Por una nueva socialdemocracia

Es un honor tomar la palabra en estas jornadas del Cercle d'Economia. Para alguien que aspira a ser presidente del gobierno, exponer su visión de la situación económica aquí y dialogar con ustedes no sólo es un placer, además es una obligación.

Quiero agradecer especialmente a su presidente, Antón Costas la invitación a participar y la llamada que me hizo en la que me orientó sobre qué elementos podrían tener más interés para mantener hoy un debate aquí.

He organizado mi exposición a partir de sus sugerencias con la intención de que podamos mantener después un diálogo.

Quiero agradecer la presencia de los amigos y compañeros de CSQP y ECP que nos acompañan así como la presencia de mi jefa de Gabinete, la señora Irene Montero y de nuestro secretario de economía, el profesor Nacho Álvarez. Si como esperamos, contamos con los apoyos suficientes para formar gobierno, al señor Álvarez le aguarda una ardua tarea al servicio de nuestro país. Quiero agradecer también la presencia del profesor Vicenç Navarro que me asesora siempre en cuestiones económicas y con cuyo saber y experiencia internacional también querremos contar en el futuro.

Expondré en primer lugar nuestro diagnóstico de la situación económica que vive nuestro país para a continuación señalar las principales líneas de política económica de nuestro programa de gobierno.

Antes de empezar quiero leerles una reflexión de Ludolfo Paramio…

“Cómo es posible que en medio de la mayor recesión de la historia del capitalismo se hayan impuesto en Europa desde Fráncfort unas ideas excéntricas y contraproducentes” (La cuarta socialdemocracia, de Agustín Basave. Presentación Rolando Cordera. Prólogo Ludolfo Paramio. Ed. La Catarata).

Como ustedes saben, en 2010 se produjo un giro copernicano en la política económica de la Zona Euro. La Comisión Europea, el BCE y el FMI presionaron a las economías de la periferia de la eurozona para que adoptaran medidas para equilibrar, por un lado, sus cuentas públicas – básicamente austeridad fiscal basada en la reducción del gasto público y, por otro lado, su sector exterior –básicamente reformas en el mercado de trabajo para ganar competitividad mediante la reducción de salarios y el abaratamiento de los costes laborales–.

Como saben la austeridad fiscal se tradujo en recortes en el gasto social (en educación y sanidad principalmente), en los salarios de los trabajadores públicos y en la inversión pública. Se congelaron las pensiones y se aprobaron subidas en los impuestos indirectos. En nuestro país incluso, el PP y el PSOE aprobaron una reforma constitucional que trataba de constitucionalizar, valga la redundancia, una opción de política económica, cuanto menos discutible y a mi juicio, como voy a explicar aquí, del todo ineficiente. El propio PSOE de hecho se arrepintió de aquella reforma constitucional que propició y nosotros lo celebramos. El resultado de esta política dogmática y obsoleta ya los conocemos: no se alcanzaron los objetivos marcados en relación con el PIB, precisamente por los efectos restrictivos que la propia política de recortes provoca. Pero incluso en lo que respecta a la reducción del déficit hay problemas notables. Como ustedes saben, la propia Comisión Europea, este año, ha manifestado dudas respecto a la posibilidad de que el déficit se reduzca por debajo del 3% en 2017, cuando inicialmente éste era el objetivo propuesto para el año 2013.

En lo que respecta a la devaluación interna, los resultados son también conocidos. Como es imposible hacer una devaluación nominal, se impuso un menor crecimiento de los salarios para abordar el desequilibrio externo. ¿Cómo se hizo? Con dos reformas del mercado de trabajo. Las dos, les recuerdo que fueron contestadas con sendas huelgas generales por los principales sindicatos del país y estarán de acuerdo conmigo en que los sindicatos españoles no son particularmente maximalistas. Las reformas laborales implicaron: recortes en los subsidios por desempleo; reducciones en los costes de despido, menos obstáculos legales para despedir y mayores facilidades para desvincularse de la negociación colectiva a la hora de determinar los salarios en las empresas.

Se supone que esto se hacía para aumentar la competitividad, pero esto no ocurrió. Lo que ocurrió fue, en todo caso, una elevación adicional de los beneficios, al tiempo que se producía con una gran disminución de la renta disponible de los hogares, debilitando el consumo final de los hogares.

