Las pensiones públicas en España atenderán a un número creciente de personas durante los próximos 25 años, hasta situarse entre 15 y 16 millones en 2048, momento en que se estabilizará su número y descenderán después.
La reforma aprobada por el PP en 2013 apostó por dedicar a esas pensiones en 2048 el mismo esfuerzo, 12-13% del PIB, que hoy dedicamos a 10,5 millones de pensiones. La receta, sencilla: menos protección pública para generaciones futuras y, el que pueda, que cubra esa merma con ahorro personal.
Afortunadamente, la contestación a esa reforma -primera sin acuerdo político o social alguno en España desde 1995, cuando se puso en marcha el Pacto de Toledo- suspendió primero su puesta en marcha y ha permitido derogarla y sustituirla por un conjunto de acuerdos. Entre Gobierno, sindicatos y empresarios, los dos primeros (acuerdo de pensiones de 2021 y reforma del RETA en 2022), y entre Gobierno y sindicatos en el acuerdo de marzo de 2023, que, con impacto económico similar, pero basado en reforzar la estructura de ingresos, apuesta por preservar el nivel de protección actual y mejorarlo para las próximas generaciones de pensionistas, tanto para las personas más vulnerables como para las que, por tener ingresos más elevados, aportarán recursos adicionales.
Para ello se adoptan distintas medidas: un nuevo paso en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, priorizando que los ingresos por cotizaciones se destinen íntegramente al pago de prestaciones económicas y financiando presupuestariamente otras políticas (de empleo, igualdad, apoyo sectorial, etc.).
La transferencia adicional a la Seguridad Social por estos conceptos es, en 2023, de 19.888 millones de euros, reforzando la estructura de financiación mixta, preferente con cotizaciones, pero con importante peso de la aportación presupuestaria.
Al tiempo, se concreta un avance sustancial en la insistente reivindicación sindical para que se cotice a la Seguridad Social, en todos los casos, por ingresos reales: de un lado, las rentas más altas, incrementando su contribución y, también, con una lógica diferencia temporal, su protección; de otro, el trabajo autónomo, en el que las personas con mayores ingresos contribuirán más, mejorando su protección, y, las que ingresan menos, contribuirán menos, sin dejar de estar cubiertas por las garantías de pensiones mínimas.
Finalmente establece la recuperación de una pequeña parte (20%) de las reducciones de cotizaciones sociales que se habían producido. El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional alcanzará en 2029 un 1,2% anual, hasta 2050, frente a los seis puntos porcentuales que disminuyeron las cotizaciones sociales desde 1980 (por ser más preciso en una materia que ocultan quienes sobreactúan ahora, 5,55% de reducción de cotizaciones empresariales y 0,45% de cotizaciones descontadas del salario en nómina). Estos ingresos adicionales, se destinarán a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Este cambio de orientación, basado en fortalecer la Seguridad Social frente al intento de reducirla en la reforma derogada de 2013, cuyos inspiradores y protagonistas defienden con tanto celo, aborda no sólo el evidente reto demográfico que tenemos por delante; pretende también preservar nuestro sistema de pensiones para las generaciones más jóvenes. Resulta curioso que los defensores del derogado factor de sostenibilidad, que reducía las pensiones futuras con mayor intensidad cuanto más joven se sea hoy, argumenten sus críticas en interés, dicen, de esas personas más jóvenes.
Ningún ahorro en pensiones se dedica a transferencias para políticas que favorezcan la emancipación temprana, el acceso a la vivienda, la estabilidad en el empleo. La experiencia nos dice que la disminución de la protección pública acaba siendo utilizada para disminuir la contribución y la equidad fiscal, debilitando la capacidad de financiación de las políticas públicas.
Es más, desde 2011, unos 80.000 jóvenes estudiantes cada mes han visto cómo sus prácticas no laborales con alguna compensación económica acreditaban periodos cotizados a Seguridad Social. El acuerdo prevé que, a partir de 2023, cada año, centenares de miles de estudiantes de formación profesional o universitaria (grado, máster, doctorado…) incorporan este nuevo derecho, lo que posibilitará que, junto con su título académico, acrediten periodos cotizados adicionales a su carrera profesional.
