Resiliencia, reconstrucción y financiación justa

Nadie duda de la dificultad de negociar y llevar a cabo una reforma global del Sistema de Financiación Autonómica en plena pandemia. Pero tampoco nadie puso en entredicho el reto que suponía para el Gobierno de España negociar en el Consejo Europeo –ante otros 26 jefes de Estado– que el programa de reconstrucción Next Generation UE debía tener en cuenta que no todas las economías europeas se habían visto golpeadas por igual por la Covid-19, ni que todos los Estados disponían de los mismos márgenes de maniobra fiscal. Nada parece sencillo en este 2020 que ha hecho saltar por los aires nuestras previsiones de ingresos, nuestras líneas de gasto y, sobre todo, nuestros proyectos de futuro.

Pero España lo consiguió y se impuso la doble perspectiva de equidad y realismo financiero en las negociaciones. Nuestro país será uno de los más beneficiados por los fondos europeos de reconstrucción. Y si fue posible en Europa, ahora es el turno de reclamar también la reforma de un modelo de financiación que resuelva de una vez por todas el problema de la inequidad en el reparto de recursos entre las comunidades autónomas.

Aun así, el problema del reparto equitativo entre los territorios no es el único que invalida el actual sistema de financiación. El artículo 156 de la Constitución señala que “las CCAA gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. Es decir, recoge también el precepto de suficiencia, cuando la realidad es bien distinta: existe una Administración con recursos y pocas competencias –la central– y otras –las autonómicas– con muchas obligaciones y una falta considerable de fondos para hacerles frente.

Claro que una reforma global es complicada, pero esta situación no puede prolongarse por más tiempo. Necesitamos una distribución vertical de los recursos tributarios para atender mejor las necesidades de los ciudadanos, que son quienes pagan los impuestos y quienes esperan de sus gobiernos una adecuada prestación de servicios.

Hay que reconocer, eso sí, los importantes avances que en los últimos años se han producido en términos de suficiencia. El Gobierno Central ha atendido las reivindicaciones de las autonomías y ante una crisis sin precedentes ha optado por garantizar la liquidez y los recursos para las autonomías. Una postura completamente alejada a la que el Gobierno del Partido Popular adoptó en 2011, cuando los recortes en sanidad, educación y servicios sociales fueron la única solución propuesta. Una degradación sin precedentes de los servicios públicos vinculados al Estado del Bienestar de la que las autonomías todavía no nos hemos recuperado. Y la actual pandemia lo ha vuelto a poner de manifiesto.

La decisión del actual Ministerio de Hacienda de mantener las entregas a cuenta a las autonomías previstas para este año para garantizar su mismo nivel de ingresos y la incorporación del fondo COVID, dotado con más de 16.000 millones, ha permitido que los servicios sanitarios, educativos y sociales –dependientes de las CCAA– no se hayan visto resentidos por la caída real de la recaudación, y ha puesto de manifiesto el cambio de criterio por parte de un Gobierno que concibe la financiación autonómica y el refuerzo del Estado del Bienestar como dos caras de una misma moneda.  

Por ello estamos convencidos de que el Gobierno entenderá hoy más que nunca que no hay prórrogas posibles para una pandemia que ha lastrado nuestra economía, pero por encima de todo ha provocado miles de pérdidas humanas y una crisis socio-sanitaria sin precedentes. El Ejecutivo central ha declarado el ejercicio 2021 como el punto de arranque para la recuperación y reconstrucción del país, pero mientras se siga posponiendo la reforma del sistema de financiación seremos muchas las comunidades autónomas las que no seremos capaces de afrontar la salida de la crisis con las mismas posibilidades de éxito. Y eso a pesar de que nuestros ciudadanos han sufrido por igual las consecuencias de un virus que no ha entendido ni de clases sociales, ni de edades, ni mucho menos de desigualdades financieras entre territorios.

Hoy, en plena segunda ola de contagios, los valencianos y las valencianas reforzamos, como cada 18 de noviembre desde hace tres años, la reivindicación de la reforma de un sistema que acumula siete prórrogas (de 2014 a 2020, ambos inclusive) que ya duplican el quinquenio de vigencia inicial del actual Sistema (de 2009 a 2013). Existe un amplio consenso sobre la necesidad de afrontar la  reforma del sistema, pero hasta el momento las prórrogas han sido la única salida que se le ha dado a este problema. Y eso pese a que, como reconoció la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en julio de 2018, el actual sistema “propicia el debilitamiento del Estado de las autonomías” y, en consecuencia, del Estado del Bienestar.