Conclusión: La combinación de austeridad fiscal y devaluación interna provocó una fuerte contribución negativa de la demanda interna al crecimiento, que no pudo compensarse con una contribución positiva de la demanda externa y que profundizó en la recesión.

Podrán decir ustedes que sector exterior pasó de una fuerte contribución negativa al crecimiento a positiva entre 2010 y mediados de 2014, pero todos sabemos que esto se debe básicamente ala reducción de las importaciones como consecuencia del colapso de la demanda interna.

En definitiva, las políticas de duro ajuste fiscal y liberalización del mercado de trabajo han agravado y prolongado innecesariamente la crisis. Recuerden lo que decía Ludolfo Paramio y pregúntense ¿Qué representamos nosotros? Humildemente somos la expresión política que surge de la convicción de que las políticas de austeridad y las reformas estructurales no sólo no resuelven la actual situación, sino que además suponen un coste excesivo sobre una franja muy amplia de la población que ni es responsable de la crisis ni dispone de los recursos para soportar dicha carga. Algunos nos llamarán hoy los nuevos socialdemócratas. Pónganle ustedes la etiqueta que quieran. Lo que está claro es que en aras de la eficiencia, hay que hacer una política económica diferente. Hoy es un consenso entre buena parte de los economistas, a nivel mundial, que las políticas llamadas de austeridad han sido ineficientes para enfrentar la crisis.

El Gobierno en funciones no está de acuerdo con nosotros. Dice que la recesión económica ha terminado y que España ya ha salido de la crisis, hasta el punto de que está creciendo por encima de la media europea y creando buena parte del empleo que en este momento se crea en la zona euro.

España, efectivamente ha crecido un 3% durante 2015, por encima de la media de la UE, y se ha creado empleo. Sin embargo, no es cierto que la austeridad fiscal y la devaluación de los salarios hayan resultado exitosas para nuestra economía como sostiene insistentemente el gobierno. Y no es cierto por cuatro razones que paso a exponer:

En primer lugar, cuando en vez de analizar los datos económicos a partir de tasas de crecimiento, tomamos perspectiva y comparamos los niveles absolutos de las principales variables (PIB y empleo) ahora y antes de la crisis, vemos que hay aún un largo camino por recorrer antes de que podamos hablar de salida de la crisis. Los niveles de PIB y empleo no han recuperado aún los valores previos a la crisis. El PIB real de 2015 todavía fue un 5% inferior al que había antes de la Recesión, en España hay ahora mismo 2,6 millones de ocupados menos, y la tasa de paro es del 21%. Sólo se ha recuperado uno de cada tres empleos de los que se ha perdido durante la crisis.

Hoy podemos decir que la legislatura de Rajoy ha sido una legislatura “muerta” en materia de empleo: a él le gusta hablar del millón de empleos que ha creado entre 2014-2015, pero no del millón de empleos que sus políticas destruyeron entre 2012-2013. Las políticas de austeridad y devaluación salarial han retrasado la salida de la crisis, y nos han llevado a una “década perdida”.

En segundo lugar, las razones que explican el crecimiento actual no son precisamente aquellas que destaca el gobierno de Rajoy, sino otras bien distintas. España ha recuperado el crecimiento, precisamente, porque a los “vientos de cola” que llegan del exterior –política de inyección de liquidez del BCE, precios del petróleo y depreciación del euro– se ha sumado el cambio de orientación de la política fiscal en 2015. La contribución del consumo público y la inversión pública al crecimiento del PIB fue de -1% entre 2011 y 2013, nula en 2014, y del 1% en 2015.

El hecho de que 2015 haya sido año electoral, y de que la Comisión Europea utilice sus propios márgenes con discrecionalidad política, ha permitido que se haya producido una cierta “pausa de la austeridad” en 2015, lo que ha permitido animar la demanda interna y el empleo. Sólo cuando el Gobierno ha rectificado y ha hecho algo parecido a lo que nosotros decimos, han aparecido los famosos brotes verdes.

