El advenimiento de una emergente ínsula de libertad, el entroncamiento de una Juana de Arco local enfrentada a todos, la presidenta Ayuso, y la construcción de un nacionalismo madrileño casposo y de frontera difusa con el nacional-catolicismo de Vox, afecta el trabajo de los más de 45.000 alumnos y 2.500 profesores de la URJC. Un maltrato institucional de fondo, consecuencia de la convicción ideológica de que sólo las herramientas neoliberales pueden mantener los servicios públicos, sea eso lo que sea, no lo pone fácil. Ni a nosotros, ni al resto de la instituciones universitarias e investigadoras públicas que intentan ser una herramienta de justicia social en la región.
La losa de desprestigio que se construyó sobre nosotros al amparo de las necesidades curriculares y económicas de unos pocos, vinculados de diferente forma al PP, lo sigue poniendo muy difícil. No es el momento de revisar todo lo que pasó con Cifuentes, con Casado, ahí está la hemeroteca y la memoria. El resto de las universidades públicas fue tibia en su respuesta. Ni la CRUE, ni la CRUMA, los máximos órganos de representación de nuestras universidades, españolas y madrileñas, respectivamente, tuvieron el coraje de reconocer que lo que se vivió entonces era un torpedo al servicio público que damos. Los partidos de izquierda tampoco entendieron que lo que se dirimía era un ataque a la enseñanza pública y se atrincheraron tras la idea de que la URJC era la universidad del PP sin entender lo que estaba en juego. Triste abandono.
Tras el terremoto que sufrimos, los indicadores de desempeño académico han situado a nuestra universidad entre las mejores de España, especialmente en algunas áreas. Hubiera sido maravilloso oír a los dirigentes del PP alguna forma de disculpa, de reconocimiento del daño causado a la institución, a los pueblos del entorno y a toda la gente que trabaja y estudia allí, pero desafortunadamente, nunca ocurrió. Tampoco lo esperábamos. Éramos conscientes de que sólo nuestro esfuerzo, el de alumnos, docentes y personal de administración y servicios, podría encapsular la historia y ofrecería una universidad de prestigio a la ciudadanía. Y encima, ese nombre, ese obsceno nombre.
Leer el epíteto específico URJC en cualquier medio de carácter general nos sigue poniendo en alerta. Como cualquier perro maltratado, una señal que recuerde el dolor te hace estar inquieto y tenso. La propuesta del profesor Arnaldo, catedrático de derecho constitucional de la URJC, como miembro del Tribunal Constitucional y la posterior aceptación del Congreso, nos hizo contraer el cejo de nuevo. Lo proponía el PP. Otra vez, esa relación PP-URJC. Seguro que el candidato Arnaldo tiene méritos para esa propuesta; no lo sé, yo soy de ciencias, aunque lo vertido por los periodistas durante las últimas semanas no parece ir en esa dirección. No parece una casualidad que la historia académica de Casado parezca estar ligada a este profesor. Tampoco existe duda de que hay otros candidatos que cumplirían con parecida destreza el trabajo que de estos juristas se espera. Nos resulta casi imposible entender por qué el PP se empeña en conectarse con nosotros, la URJC, con la historia vivida. Somos ilusos, pero seguro que entre la cohorte de prestigiosos profesionales del Derecho que vuelan en el entorno del PP y de su taller de generación de ideas, FAES, hay muchos académicos que desde cátedras en otras instituciones universitarias pueden ejercer el trabajo de forma tan brillante como el del profesor Arnaldo. No puede parecer, como señala Ignacio Escolar, que la relación entre Casado y Arnaldo está detrás de esa elevación a la máxima responsabilidad que cabe en nuestro ordenamiento jurídico. El profesor González-Trevijano, también catedrático de la URJC de derecho constitucional y exrector de la casa, ya hizo ese viaje desde la URJC al Tribunal Constitucional. Quizás la conexión PP-URJC no necesita un refuerzo, ¿no?
Sólo un ruego. Amigos del PP, su acción política junto con la del resto de los partidos, son la base del funcionamiento de nuestro estado. Es por ello que manifestar sensibilidad en el ejercicio de su acción política debería basarse en el reconocimiento de los efectos colaterales que sus decisiones pueden tener. Como servidores públicos lo que muevan en el marco de la gran política determinará nuestro trabajo universitario e investigador. Decisiones aparentemente menos conectadas con el desempeño de unos profesores e investigadores de una universidad pública, también. Estudiar supone un esfuerzo enorme para la mayoría de nuestros alumnos y alumnas y cualquier borrón de prestigio tiene costes en su futuro difícilmente asumibles. Por favor no conecten su acción política con nosotros. Busquen alternativas. Existen.