Hablar de políticas de memoria es hablar del presente. Es hablar de identidad. Sin memoria no hay identidad individual ni colectiva. Y sin identidad colectiva no hay sociedad. Una sociedad no solo es la suma de sus miembros, sino que se articula a partir de la voluntad común de conocer lo que fuimos para entender lo que somos. De intercambiar vivencias y conocimientos para decidir juntos qué seremos en el futuro. Este Gobierno está convencido de la necesidad de situar las políticas de memoria en el contexto del avance de las culturas y prácticas de los derechos humanos a nivel global. La España del siglo XXI necesita una verdadera política de Estado en favor de la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria como garantía de no repetición. La memoria es un derecho. Un derecho de ciudadanía.
La Ley 52/2007 de Memoria Histórica sentó las bases para el desarrollo de políticas públicas dirigidas al reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Catorce años después de su aprobación, era preciso revisarla y actualizarla para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado el 20 de julio en Consejo de Ministros da un impulso a la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática. Al conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea. Tiene como objetivo el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia entre 1936 y 1978, a fin de promover tanto la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva como su reparación moral. Es la primera ley que condena y repudia de manera expresa el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura posterior. El texto declara el carácter injusto de las violaciones de derechos humanos, la ilegitimidad de los tribunales de excepción y, como novedad, la nulidad de las sentencias y resoluciones dictadas por los órganos de represión franquista por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, o de orientación e identidad sexual.
Aliviar el dolor que todavía sienten miles de compatriotas que quieren recuperar los restos de sus seres queridos, saber qué les sucedió y restaurar su honor es una obligación humana. En este sentido, es una ley sanadora, que atiende las demandas de los familiares, que situamos en el centro de la nueva Ley. Su lucha incansable y el firme compromiso de las asociaciones memorialistas lo merecen.
Consolidar las políticas públicas de memoria en un soporte de rango legal es una necesidad y un deber. El Gobierno lleva trabajando tres años en una ley que integra las dimensiones humana, política, legal y social de la memoria democrática. Es una necesidad, porque así lo requiere el nuevo contexto social y político, en el que han surgido elementos sobrevenidos, como las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, las leyes y disposiciones sobre memoria aprobadas por los gobiernos autonómicos, las nuevas aportaciones y demandas del movimiento memorialista respecto de los déficits en el cumplimiento efectivo de los objetivos de la Ley 52/2007, y la aprobación de iniciativas parlamentarias que coinciden en esa necesidad de solventar las insuficiencias mediante la aprobación de una nueva Ley.
Es también un deber, porque preserva y mantiene viva la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura a través de los cuatro vértices de actuación del derecho humanitario internacional. En primer lugar, su derecho a la verdad, concretado en la asunción por el Estado del liderazgo en la búsqueda de personas desaparecidas, la creación de un banco nacional de ADN, la protección de los documentos referidos a ese periodo y el derecho de acceso a los fondos y archivos. En segundo lugar, el principio de justicia, con novedades como la garantía del derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos o la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática. En tercer lugar, el fomento de la reparación mediante la realización de una auditoría y un inventario sobre incautaciones, expolios y sanciones, y el impulso de las investigaciones sobre trabajos forzados. Por último, el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o persecución, con novedades como el establecimiento de un régimen sancionador.
Porque, sobre todo, es una Ley humanizadora, con un fuerte componente moral. Durante décadas, el olvido selectivo nos condujo por la senda de la desmemoria. Heredamos una memoria artificial, creada a partir de una interpretación parcial e interesada de los acontecimientos históricos. El relato de las víctimas fue eliminado, y ese recuerdo negado ha sido un injusto y pesado lastre para varias generaciones. Necesitamos llenar los vacíos. Reivindicar el sufrimiento silenciado. Conocer plenamente nuestra historia.
Por ello, esta ley no es el final del camino, sino la hoja de ruta que España necesita. Es una ley para el reconocimiento. Una ley para el reencuentro, que nos hace mejores como país.
La historia que nos precedió es el suelo que pisamos. Pero ha de ser un suelo firme. La recuperación de la memoria es un firme baluarte de las democracias modernas. Por eso, proponemos un ejercicio sereno y consciente: rescatarla, organizarla, comprenderla y divulgarla. Aprender de ella, no para reavivar conflictos ni crear otros nuevos, sino para actuar conforme a nuestra condición humana y de ciudadanía. Para sentar las bases de una convivencia futura en paz y en libertad.
La memoria democrática también actúa con firmeza frente a los planteamientos totalitarios y neofascistas, y fomenta el respeto por los derechos humanos y la justicia social. Por eso, el anteproyecto de Ley también tiene la voluntad de intervenir sobre aquellas construcciones culturales o ideológicas del presente que ignoran las injusticias del pasado. Sobre aquellas asociaciones o fundaciones que hacen apología del franquismo, enaltecen a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, o incitan al odio o a la violencia contra ellas.
El texto remitido a las Cortes Generales ha sido el resultado de un proceso de amplia participación pública. Se han recibido numerosas contribuciones de instituciones, entidades y sociedad civil. Hemos trabajado con prudencia y vocación de escucha, pero también con determinación. Aspiramos a que, durante su tramitación parlamentaria, el texto se enriquezca con nuevas aportaciones y logre el máximo apoyo de los grupos políticos. Las fuerzas democráticas no han de tener problema en sumarse a una ley homologable a las vigentes en los países de nuestro entorno.
Quiero señalar, por último, el carácter profundamente pedagógico de la Ley. Es esencial actualizar los contenidos de memoria democrática en la enseñanza obligatoria, en los planes de formación del profesorado y en los procesos selectivos de la función pública. El aprendizaje democrático es la clave de bóveda de una sociedad más abierta, diversa y plural, cuyos ciudadanos sean capaces de seguir consolidando y ampliando derechos y libertades. Capaces de pensar, unidos, un futuro más justo y más libre. Aprendizaje democrático para que las nuevas generaciones puedan modelar su destino con el barro de la memoria de sus padres y sus abuelos, en el noble torno de los valores cívicos y éticos que hacen de España un gran país.