Esto significa dos cosas: que la vuelta a tasas de crecimiento positivas no es el resultado de la austeridad fiscal y la devaluación de los salarios aplicada durante estos años, sino todo lo contrario, y que volver a la política de recortes, como exige Bruselas y como declara Rajoy que hará en su famosa carta secreta a Junker, priorizando un ritmo excesivo de reducción del déficit, tendría de nuevo costes importantes en términos de actividad y empleo.

En tercer lugar, los grandes desequilibrios macroeconómicos y los grandes desafíos que tenía nuestra economía no se han solucionado con la política económica del gobierno. Los desequilibrios macroeconómicos no se han solucionado sino que se han desplazado. De esta manera:

-Hemos dejado de tener un elevado déficit externo, pero a costa de deprimir la demanda interna y generar un elevado desempleo.

-Hemos dejado de tener un fuerte déficit público, pero a costa de durísimos recortes del Estado del Bienestar que han hecho de nuestro país el país más desigual de la zona euro.

-Hemos reducido parcialmente el problema de excesivo endeudamiento de nuestro sistema financiero, pero a costa de que sea el sector público quien ahora tenga una importante deuda.

Finalmente, en cuarto lugar, no sólo la crisis, sino las propias políticas económicas aplicadas, han provocado una grave fractura social en España, con todos los indicadores de desigualdad y privación material deteriorándose. Esto es consecuencia del aumento del paro, especialmente el de larga duración, pero también de la devaluación salarial propiciada por la reforma laboral, y que ha afectado sobre todo a los salarios más bajos, de la menor protección de los desempleados, del aumento de la precariedad laboral y los trabajadores pobres, y de las políticas de recortes en los servicios públicos fundamentales. Podríamos ofrecer infinidad de datos para ilustrar este deterioro social, pero baste recordar que la Encuesta de Condiciones de Vida publicada esta semana muestra no sólo que la renta media de los españoles se ha reducido, sino que casi el 30% de los españoles se encuentra ahora mismo en una situación de pobreza o de riesgo de exclusión social.

Por todo ello, pensamos que nuestra economía se enfrenta a grandes desafíos, que exigen un cambio en la política económica.

A continuación me van a permitir que les señale los tres prioridades de nuestra política económica y que les indique algunas medidas concretas que tomaremos cuando formemos gobierno. Como ustedes saben somos la única fuerza política que incluye memoria económica en su programa al cual les remito así como a un documento específico extenso que hemos preparado especialmente para ustedes y en el que incluimos las tablas, los datos y los gráficos que sostienen las propuestas que les voy a exponer aquí, con la brevedad que requiere el formato de este acto.

En primer lugar, hay que Garantizar el derecho al trabajo y crear empleos decentes: El crecimiento actual no es el resultado de la austeridad, sino de la influencia de algunos factores cuyo efecto puede ser temporal, lo que explica la fragilidad de la recuperación y la necesidad de reforzarla. Además, incluso en un contexto macroeconómico favorable como el actual, la recuperación del empleo y la eliminación de la elevadísima tasa de paro es demasiado lenta para ser socialmente sostenible. Y el empleo que se está creando es muy precario.

En segundo lugar hay que poner en pie una potente agenda social que atienda la situación de las personas más afectadas por la crisis y ayude a disminuir la pobreza y la desigualdad, incluyendo la discriminación de género: Las políticas de recortes fiscales han deteriorado gravemente los servicios públicos fundamentales, que ya se encontraban infrafinanciados en España antes de la crisis, en comparación con otros países europeos con un nivel similar de desarrollo.

En tercer lugar, hay que transformar el modelo productivo, mejorar nuestra especialización industrial y reforzar la sostenibilidad: El modelo productivo español sigue caracterizándose por graves problemas estructurales. Apenas se ha modificado la especialización productiva de la economía española en sectores de bajo valor añadido y escaso crecimiento de la productividad, ni su dependencia energética. La debilidad del sector exterior mantiene el riesgo de que volvamos a experimentar notables déficits externos en balanza de pagos a medida que se recupere la demanda interna. Además, el modelo de crecimiento no es sostenible no sólo desde una perspectiva económica, sino tampoco desde una perspectiva ecológica.

