Tenemos enormes retos por delante y como sociedad civil organizada no podemos ser un actor ajeno a esta campaña electoral, menos ante la situación de crisis y urgencia social, económica, política y medioambiental que queda invisibilizada en medio del sube-baja de número de votos del que hablan unos y otros, los ataques electoralistas superfluos y la verborrea de promesas, muchas veces vacías. Las políticas neoliberales de los últimos años basadas en la austeridad y los recortes en servicios y derechos, junto con las prácticas extractivas y de desposesión de recursos naturales de las multinacionales y la firma de acuerdos de libre comercio no solo han seguido aumentando la explotación de muchos países del hemisferio sur sino que han incrementado exponencialmente la desigualdad y puesto en peligro la vida de todos y el planeta en el que convivimos y del que somos interdependientes.
La emergencia climática nos exige que en un tiempo récord de apenas diez años revirtamos los efectos de décadas de excesos. En nuestro país la crisis de 2008 sirvió para implementar estas políticas y recortes que empobrecieron más a la población, elevaron los niveles de paro, convirtieron los servicios públicos esenciales en un lucrativo negocio y consolidaron una precariedad estructural que castiga especialmente a las personas más jóvenes y a las mujeres en quienes recae la sostenibilidad de la vida y los cuidados. Es decir, sus ‘soluciones’ ahondaron todavía más en las desigualdades y la falta de acceso al bienestar, porque los costes de la austeridad, las guerras, la contaminación o la pérdida de biodiversidad no quedan reflejados en el PIB. Vivir en paz, la dignidad, la salud, el medio ambiente o la equidad no se contabilizan en sus análisis económicos.
Además, la defensa de estos derechos está perseguida por la aprobación de un elenco de leyes que criminalizan la disidencia y la protesta ciudadana. Normas como la ley mordaza restringen los derechos de participación y el espacio democrático, imprescindibles para acabar con un sistema en el que la mayoría cada vez tiene más dificultades para sobrevivir.
El ciclo político que acaba nos llenó de esperanza y ganas de construir otro mundo con la llegada a las instituciones de nuevas formaciones políticas, una moción de censura plagada de promesas de transformación social y el protagonismo de la sociedad movilizada en el 15M, el movimiento feminista o ahora en las protestas de jóvenes contra el cambio climático. Pero no podemos bajar la guardia porque siguen pendientes soluciones a los graves problemas apuntados y las políticas audaces que se reclaman están lejos de ser aplicadas.
Nuestro país se expone de forma acuciante a los efectos devastadores del calentamiento global que afectará especialmente a la población más vulnerable, ensanchando aún más la brecha entre personas ricas y pobres. Numerosos estudios científicos han demostrado que nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera superan con creces la capacidad de absorción de los ecosistemas naturales, por lo que para evitar los peores impactos del cambio climático es necesario que el aumento de la temperatura del planeta no sea superior a 1,5 ºC. Las evidencias apuntan a que los esfuerzos para frenar el cambio climático no se pueden llevar a cabo sin cambios radicales en nuestro modelo de sociedad y sin poner en cuestión el crecimiento económico y las estructuras de producción y de propiedad existentes.
Los retos que tenemos por delante necesitan políticas valientes que hagan frente a los intereses económicos de los grandes poderes financieros. Para alcanzar éstos objetivos sociales y ambientales es necesario por salvar nuestro medio natural y defender la vida y proteger el derecho de las futuras generaciones a heredar el patrimonio natural. Así lo está pidiendo a gritos la juventud de toda Europa: el Planeta se muere y hay que actuar con rapidez y radicalidad porque no tenemos derecho a robarles el futuro.
A pesar de la urgencia, sigue habiendo esperanza. Esta situación de emergencia climática y social constituye también una oportunidad para apostar por una economía solidaria, verde que redistribuya la riqueza en nuestro país y la transición energética es una oportunidad para la creación de un nuevo modelo productivo, que huya de las trampas de las burbujas especulativas, apueste por sectores con alto valor añadido y se centre en los derechos y las necesidades de la sociedad.
En este documento, presentamos algunas medidas esenciales para afrontar los enormes retos a los que se enfrenta la sociedad española y a los que se debe dar solución de forma inmediata. Nuestra vida y nuestro planeta están en juego.