Hay decisiones clave que marcan el destino de todas las organizaciones políticas. En el Partido Popular esa decisión ha sido qué hacer con Vox, al que siempre vio como un competidor por su espacio más que como una amenaza a los valores democráticos, como sucede en toda Europa. Desde la recuperación de la democracia, el principal partido de la derecha había tenido distintos nombres (Alianza Popular, Coalición Popular, Partido Popular), pero un solo proyecto. Un conservadurismo muy marcado, pero más o menos homologable a los estándares europeos. En esta campaña estamos viendo un cambio muy relevante. El PP conserva su nombre, pero su proyecto ha mutado. En apenas cuatro años, el partido de Feijóo ha pasado a integrar la familia de los partidos de ultraderecha. Sobre el papel, puede pertenecer al Partido Popular Europeo, pero en la práctica tiene el proyecto, la estrategia y el lenguaje de los extremistas.
Las ciencias sociales usan el concepto “pendiente resbaladiza” para referirse a un evento o situación que genera una reacción en cadena de efectos cada vez peores e irreversibles. El momento en el que, a mi juicio, el PP comenzó a descender por esa pendiente resbaladiza hasta acabar en el mundo ultra se sitúa en la última legislatura cuando se tiene que enfrentar a un problema: las políticas del Gobierno funcionan y son reconocidas entre la población. El empleo bate récords, España lidera el crecimiento en Europa y la sociedad consigue nuevos derechos, como la eutanasia o los permisos de paternidad y maternidad de 16 semanas.
Entonces, el PP decide que, como no puede atacar la gestión, lo mejor que puede hacer es cuestionar lo que une a la sociedad de la mano de una ultraderecha, Vox, por entonces incipiente. Una vez comenzó la pendiente, el descenso fue muy rápido y se pueden identificar cuatro fases:
- El rechazo a políticas progresistas que contaban con el apoyo de votantes de la derecha, como la actualización de las pensiones o la progresividad fiscal, llegando incluso a recurrir ante el TC el impuesto a quienes ganan más de 3 millones de euros y con el que se pagan, entre otras cosas, las bajadas de IVA de los productos básicos para las familias.
- La renuncia a la lealtad institucional, incumpliendo abiertamente la Constitución durante cinco años al no renovar el gobierno del Poder Judicial o intentando boicotear las negociaciones del Gobierno en la UE para lograr los fondos europeos o la solución ibérica para abaratar la factura de la luz de hogares y empresas.
- Desmarcarse de los consensos constitucionales y sociales, como la lucha contra la violencia machista, la homofobia o la libertad de expresión. Hace cuatro años nadie podría haberse imaginado pactos de gobierno que llevasen a prohibir banderas arcoíris o a censurar a Virginia Woolf y Lope de Vega.
- Y la última fase, que el líder de la oposición consagró en el debate del lunes: la renuncia a la verdad. Ver a un candidato a la presidencia del Gobierno mintiendo sobre el coste de la energía en España, sobre el crecimiento económico o incluso sobre el voto de su propio partido en contra de la revalorización de las pensiones fue ofensivo y desolador para muchos ciudadanos. Esa renuncia a la verdad ha tenido otro efecto preocupante: el nombramiento de antivacunas y negacionistas del cambio climático como altas autoridades en las comunidades autónomas donde el PP gobierna con Vox.
Una vez inaugurada esa senda, todo vale para Feijóo, incluso cuestionar el voto por correo y, por tanto, sembrar dudas sobre nuestro sistema electoral. Una patraña de este calibre contra uno de los elementos más sólidos de nuestro sistema democrático solo debería dañar la credibilidad de quien la dice. Sin embargo, la ultraderecha se siente cómoda en el bulo, está convencida de que deteriorar las instituciones democráticas no les perjudica. En campaña, les ayuda cabalgar a lomos de la mentira. Y después, si pierden, podrán cuestionar el resultado e, incluso, justificar asaltos a parlamentos por energúmenos vestidos de bisonte.
Por lo tanto, el viaje del PP del conservadurismo a la ultraderecha ya ha concluido. Ha roto con el respeto al adversario, a las instituciones, al constitucionalismo y a la verdad.
Cuando hablamos de un partido de gobierno como es el PP, estos cambios no son inocuos. El rechazo a los consensos sociales y a la verdad tiene consecuencias muy graves si pasan de las mentiras de los debates al Boletín Oficial del Estado. En términos de derechos, imaginen lo que supone que las leyes sobre violencia de género las redacten y aprueben partidos que incluyen a maltratadores en sus grupos parlamentarios. O lo que implica que un negacionista del cambio climático o un antivacunas puedan decidir sobre los límites a las emisiones de CO2 o la gestión de la salud pública, donde nos jugamos decenas de miles de vidas cada año.
La mutación ultraderechista del PP ha hecho que haya más cosas en juego el 23 de julio que las que hay en otras ocasiones. Estas elecciones ya no solo van de izquierda o derecha. Ahora también va de bulos o datos, de charlatanería o ciencia, de chascarrillos o políticas públicas, de ofensas o respeto, de opacidad o transparencia. Estas elecciones también validamos si nos parece adecuado hacer política con la mentira. La democracia es el sistema de la palabra, por lo que la mentira solo sirve para embarrar el campo e impedir el juego limpio.
Quienes defendemos una política limpia tenemos, por tanto, una enorme tarea por delante, pero la asumiremos con responsabilidad desde el Gobierno los próximos cuatro años: (1) defender la verdad, como hizo el presidente del Gobierno en el debate dando cifras reales y respetando a los ciudadanos; (2) poner en valor los consensos sociales y constitucionales, redoblando el esfuerzo para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y la libertad de expresión; (3) cumplir y hacer cumplir la Constitución y (4) seguir avanzando en derechos con propuestas realistas como la garantía de la hucha de las pensiones, la conciliación laboral y familiar o la construcción de vivienda pública como llevamos en nuestro programa y expuso Pedro Sánchez en el debate.
La pendiente resbaladiza por la que ha caído Feijóo, el camino de la mentira, los bulos y el rechazo de la ciencia no es el futuro que desea la mayoría razonable y sensata y estoy convencido de que así se reflejará en las urnas. La deriva ultra del PP no puede ser la deriva de España y por eso el PSOE ha asumido el compromiso de representar a quienes, al margen de su opción electoral en otras convocatorias, aspiran a defender los consensos constitucionales, el crecimiento, el empleo y los derechos y libertades.