El PP congela el Pacto contra la violencia
El pasado noviembre, el Congreso aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE que instaba al Gobierno a aprobar, en caso de prórroga presupuestaria, un Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Insisto, “por unanimidad”, es decir también con los votos del Partido Popular.
La Constitución contempla expresamente la prórroga de los presupuestos vigentes, y arbitra un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad estatal cuando no se presentasen los Presupuestos Generales del Estado en los tres meses anteriores a la expiración de los del año anterior.
Pues bien, ya tuvo lugar el último Consejo de Ministros de 2017 y como todo el mundo sabe, el Gobierno no ha presentado los PGE 2018.
Desde la aprobación de la Constitución, esta situación de prórroga presupuestaria se ha producido en cuatro ocasiones y en todas ellas, la prórroga vino acompañada de Decretos en materia presupuestaria, tributaria y financiera (Real Decreto-Ley 24/1982, de 29 de diciembre, Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre y Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre) que sirven para actualizar las previsiones que la simple prórroga automática no hubiera contemplado.
Así ocurre, por ejemplo, con las retribuciones de los funcionarios o las pensiones de jubilación, que hubiesen permanecido congeladas hasta la aprobación de los nuevos Presupuestos de no haberse acordado un incremento inmediato, así como diferentes previsiones de la ley de Presupuestos, como las relativas a las autorizaciones para emitir Deuda Pública o la prestación de avales públicos, entre otros aspectos.
El pasado viernes el Gobierno ha perdido la oportunidad de poner la violencia contra las mujeres entre sus prioridades. Produce rubor que solo dos días después de la anhelada foto que ha buscado la ministra Dolors Montserrat para cerrar el año, el Gobierno no haya incluido como medida urgente en materia presupuestaria el Decreto Ley que habilite los 200 millones que permitirían echar a andar el Pacto. Este es desde luego el primer incumplimiento del Gobierno en relación al Pacto y la pregunta obligada es: ¿El Gobierno no ve urgencia a pesar de las decenas de asesinatos y el hecho de que en los últimos crímenes los fallos de protección por parte del Estado han sido clamorosos?
La partida de la que hablamos supone el 0,0011 de lo que la ministra Cospedal ya ha prometido a la OTAN. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de compromiso y prioridades políticas. El del Gobierno para con el Pacto contra la violencia, esta inédito.
Además, si consideramos los antecedentes del Gobierno, las previsiones anunciadas por la ministra para habilitar los fondos deben disparar las alarmas. Si pretende aprobar ese Decreto dentro de los cuatro primeros meses de 2018, la cuestión es saber en qué fecha estarían disponibles los fondos y con los ritmos del Gobierno, y considerando que hay que definir y negociar los criterios de reparto, tardaran otros tres o cuatro meses más.
Si llegásemos al verano, la imposibilidad y los problemas para ejecutar los programas por parte de Comunidades y Ayuntamientos podrían ser reales.
Hay que decirle al PP que en relación al Pacto lo superfluo es hacerse fotos para anunciar las medidas y lo urgente llevarlas a cabo para no desesperarnos y desesperanzarnos ante lo que nunca llega.
El Gobierno debería ir a las ruedas de prensa para anunciar lo que hizo y no para vender futuribles que condiciona de tal manera que nunca los hace efectivos.
De momento el último Consejo de Ministros del año ha excluido el Decreto Ley que hubiese permitido echar a andar las medidas y esto pone en evidencia qué el PP no lo considera urgente: toda una declaración de intenciones que de facto supone congelar el Pacto.
Todos los Grupos Parlamentarios, experto/as, organismos y asociaciones hemos trabajado para mejorar y hacer efectiva la confianza en la respuesta institucional que reclaman las víctimas cuando interponen una denuncia. El gobierno debería estar a la altura y saber que no vamos a cejar, ni ser conniventes con su desidia. Cada vez que algún miembro del gobierno nos muestre declarativamente su compromiso habrá que decirle que “obras son amores” y las suyas de momento solo son promesas reiteradamente anunciadas y sistemáticamente incumplidas.
