Esperanzadas por una pronta salida del túnel de la actual crisis sanitaria, estamos ya inmersas en un proceso de recuperación de la crisis económica y social que viene marcado por el discurso de “la reconstrucción verde y justa”. ¿Va en serio, o es una batalla por el control del relato y los marcos de pensamiento, un abismo entre las palabras y los hechos?
En estas semanas nos encontramos en pleno debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, y el proyecto que se presenta nos empieza a dar muchas pistas sobre cómo se va a recorrer este camino. Por segundo año consecutivo, los datos macro siguen siendo impactantes, con una inversión pública récord al incluir el compromiso económico y de inversión del Plan España Puede, que para 2022 alcanza los 27.633 millones. No se pueden negar los grandes avances económicos en la apuesta por la recuperación social y la reconstrucción verde, pero ¿es esta lluvia de millones por sí sola suficiente? No, la actual crisis económica, social y ambiental solo se puede abordar desde una transformación radical del sistema económico y social.
Una transformación radical del sistema significa que no todo vale: el gran reto está en entender que, además de una revolución tecnológica, tenemos que replantearnos, entre otras cuestiones, aspectos tan esenciales como cómo nos movemos, cómo consumimos, cómo nos alimentamos o cómo generamos nuestra energía. Este cambio va más allá de sustituir unos combustibles por otros; requiere de una transformación más profunda que, por fin, ponga a las personas en el centro y tenga en cuenta la desigualdad socioeconómica y los límites del planeta.
El proyecto de Presupuestos que se debate en estos momentos aún está lejos de esta transformación. Una mirada bajo nuestra lupa verde nos hace darnos cuenta que muchas de las inversiones están dirigidas a perpetuar este modelo insostenible: quizá las más notorias son las relacionadas con el sector agroalimentario. Un sector necesitado de una verdadera transición ecológica que reduzca sus emisiones y, entre otros, acabe con el problema de la contaminación. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, en lugar de llevar a cabo medidas para impulsar la agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana escala frente al modelo industrial de macrogranjas, prioriza sus inversiones en la modernización de regadíos y en mejorar la competitividad y calidad del sistema agroalimentario, perpetuando el insostenible modelo actual.
Si dirigimos la mirada a las políticas de industria y energía, vemos que un año más son las que reciben más cantidad de dinero, con un notable aumento este año de los fondos destinados a la competitividad y la sostenibilidad de la industria. Es imprescindible que la competitividad del SXXI nos ayude a acelerar la velocidad de la transición ecológica cumpliendo los objetivos del Acuerdo de París. Por eso nos preocupa que los presupuestos sigan destinando algunas ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial, como es el caso de los 270 millones de euros dirigidos a compensar costes indirectos de CO2 y a los consumidores electrointensivos, que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o aumento del uso o contratación directa de energía renovable. Necesitamos abandonar los combustibles fósiles y un cambio de modelo real ya: por eso es importante asegurar que las empresas no laven su imagen con publicidad y patrocinios. En este sentido empieza a haber propuestas como la iniciativa ciudadana europea, que busca prohibir la publicidad y el patrocinio de las empresas de combustibles fósiles en la UE.
La transición energética está tardando en despegar. Las inversiones dedicadas, entre otras, a la movilidad eléctrica, al desarrollo renovable o a las comunidades energéticas, incluidas en los presupuestos de 2021, aún no han sido concedidas. Y aquí sí es necesario poner la lupa verde en el caso concreto de las comunidades energéticas, una pieza clave para el cambio de modelo energético. La sociedad civil tiene que ser la protagonista de la transición energética a través de esta nueva figura, pero las ayudas se encuentran paralizadas y en proceso de análisis, mientras la mayoría de la población permanece ajena todavía a sus beneficios, sin conocimiento ni acceso a las opciones de participación de energía ciudadana.
La transición ecológica no puede dejar a nadie atrás; por eso, nuestra lupa verde nos da una lectura positiva del dinero que se emplea para la lucha contra la pobreza energética, con los 157,07 millones destinados al bono térmico o el dedicado a la transición justa. Sin embargo, una vez más, queda aplazada la reforma fiscal verde y justa, una de las vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía.
Los avances en la apuesta por el ferrocarril y por la rehabilitación energética de edificios que se reflejan en los presupuestos son positivos. En el Año Europeo del Ferrocarril, cabe destacar que la mitad de las inversiones estatales en infraestructuras se destinarán a este modo de transporte, esencial para reducir las emisiones y la demanda del avión y la carretera. Unas inversiones que en este ejercicio estarán más centradas en la conservación y mejora de la red convencional, con actuaciones como la electrificación de líneas diésel o la ejecución de los Planes de Cercanías en las ciudades, de imperiosa necesidad tras años de retrasos y cancelaciones.
Por último, pero no por ello menos importante, ponemos la mirada de nuestra lupa verde en una reflexión sobre el constante aumento del gasto militar: el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2022 se incrementa en un 8%, superando por primera vez el techo de los 10.000 millones de euros. Este continuo aumento y su priorización en el gasto público sostienen un modelo de defensa que no responde a las actuales necesidades de seguridad para la inmensa mayoría de la población, que tienen más que ver con el acceso a un sistema sanitario universal, a una energía limpia y asequible o a una vivienda adecuada. Para mí, la elección es clara si la vida está en el centro de las decisiones: el gasto militar no nos puede quitar inversiones para preparar nuestro sistema sanitario frente a futuras pandemias o transformar nuestro sistema energético para frenar la crisis climática. Y tú, ¿qué eliges?