Sí, el problema de la infrafinanciación no es un problema sólo valenciano. Las asimetrías en el trato que reciben las distintas comunidades autónomas está poniendo en riesgo la viabilidad de nuestro modelo social, territorial y nuestra estructura autonómica. Este es un problema de Estado que no se resolverá entre las CCAA, sino con la voluntad decidida del Gobierno Central y del resto de partidos del arco parlamentario de ponerle fin. Hasta ahora la situación era de una enorme gravedad, pero en las circunstancias actuales las disparidades se han vuelto sencillamente dramáticas porque las desigualdades de recursos inciden de manera directa en la capacidad de afrontar la reconstrucción económica tras el impacto de la crisis de la Covid–19.

Los ingresos por habitante que proporcionan los sistemas de financiación autonómica común y foral van en 2021 desde los 2.136 euros de la Comunitat Valenciana hasta los 2.956 euros de la región mejor financiada, una diferencia del 40%. Por no hablar de que las de régimen foral alcanzaron al menos un 60% más. Pero lo más preocupante, sin embargo, son los diferentes niveles de gasto por habitante a los que podemos hacer frente. En 2019 la Comunitat Valenciana gastó 3.498 euros per cápita; las comunidades mejor financiadas del régimen común, 4.320 euros, y las Comunidades Forales, 4.954. ¿Cómo hablar de la equidad que mandata la Constitución en el reparto de recursos mientras seguimos permitiendo que las comunidades autónomas –que ejecutamos el 92% del gasto sanitario en España; el 91% del gasto en educación y la mitad del gasto en protección social no vinculado al desempleo ni a las pensiones– tengamos a nuestro alcance instrumentos tan dispares con los que proteger a nuestros ciudadanos?

La transferencia extraordinaria hacia las CCAA, comunicada en el pasado Consejo de Política Fiscal y dotada con 13.486 millones de euros para 2021, debe ser el instrumento que permita cubrir dos cuestiones clave en la financiación regional: la suficiencia y la equidad. Por un lado estos recursos deben fortalecer el actual Estado del Bienestar y favorecer la prevención frente a nuevas olas de la pandemia. Y por otro lado, debe servir para igualar las capacidades financieras de partida de los territorios para afrontar la recuperación en las mismas condiciones. De lo contrario, consolidaremos –inexplicablemente– dentro de España una desigualdad de trato que será idéntica a aquella contra la que luchamos en Europa. Y el riesgo de que las comunidades infrafinanciadas –como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Baleares o Castilla-La Mancha– continuemos alejadas de la media española, como ha sucedido en la última década, será todavía mayor. Y aún más en aquellas CCAA que estamos infrafinanciadas y contamos, además, con una renta per cápita inferior a la media.

No permitamos que la injusticia financiera se consolide cuando tenemos al alcance la herramienta más eficaz para superarla: recursos adicionales a través de los Presupuestos Generales del Estado para dotar de recursos a las autonomías peor financiadas mientras acometemos la reforma del sistema. Para resolver el problema de la falta de recursos el Consell del Botànic se ve obligado a introducir desde 2016 una partida reivindicativa en sus presupuestos, que en 2021 será de 1.336 millones de euros, cifra anual que supone nuestra infrafinanciación.

Reconstrucción, resiliencia y financiación justa van inexorablemente unidas. La convergencia en los niveles de renta per cápita de todos los territorios es un gran reto en el que España no ha logrado avanzar. Si una pandemia mundial que ha puesto en jaque nuestros sistemas sanitarios y socio–sanitarios y cuya presión ha recaído mayoritariamente sobre las comunidades autónomas no es suficiente para agilizar la reforma del modelo, no habremos entendido nada ni sobre bienestar, ni sobre generación de riqueza, ni sobre progreso en 42 años de democracia.

Un nuevo retraso no es viable, merecemos conseguir un futuro sin más hipoteca que la de la igualdad de oportunidades.