicación.
En nuestra opinión, el conjunto de recomendaciones parece bastante razonable, pero sería necesario que, dada la situación epidemiológica de la tercera semana de agosto y, tal como en la propia guía se recoge, estos criterios se revisen para aprobar una versión actualizada de los mismos (sobre todo en lo referente a la gestión de posibles brotes en los centros educativos), en una Conferencia Sectorial de Educación conjunta con el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que debería celebrarse cuanto antes.
El pasado 19 de agosto, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó elaborar un nuevo paquete de medidas de salud pública coordinadas en materia de curso escolar y gripe lo cual es sin duda positivo, pero se produce con un cierto retraso ya que el ritmo que necesita tener el abordaje coordinado de este asunto demanda mayor celeridad. Una vez más, la lealtad institucional y la co-gobernanza con transparencia, así como anticiparse a los acontecimientos y no ir por detrás del virus son condiciones indispensables para actuar con eficacia.
La vuelta a las aulas va a requerir un enorme esfuerzo para hacer viable el objetivo de presencialidad con el de protección de la salud. Y, como hemos señalado, en cada caso concreto se pueden necesitar diferentes grados de aportación de recursos adicionales.
Insistimos en que van a ser necesarios más profesores, más profesionales para asegurar la limpieza y la higiene de los centros, más inversión en tecnologías digitales, más inversión en formación a los propios profesores y otros objetivos similares que van a requerir un esfuerzo presupuestario.
Varios Presidentes de Comunidad Autónoma han reclamado coordinación global en el desarrollo de una estrategia común para el regreso a las aulas. Sin duda es importante hacerlo, pero ello no debería suponer “pasar la pelota” al Gobierno de España, ya que se trata de un asunto de interés general y responsabilidad compartida. Creemos que la Conferencia de Presidentes convocada para el 31 de agosto es el marco adecuado para establecer esa coordinación global y esperamos que culmine con el consenso necesario, garantizando así la máxima seguridad sanitaria posible. Parafraseando una cita que destacamos en su día: “La educación y la sanidad están transferidas, pero siguen siendo cosa de todos”. Acertar juntos en la estrategia de vuelta a las aulas es de una enorme trascendencia y también es cosa de todos.