No permitamos que España se convierta en el prostíbulo de Europa
¿Estamos dispuestos a que el liberalismo económico mercantilice los cuerpos de millones de personas como mercancía reutilizable?
¿Tan degradados estamos que vemos “normal” que los cuerpos de las personas sean tratados como objetos y puedan, por tanto, venderse o alquilarse?
¿Sabe usted cuántas personas (fundamentalmente niñas y mujeres) son esclavizadas sexualmente en las calles de las grandes ciudades del mundo?
Además de declaraciones institucionales ¿qué más cree usted necesario hacer para acabar con la explotación sexual de aquellas jóvenes asiáticas, latinas, africanas, europeas (y españolas) que son captadas con violencia o seducción, con engaño, coacciones o aprovechamiento de necesidad y que son, primero expuestas, y después utilizadas sexualmente (previo pago) en calles, clubes, pisos, o a través de catálogo en la red?
¿Cree usted que se precisan acciones realmente efectivas en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual?
Debe saber que España ya se sumó al consenso internacional que considera la trata como un delito de lesa humanidad, y al hacerlo adquirimos el compromiso de prevenir estas prácticas, procesar a los autores del delito y proteger de manera efectiva a las víctimas. Sin embargo, poco parece que cambia y el crecimiento de prostíbulos y proxenetas en España es imparable.
Esto ocurre como consecuencia de una legislación contradictoria que elude el hecho de que la trata tiene un marcado componente de género y que es la explotación de la prostitución ajena, la pornografía, los espectáculos de carácter sexual y el turismo sexual lo que representa el grueso de la trata que se convierte así en el medio para proveer de mujeres y niñas al “mercado de la prostitución”.
La entrada en vigor de convenios internacionales tan elementales como el de Protocolo de Palermo y el de Varsovia ha sido complementada con actividad normativa en los diferentes estados y España ya desarrolla los mandatos de los convenios internacionales gracias a trasposiciones normativas que han ampliado la acción de la justicia y protocolizado las acciones policiales y de intervención social para proteger a las víctimas. Sin embargo, todos estos esfuerzos parecen inútiles y la industria del sexo crece exponencialmente en España al amparo de una legislación permisiva que alimenta que cientos de mujeres sean ofrecidas en paquetes 'low cost', con copa incluida, en cientos de locales establecidos a las afueras de los pueblos o en el centro de las ciudades.
Vamos mal si no se combate el origen del problema. Que alguien pueda establecer un sistema empresarial prostituidor, para inundar el mercado de mujeres a las que poder utilizar sexualmente, debe ser combatido con claridad. Nadie debe ser beneficiario de la prostitución ajena.
Ni tan siquiera la hipocresía puede ocultar que la trata de personas, con fines de explotación sexual, se aviva por la desigualdad entre los géneros y la falta de igualdad de oportunidades y que es la demanda de prostitución el factor que contribuye a promover, alentar y sostener uno de los mayores negocios ilícitos del mundo. Esta es la verdad incómoda que el sistema se niega a aceptar porque son cientos de miles quienes demandan diariamente servicios sexuales bajo pago y quienes necesitan creer que es “natural” que el acceso sexual al cuerpo de las mujeres se pueda hacer bajo precio.
El 'Informe de la relatora especial sobre los Derechos Humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños' (ONU) ya ha considerado como “evidente” que la mayor parte de la prostitución implica uno o varios de los medios ilícitos señalados en el apartado a) del artículo 3 del Protocolo de Palermo, y que por lo tanto constituye trata.
Lo dice el informe y lo sabemos todas/os nosotros. Ni tan siquiera la coartada de la supuesta libertad de unas pocas puede servir de cortina para ocultar este escenario de explotación.
Los pasos dados hasta el momento han obtenido escasos resultados. Si de verdad esta realidad pretende ser combatida, no cabe mirar tan solo los aspectos relacionados con la reparación del daño a las víctimas. El modelo de intervención paliativo poco soluciona, más allá de ser un bálsamo para quien sufrió o sufre la explotación. La intervención estratégica debe combatir todo el entramado prostituidor que se compone de quien demanda, quien recluta, quien explota y todos aquellos que se lucran y apoyan de una u otra manera todo el sistema.