En definitiva, lo que una nueva política económica debe hacer es reforzar el crecimiento al tiempo que promover otro tipo de crecimiento: transformar el crecimiento, para alcanzar una verdadera salida de la crisis basada en un nuevo modelo productivo y de redistribución de la renta.

Entre las medidas a tomar para asegurar las tres prioridades económicas que les señalo quiero destacar las siguientes:

-Hay que revertir los recortes y abandonar la política de austeridad.

-Hay que renegociar con Bruselas el ritmo de reducción del déficit para trasladar al final de la legislatura el cumplimiento del objetivo del 3%. En este sentido debemos apostar una expansión fiscal equilibrada, que no incremente el déficit, aunque lo reduzca más lentamente de lo que exige Bruselas

-Hay que poner en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal y una reforma tributaria progresiva

Como ustedes saben, los técnicos de la Agencia Tributaria han reiterado que la mayor parte del fraude fiscal de nuestro país se concentra en las grandes empresas y grandes fortunas del país. Se requiere por lo tanto un plan de lucha contra el fraude que tome en consideración esta realidad y que incluya:

•La Aprobación de un paquete de medidas contra los paraísos fiscales

•La Eliminación de las pantallas tributarias.

•La elaboración de un estatuto básico de la Agencia Tributaria para garantizar su autonomía, una dirección profesional y la erradicación del uso partidario de la institución.

Una reforma tributaria ambiciosa debería incrementar, a nuestro juicio, un 3% la ratio de ingresos/PIB a lo largo de la siguiente legislatura. El mecanismo fundamental para conseguir este incremento en la recaudación debe ser, además de la lucha contra el fraude fiscal, la ampliación de las bases tributarias. Asimismo, deberán acercarse los tipos efectivos a los tipos nominales mediante la eliminación de las deducciones más regresivas, habrá que desarrollar un impuesto sobre transacciones financieras, recuperar y reforzar los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones además de modificar el mínimo exento en el impuesto de patrimonio. Por último debe instaurarse un impuesto de solidaridad a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario, con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas recibidas por el sector.

Esta reforma debe hacerse, además, reforzando la progresividad de nuestro sistema. Para ello, se aplicará el tipo superreducido del 4% de IVA a un mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, y el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) que actualmente no lo tienen.

-Hay que crear un nuevo marco de relaciones laborales y para ello es necesario derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, y avanzar en el desarrollo de un nuevo marco laboral que garantice la creación de empleo de calidad. Es necesario aprobar un calendario de incremento del salario mínimo interprofesional que permita alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, y que en 2019 sea de al menos 900 euros al mes.

-Hay que implementar un programa de Renta Garantizada que complemente los ingresos del hogar para todas las familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza monetaria, mediante el cobro de una renta complementaria que cubra la diferencia entre los ingresos existentes y el umbral de renta que se establezca. La cuantía inicial será de 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros (35% adicional para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes).

-En lo que se refiere a las pensiones decimos claramente que se indexarán al IPC. Derogaremos las reformas que aprobaron el Gobierno del PSOE en 2010 y el Gobierno del PP en 2014. Nos comprometemos a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva. Se revisarán y se suprimirán progresivamente los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones. Se eliminarán los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados. Se eliminará el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción. Se revalorizará la pensión mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI anual. Se revisarán todas las medidas de reducción de las cotizaciones empresariales aplicadas en los últimos años, que no han servido para generar empleo, pero sí para deteriorar gravemente el saldo de la Seguridad Social.

-La Atención a la dependencia nos parece una tarea urgente para la que queremos recuperar d los niveles de financiación por dependiente anteriores a los recortes realizados tras los decretos de 2012 y de 2013, y cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. Al mismo tiempo es necesario establecer un calendario urgente para la atención de las 385.000 personas dependientes a las que se les ha reconocido el derecho, pero que actualmente se encuentran en lista de espera.