El reciente acuerdo de pensiones entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales más representativas ha tenido que superar situaciones singulares.
Su negociación durante meses ha afrontado dificultades para fijar posiciones comunes dentro del Gobierno; la compleja composición de las mayorías parlamentarias; la vinculación de esta reforma a la llegada de fondos europeos del Plan de Recuperación; y, por supuesto, la necesidad de incluir adecuadamente los objetivos de quienes han negociado y comprometido el apoyo al Acuerdo, Gobierno y sindicatos, una vez acreditado, lamentablemente, que han negado su el apoyo las organizaciones empresariales que firmaron mantener el poder adquisitivo de las pensiones, no disminuir pensiones futuras de las generaciones más jóvenes, incrementar ingresos presupuestarios y la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo, cuando de mejora de ingresos por cotizaciones desde las empresas se trata.
¿Cómo se distribuyen los esfuerzos y beneficios de esta reforma? Sin duda, la principal beneficiaria es la sociedad española, que recibe tranquilidad y confianza en la garantía de renta de la quinta parte de la población hoy, que puede ser un tercio a mediados de siglo, lo que resulta esencial para pensionistas y también para las empresas y la actividad económica, que sufrirían de manera intensa una devaluación de los ingresos de una parte tan relevante de la población.
Junto con ello, esta reforma de la estructura de ingresos de la Seguridad Social refuerza las transferencias de renta de los excedentes empresariales hacia salarios, al incrementar la parte de aquellos que van a retribuir el factor trabajo a través de las cotizaciones sociales; es decir, para garantizar las rentas de la población trabajadora cuando se interrumpe o finaliza su actividad laboral. Esto no afecta sólo a empresas privadas. Un 30% de las personas con salarios superiores a las actuales bases máximas de cotización son empleados públicos. Lo que sí es cierto es que no afecta igual a las grandes empresas que a las pequeñas, ya que la concentración de salarios más elevados es muy superior en las de mayor tamaño.
También aumenta la contribución de las rentas más altas (mayoritariamente masculinas por otra parte) en beneficio de las personas más vulnerables, que se ven en la necesidad de acceder a las pensiones mínimas, así como de quienes se benefician de las nuevas medidas por interrupción de la vida laboral o reducción de jornada para atender necesidades de cuidados de menores, mayores o personas con discapacidad. Del incremento del complemento de pensiones para reducir la brecha de género o de la mejora en el sistema de integración de lagunas (esos meses sin cotización, sobre los que se tienen en cuenta para determinar la pensión).
Por cierto, este acuerdo crea por primera vez, de forma aún limitada, el derecho de acceder a la integración de lagunas en el trabajo autónomo. No extiende aún la nueva cotización adicional de solidaridad en ese ámbito, cuestión que, sin duda, habrá que revisar en el futuro.
Estas medidas tienen una orientación clara. En la práctica sus beneficiarias son, en su inmensa mayoría, mujeres que ven perjudicado su acceso a la protección de nuestro sistema de pensiones por, entre otras causas, un desequilibrado reparto de cargas de cuidados durante toda su vida activa, por la brecha salarial y de desarrollo profesional.
También tiene esa función la nueva regulación del período de cálculo, al garantizar durante dos décadas una protección igual o mejor que la actual, en todos los casos. Quien intenta vaticinar el efecto que tendrá a partir de 2044, especula. Lo único que podemos decir es que a partir de ese momento, si atendemos a lo que ocurriría hoy de estar plenamente implantada la nueva fórmula, el gasto en pensiones se incrementaría ligeramente con una mejora de la cuantía de la pensión media.
En definitiva, un acuerdo muy relevante, que culmina un proceso de recuperación de los marcos de concertación social en materia de pensiones, interrumpidos durante una década. Una situación que esta sucesión de acuerdos entre 2021 y 2023, corrige.
Mantener nuestro sistema de pensiones exige, durante unos años, un volumen mayor de recursos, en una cuantía razonable y manejable que, acordada por Gobierno y sindicatos, presentando el primero además el aval de la Comisión Europea, espera ahora su puesta en práctica.