¿Le bajó las bragas? ¿Cuántas veces le tocó las tetas?
![El juez Adolfo Carretero, en una imagen de archivo.](https://static.eldiario.es/clip/2ef07d2c-d562-492f-b74b-001c3ffd9059_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x552y228.jpg)
Repugnante. Asqueroso. Rijoso. Pervertido. Son solo algunos de los adjetivos peyorativos que me vienen a la cabeza para definir (si es que esto es definible) la actuación del juez encargado del posible caso de delito sexual a Elisa Mouliaá por parte de Íñigo Errejón. Se trata de temas privados y delicados, como siempre que una mujer se enfrenta a esa presunta actitud punible de violencia sexual. Y no es un caso aislado.
Las y los que desarrollamos nuestro trabajo político en torno a la lucha contra todo tipo de violencias contra las mujeres, venimos siendo muy críticos con el papel que desempeñan algunos profesionales de la Justicia en nuestro país. Existe una Ley contra las violencias sexuales, pero parece ser que algunos de ellos no se acuerdan, aunque las leyes las aprueba el parlamento español -que representa al pueblo-, y la Justicia solo debería aplicarlas.
Basta ya de tanta interpretación, porque no es casualidad que estas ‘lecturas’ suelan ir cargadas de un tinte machista. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice literalmente que el juez “dejará al testigo narrar sin interrupción los hechos sobre los cuales declare, y solamente le exigirá las explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios. Después le dirigirá las preguntas que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos.”. Y esto, claramente, no ocurrió en el interrogatorio a Mouliaá.
Y no es la primera vez que esto sucede. Hay muchas víctimas que se han quejado en repetidas ocasiones. Por no hablar de las filtraciones a medios, un tema también muy preocupante. La difusión de estas imágenes que todos hemos visto perjudica gravemente la seguridad de las mujeres de cara a que denuncien. Pero también es cierto que la visión de estas imágenes puede servir para conocer qué pasa cuando la víctima no es conocida o su caso no es mediático.
No es necesario utilizar esas formas ni ese fondo para tratar una situación tan sensible como la de hacer revivir a la víctima todo lo sucedido. Este juez no ha tenido escrúpulos al violentarla, con sus interrupciones constantes, su mala educación y, en suma, ese juicio de valores que ha hecho en paralelo y que pone a Mouliaá en cuestión permanentemente. Insisto; ni fondo ni formas. No hay justificación. Somos conscientes de que un interrogatorio en este tipo de delitos puede resultar duro por su contenido, pero nunca es aceptable un continente tan despiadado y jocoso. Hay que verlo y oírlo varias veces para poder creerlo.
¿Y cómo se puede hacer frente a esta situación? Pues, en primer lugar, cumpliendo la Ley, que dice de modo meridiano que el consentimiento es la base de toda relación; solo sí es sí. Y también insistiendo en la formación obligatoria en materia de violencia sexual y de género a jueces, fiscales. Un aprendizaje real y supervisado, no cursos online sin reglar. Ahora que estamos trabajando para renovar en próximas fechas el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cabe destacar que de las primeras más de 200 medidas contempladas en 2017 hemos pasado a incluir más de 400 en 2025. Y la formación de nuestro sistema judicial es un apartado exclusivo que contempla pautas que deben cumplirse con carácter obligatorio. Por tanto, la formación voluntaria dejará de serlo. Y la nueva Ley de modernización de la Justicia puede ser también un muy buen inicio para este cambio necesario.
Pero lo más importante es que a la hora de elegir a los jueces y las juezas, así como a las y los fiscales, es fundamental la propuesta de elección democrática que ha presentado el Gobierno progresista con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza. Para ser juez o jueza se deben tener las mismas posibilidades. Por ello, es imprescindible la iniciativa de crear una escuela de preparación por cada provincia y pasar de los tres exámenes orales de ahora a uno solo en esa modalidad más dos realizados por escrito (como en la mayoría de las oposiciones). Pasemos de la opacidad a la transparencia. Democracia y justicia.
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