Legislar contra la explotación de la prostitución ajena es el principal paso para acabar con la industria de la trata de personas. A estas alturas sabemos que la apuesta de los Estados que han promovido legalizar la prostitución ha sido fallida y que solo ha servido de instrumento de perpetuación de la trata que encuentra en esos países una cómoda complicidad gracias a la institucionalización del proxenetismo.
No nos engañemos, la prostitución es una práctica social que nadie desea para sus hijas pero que demasiados aceptan y utilizan. Las encuestas sobre la utilización de mujeres para prácticas sexuales bajo precio sitúan a España a la cabeza del “consumo”. Los llamados “clientes” o “prostituidores” son personas que se justifican y eluden su responsabilidad como agentes activos de la explotación sobre la base de pensar que existe consentimiento por parte de las mujeres para ser explotadas en el ejercicio de la prostitución.
Si la cuestión de fondo es acabar con la explotación, convirtamos en actividad ilícita el lucro por prostitución ajena. Dar ese paso es esencial para acabar con las mafias, los chulos, los tratantes, los proxenetas y la permisividad social hacia la explotación del cuerpo de las mujeres.
La reciente reforma del CP ha venido a empeorar las cosas, con un PP hipócrita que rechaza institucionalmente la práctica pero apuntala a los proxenetas dando carta de naturaleza a la categorización de un proxenetismo bueno y otro proxenetismo malo. El PP ha perdido un tiempo precioso para combatir la explotación sexual con una reforma que sigue dejando en manos de interpretaciones permisivas -a través de la indeterminación jurídica- la vida de miles de mujeres a las que se exige prueba de “no-consentimiento” a pesar de que la libre voluntad de la víctima, a menudo, se vea limitada por la fuerza, el engaño, el abuso de poder, o la vulnerabilidad.
El camino es otro: deben ser suspendidas las ordenanzas que multan a las mujeres prostituidas. Es inconcebible que en el siglo XXI haya políticos que no sepan que no podemos castigar a las mujeres por su propia explotación mientras son permisivos con el proxenetismo. El proxenetismo debe ser combatido en todas sus formas.
Recuerdo que durante las comparecencias en la “Subcomisión para el estudio de la trata de seres humanos con fines explotación sexual” de la X legislatura el Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería expreso literalmente:
“Yo no soy nadie para juzgar a una mujer que ha decidido ganarse la vida ejerciendo la prostitución, (…) pero sí que tengo derecho a exigir que no haya nadie que se lucre o que reciba un beneficio como empresario”.
El señor Sanchez Cobisa apuntaba que para combatir la trata con fines de explotación sexual “cabría la posibilidad de la supresión de las licencias o de la actividad empresarial en este ámbito”, asunto que recogió una de las conclusiones de dicha Subcomisión.
Para desmantelar la industria del sexo, es preciso reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería locativa (el que alquila habitaciones) en los términos del Convenio de Naciones Unidas. Es preciso introducir la figura de penalización de todo tipo de proxenetismo lucrativo, medie o no consentimiento de la persona prostituida.
No podemos permitir que este país se convierta en el prostíbulo de Europa como proponen algunos partidos emergentes que apuestan por incluir la prostitución como un servicio más a ofertar a turistas y nacionales para sus ratos de ocio y asueto. Es preciso frenar esta incursión de organizaciones proxenetas que pretenden convertir España en una especie de Tailandia Europea.
Impedirlo pasa por contar con medios para luchar contra las redes mafiosas penalizando a quienes viven de la prostitución ajena, a los proxenetas de cualquier tipo, incluidos los que a través de la permisividad de la tercera locativa llenan el paisaje de prostíbulos, como si fuesen gasolineras. El PSOE en su programa electoral da un paso claro y decisivo para combatir este entramado ¿Quién puede discutir la conveniencia de frenar que se ejerza la prostitución bajo la dependencia de un tercero para acabar con la proliferación de locales donde se comercia con el cuerpo de las mujeres (incluidas menores de edad) como si fuesen esclavas en siglo XXI?
