Un gobierno sospechoso con la violencia de género
La Delegada del Gobierno contra la violencia anunció el pasado 17 de abril que en la presente semana, el Gobierno llevaría a Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004).
Esta reforma de la LO 1/2004 ha sido un acuerdo de todos los grupos de la Cámara y debe por tanto circunscribirse y limitarse a las modificaciones acordadas en el Pacto sin que pueda utilizarse para introducir cambios no acordadas.
Las medidas del Pacto contra la Violencia apuntaron el sentido de las reformas pero no detallaron la literalidad que debe figurar en el texto normativo, por eso, los grupos parlamentarios que promovieron y acordaron los términos del Pacto deben tener acceso, de manera previa, al texto que el Gobierno pretende llevar al Consejo de Ministros.
Esta es la única manera de garantizar que dichas reformas se circunscriban a los acuerdos sin sobrepasar ni quedarse cortos respecto del consenso acordado en la Subcomisión y las votaciones realizadas en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 28/09/2017.
Esto implica la convocatoria previa y con carácter de urgencia de la Comisión de Seguimiento o en su defecto el envío del borrador del Anteproyecto a los Grupos que han sustanciado los acuerdos ya que no estamos ante una reforma del Gobierno de España, sino ante una reforma, promovida y acordada por el conjunto de los Grupos Parlamentarios.
Si el acuerdo es de todos, todos deben conocer y validar que el texto que vaya al Consejo de Ministros no excede de aquello que ha sido acordado.
Aplicar con el Gobierno del PP la hermenéutica de la sospecha es obligado. Son un gobierno que ya ha faltado a su palabra y dinamitando los acuerdos económicos poniendo en riesgo la puesta en marcha de las principales y más importantes medidas.
Al PP se le han visto, permanentemente, las ganas, de menguar la importancia adquirida por una ley socialista que ha sido premiada y reconocida en el ámbito internacional y han buscado insistentemente desenfocar su importancia.
Especialmente atentos habrá que estar a la medida 86 que busca dar acomodo a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul, pero que debe hacerlo respetando los acuerdos para que las violencias no previstas en la LO 1/2004, se rijan por las leyes específicas e integrales acordadas en el Pacto. Eso implica garantizar que los sistemas de seguridad, la intervención psicosocial y la respuesta judicial esté adaptada a las necesidades específicas de cada forma de violencia, mientras que el tratamiento preventivo y estadístico son generalistas y deben estar en el marco de la LO 1/2004.
Con la reforma que han anunciado, sin consulta previa a los Grupos del Pacto, ¿buscarán liderar lo que nunca lideraron y de paso abrirle boquetes a la actual Ley? ¿Se atreverán a sobrepasar los límites de los acuerdos? Todos debemos saber que las reformas acordadas no son del Gobierno. Las hemos acordado entre todas, y todos y por eso debemos garantizar que se cumplan en los términos en que fueron acordadas.
El Pacto además, plantea modificaciones legales que trascienden a la Ley 1/2004. Esta Pacto busca organizar un buen sistema preventivo, de identificación de víctimas o completar y extender por todo el territorio buenos sistemas de atención para la reparación del daño o acabar con los fallos de seguridad detectados. Todo eso no se hace con la sola reforma de la Ley 1/2004.
Por tanto tres cosas a saber:
1. Es preciso conocer si las reformas del Gobierno se limitan a modificar la Ley 1/2004 en su articulado o usará la reforma para introducir, a través de disposiciones adicionales, reformas del Código Penal, C.Civil , Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley del Consejo General del Poder Judicial, Ley educativa, Ley del Deporte etc.
2. Esto es importante porque cualquier reforma que no entre en el actual periodo de sesiones difícilmente verá la luz en esta legislatura y eso implica retrasos irresponsables e imperdonables.
3. La Comisión de Seguimiento debe ser convocada de urgencia con anterioridad a la presentación del Anteproyecto en el Consejo de Ministros a efectos de poder analizar y validar que la propuesta se circunscribe a los términos de los acuerdos y que el Gobierno no se “chotea” una vez más de los Grupos Parlamentarios, la sociedad civil y lo más importante, de las mujeres afectadas por una violencia que este Gobierno combate, de momento, con desidia y deslealtad.
El PP hasta el momento no ha dado ni un solo motivo para la confianza. Por eso, yo no me fío. ¿Ustedes?
