Trampas, mentiras y corrupción en la puerta del Sol

Por unos momentos hasta el propio Partido Popular se hizo eco de un secreto a voces en Madrid: el Gobierno de la Comunidad ha utilizado la pandemia como coartada perfecta para llenar de dinero público los bolsillos del entorno de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Ahora, hasta la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el caso después de la documentación presentada por Más Madrid y el resto de grupos de la oposición.

Utilizar las instituciones como mecanismo para hacer negocios y saquear el dinero público es, y ha sido, tristemente, una constante en los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad. Sin embargo, hoy nos encontramos ante un caso que choca con la última y más preciada fibra moral de nuestras sociedades. Y es que estos contratos fueron otorgados al entorno de Ayuso precisamente en los días de la pandemia en los que se registraba un mayor número de muertos, cuando estábamos en nuestras casas sufriendo, maniatados por la congoja y la incertidumbre. Unos días de shock en el que los familiares no pudieron ni abrazarse para enterrar sus muertos. Mientras, en los hospitales vivíamos una situación insostenible y muchas personas sufrían soledad, miedo y desesperanza.

Tal y como ha aprendido de Esperanza Aguirre y Javier Fernández Lasquetty, Ayuso ha encontrado en la contratación por vía de emergencia un método infalible para utilizar fondos públicos para enriquecer a personas cercanas. Un dinero que debía haber sido utilizado para hacer frente a los estragos de la pandemia.

Se trata de un mecanismo sencillo: para responder a la coyuntura pandémica se han tenido que rebajar los controles, las inspecciones y la supervisión de la contratación pública. Esa relajación ha sido utilizada de manera sistemática por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para adjudicar contratos millonarios, muchas veces sin ser capaces de justificarlo de manera seria y rigurosa. Es precisamente esa fórmula la que les permite, a día de hoy, seguir otorgando contratos millonarios alrededor del Hospital Zendal. Sin embargo, en el caso de Tomás Díaz Ayuso han tenido que afinar un poco más el procedimiento.

Pese a esta laxitud en los controles de la contratación, siguen existiendo unas mínimas normas que deben cumplirse incluso en un escenario de total excepcionalidad como es la pandemia, como es la prohibición de contratar con familiares de los miembros del Gobierno. Es aquí donde aparece Daniel Alcázar, amigo de la infancia de los Ayuso y administrador de Priviet Sportive SL, la empresa agraciada con un millonario contrato por mascarillas pese a no tener experiencia en ese sector. Es así, utilizando a su amigo como testaferro, como Tomás Díaz Ayuso esquiva los tibios controles existentes y puede así recibir su preciada mordida de miles de euros. Pero es que además hemos conocido que las mascarillas se compraron por encima del precio de mercado, eran de una calidad inferior a la esperada y llegaron tarde.

Serán los tribunales los que aclaren qué grado de ilegalidad se ha cometido con este y con tantos otros contratos sospechosos. Y no cabe duda de que lo acabarán haciendo. Pero las responsabilidades políticas van más allá. En paralelo a la legalidad está la ética y la ejemplaridad. Y estos hechos son inadmisibles para un Gobierno cuya responsabilidad, en los momentos de zozobra y pánico, es cuidar a la población y ofrecer confianza.

Mientras las buenas gentes de Madrid llenaban las despensas solidarias, se ofrecían para hacer la compra a sus vecinos más vulnerables o donaban mascarillas caseras, Ayuso aprovechaba para seguir favoreciendo a los suyos a costa de la sanidad de todos. Es probable que las guerras internas del PP y la vorágine informativa engullan este caso, pero no podemos olvidar que todo esto ocurrió el 1 de abril de 2020, el mismo día que nuestro país registraba la mayor cifra de fallecidos por la Covid.