Medicamentos que no podremos pagar: una llamada a la acción
En nuestro país se consumen muchos medicamentos, en parte como consecuencia de un sistema sanitario muy dirigido hacia la prescripción, con poco tiempo de consulta y con unas instituciones públicas que se han sentido cómodas dejando que la industria farmacéutica les marcara la agenda política. Un sistema en el que siempre se ha despreciado la evaluación de medicamentos como forma de dar valor al dinero público gastado en medicamentos y que ha puesto un velo opaco para que las decisiones en materia de financiación de medicamentos y fijación de sus precios siempre hayan sido algo no accesible a la población general.
Los nuevos medicamentos para la hepatitis C hicieron que parte de la población española comenzara a darse cuenta de un problema que llevaban tiempo sufriendo en otras regiones del mundo (gran parte de África, sudeste asiático y América Latina principalmente): el actual sistema de investigación, desarrollo y comercialización de fármacos no sirve para cubrir las necesidades de la población, y cuando parece que podría hacerlo se imponen unos precios a los medicamentos que hacen que los sistemas públicos de salud no puedan costearlos.
El sistema actual de innovación basado en patentes (licencias de explotación en régimen de monopolio para un medicamento durante un periodo de tiempo determinado) ha fallado a la hora de buscar remedios para enfermedades olvidadas (aquellas que suponen una gran carga de enfermedad en países de rentas bajas) y también a la hora de que los medicamentos producidos puedan llegar a la mayoría de la población, por culpa de los precios abusivos impuestos que no están relacionados con el coste de fabricación y que difícilmente podemos saber si están vinculados al coste de su investigación.
Desde hace tiempo plataformas de movimientos sociales tales como No Es Sano están intentando que el acceso a los medicamentos y el actual modelo de innovación se posicione en el centro de la agenda política en nuestro país, cosa que aún no se ha llevado a cabo, abordando los problemas en la financiación de medicamentos y acceso de la población a los mismos de manera parcheada y como si de excepciones puntuales se tratara, sin notar la magnitud y la proyección de futuro del problema.
Sin embargo, en otros lugares este tema ya comienza a copar debates y agendas políticas; un ejemplo de ello es que la Organización de Naciones Unidas haya creado un grupo de trabajo para abordar el acceso a medicamentos y que este grupo se esté centrando fundamentalmente en la colisión entre los derechos a la propiedad intelectual (las patentes) y el derecho a la salud.
El problema del precio de los medicamentos es el elefante rosa en la habitación: está presente, es enorme pero nadie dentro de las instituciones públicas parece querer mirar a él. Reducciones de copagos, políticas de transparencia, financiaciones selectivas de medicamentos ligadas a procesos potentes de evaluación... todo eso son medidas necesarias pero que no serán más que patadas hacia delante si no se produce un cambio real en el modelo de innovación.
Mirar más allá de la patente es la única manera de salvar una situación cuyos daños colaterales son años de enfermedad y vidas prematuramente terminadas, y existe una cierta urgencia a la hora de abordar este tema porque aspectos no puramente sanitarios como son la posible firma del TTIP podrían tener importantes efectos sobre el acceso a los medicamentos y sobre el control de precios por parte de los estados miembros de la Unión Europea, reduciendo aún más el poder de los Estados en los procesos de negociación de precios.
Las políticas de medicamentos que pongan la salud de población en el centro de sus objetivos, por delante de los derechos ligados al comercio, han de diseñarse contando con los colectivos sociales que llevan tiempo trabajando en ello, y es hora de que nuestras instituciones vayan trabajando a este respecto para poder liderar un cambio que ha de darse aquí, en la Unión Europea y en la Organización Mundial del Comercio.
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Marta Sibina Camps es diputada en el Congreso de los Diputados por En Comú Podem. Portavoz en la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea.
Javier Padilla Bernáldez es miembro del área estatal de salud de Podemos.
