Sanidad pública. No se vende, se defiende

Tras este lema surgido de la Marea Blanca hace más de una década, se esconde uno de los valores que nos define como sociedad y nos enorgullece como país. Un lema sencillo, acuñado en una asamblea cualquiera de un hospital cualquiera de Madrid por una de las tantas plataformas y asociaciones que organizaron a la sociedad civil y a los profesionales sanitarios al calor de la defensa de nuestro mayor tesoro: la salud y la sanidad pública.

Decía hace poco Juanlu Sánchez en su podcast Un tema al día, que son muchas las veces que decimos que la sanidad pública es la joya de la corona y que las joyas, o se cuidan o se venden. Bien, ha llegado el momento no solo de cuidarla más que nunca, sino también de evitar que otros la vendan.

Han sido muchos años viendo cómo, tras argumentos falaces cuando no flagrantes mentiras, algunos falsos patriotas han estado malvendiendo nuestra sanidad, nuestra joya, al peor postor. Al postor que se lleva mordidas, al que se lo lleva crudo, al que se lo lleva a paraísos fiscales para regocijo de fondos buitre, al que revende nuestra salud en el mercado de segunda mano, al que desprecia lo común a cambio de beneficios obscenos, al que antepone el lucro privado al artículo 43 de la Constitución, el que subraya el derecho a la protección de la salud. Al que, desde posiciones institucionales de representación de la ciudadanía, prefiere rendir cuentas ante cualquier consejo de administración antes que en su propio consejo de gobierno que representa a esa ciudadanía. Porque han sido muchos años viendo el deterioro de nuestra sanidad pública de la mano de quienes tenían la encomienda de protegerla y ahora es el momento de protegernos de ellos.

La sanidad pública no se vende, se defiende. Un lema sencillo con altas dosis de sentido común que debe materializarse, tomar cuerpo y hacerse ley. Una ley que proteja nuestro sistema sanitario de aquellos que privatizan nuestro derecho a la protección de la salud, pero sobre todo que proteja nuestra salud garantizando que los esfuerzos de todo un país no se nos escapan por el sumidero del lucro incesante. Y para eso debemos legislar no solo para invalidar la ley 15/97 sino para ir más allá y garantizar la integridad de nuestro sistema nacional de salud, tantas veces amenazado por la corrupción institucional y tantas veces privatizado y vendido al peor postor de manera impune.

Para eso el Gobierno de España ha echado a andar la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Una ley que tiene como objetivo fundamental limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes empresariales privados y mejorar los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada existentes. Además de anteponer la gestión pública futura va a facilitar la reversión de la gestión privada en los servicios sanitarios públicos actuales para quienes lo deseen.

En paralelo, debemos recuperar la esencia de nuestro sistema: la universalidad. La pandemia nos recordó que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. Esta lección nos lleva de vuelta al fatídico año 2012, cuando el Partido Popular cercenó este derecho universal, poniendo en jaque la ética de todo el Sistema Nacional de Salud. El Gobierno de España cerrará esta herida con una nueva Ley de Universalidad, destinada a acabar con la exclusión y garantizar la cobertura sanitaria universal.

En un momento en que los discursos xenófobos en Europa promueven servicios públicos excluyentes, es un orgullo y una declaración de intenciones que España amplíe su cobertura universal. La nueva ley recupera el derecho a la asistencia sanitaria para los españoles en el extranjero, los extranjeros por reagrupación familiar y todos los residentes en España, independientemente de su condición administrativa. Además, elimina la posibilidad de nuevos copagos y habilita la declaración responsable para acceder a la atención sanitaria.

Todo esto que hace 12 años se defendió en las calles, ha de trasladarse a las leyes conjugando el aprendizaje de casi tres décadas de experimentos de privatización de la asistencia sanitaria en nuestro país, la mejor evidencia disponible publicada en la literatura sobre los efectos perversos de esta lucrante privatización en la salud de la población, y el conocimiento y los reclamos de los profesionales y la ciudadanía que llevan muchos años dando lo mejor de sí para cuidar nuestro sistema sanitario.

La sanidad no se vende, se defiende. Un lema sencillo que nos define como sociedad y que nos apela como Gobierno. Lo haremos ley y será otro motivo de orgullo más.