-Nuestra política de Vivienda y suministros básicos apuesta por la paralización de los desahucios por motivos económicos probados. Se tendrá derecho a la dación en pago con carácter retroactivo y a la reestructuración de la deuda hipotecaria. La Sareb se convertirá en un instrumento de gestión de un parque público de vivienda en alquiler. Se regulará por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30% de la renta familiar (incluidos los gastos de suministros). Se regulará la función social de la vivienda, para lo que se sancionará a las entidades financieras y sociedades de gestión de activos que posean viviendas deshabitadas. Quiero hoy aquí agradecer la labor de los ayuntamientos del cambio y en especial el de Barcelona, que a pesar de sus límites competenciales, han sabido desarrollar notables avances en la protección del derecho a la vivienda. Estamos deseando gobernar para ponernos a trabajar con ellos.

-Una política económica seria y comprometida con el futuro de nuestro país debe apostar en el medio y largo plazo por un nuevo modelo productivo, por una política industrial acorde con nuestras potencialidades así como por una apuesta por la I+D+i a la altura de lo que cabe esperar de la cuarta economía de la zona euro. Les daré dos pinceladas:

-Nos fijamos como objetivo que la inversión nacional en I+D+i se sitúe en el 2% del PIB.

-Apostamos por una política industrial que desplace nuestro tejido empresarial hacia ramas de mayor valor añadido, teniendo en cuenta el mercado internacional de productos industriales.

-Una de nuestras propuestas que ha recibido más elogios es el Plan Nacional de Transición Energética (PNTE)

Debe estar estructurado alrededor de dos ejes:

1) Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción de consumo energético en edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas y edificios, que debería permitir recolocar parte de las personas paradas que vienen del sector de la construcción.

2) Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y la térmica, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión.

-Hay que apostar de manera clara, abandonando los dogmatismos del pasado, por una Banca pública. Si queremos desarrollar una nueva política industrial hacen falta los instrumentos financieros públicos para crear sinergias entre las capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector público. Con el fin de que España cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del memorando de entendimiento firmado con la UE para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas (Bankia y Banco Mare Nostrum), que no serán reprivatizadas, y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Si los ciudadanos tuvieron que asumir el coste de la nacionalización de Bankia y Mare Nostrum, parece sensato que puedan contar ahora con los servicios de una banca pública.

-Es necesario así mismo, por razones de eficiencia, re-estructurar la deuda hipotecaria de los hogares

Como ustedes saben, el peso de la deuda privada sigue siendo muy importante en nuestro país, en particular el de la deuda hipotecaria de los hogares. La caída en el precio de las viviendas ha llevado a una fuerte desproporción entre el valor nominal de muchas hipotecas y el valor real de los activos inmobiliarios. Además, el elevado nivel de endeudamiento lastra la demanda privada y dificulta la recuperación.

Por ello, es necesario impulsar la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios. Por otro lado, se debe impulsar un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de dentro de un nuevo régimen de segunda oportunidad que realmente libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.

No quiero extenderme más ni robar más tiempo al diálogo. Permítanme sólo que me anticipe a una de las preguntas que seguro me formulan. ¿Es posible desarrollar políticas como las que nosotros proponemos en el marco de la Eurozona? Por supuesto que sí. Nosotros somos enormemente pragmáticos y conocemos los límites y tenemos plena conciencia de las presiones a las que puede ser sometido un gobierno, precisamente porque hemos visto cómo se presionaba a los gobiernos de nuestro país. Y hemos aprendido algo: gobernar es elegir opciones diferentes incluso a la hora de recortar. Como me recordaba hace poco el profesor Navarro, el presidente Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.700 millones de euros. Podría haber conseguido casi el doble, revertiendo la bajada de impuestos del patrimonio. El presidente Rajoy recortó 6.000 millones en sanidad, cuando podía haber conseguido una cantidad casi igual revertiendo la bajada de impuestos de sociedades para las empresas que facturan más de 140 millones de euros al año y que representan el 0.12% de todas las empresas del país.

Gobernar es elegir y hasta ahora los gobiernos en nuestro país han elegido un camino que no sólo se ha demostrado injusto para las mayorías sociales, sino ineficaz. Como reflexionaba Ludolfo Paramio, los viejos social-demócratas eligieron incluso políticas en las que no creían. No nos vamos a quejar si a nosotros nos llaman los nuevos socialdemócratas por elegir aquello que nos parece correcto. Para ello tendemos además la mano para que nos acompañen a los que en el pasado eligieron las opciones en las que ni siquiera creían. Muchas gracias.