En mi infancia, el abogado laboralista era una categoría familiar, casi un parentesco: yo oía hablar de ellos como si fuesen tíos o primos que siempre andaban en boca de mis padres, sindicalistas de UGT en aquellos años setenta. Pasé mi niñez rodeado de abogados laboralistas, miembros de despachos primero, integrados en los sindicatos después. Con los años los recuerdo como una figura mítica. Y lo eran.
El asesinato de Atocha de cinco abogados miembros de CCOO y el PCE les añadió una grandeza y un temblor especiales, sí, pero ya antes de esa matanza las abogadas y abogados laboralistas eran admirados y queridos por la clase obrera, en los centros de trabajo de toda España, en los barrios humildes donde hicieron un trabajo fundamental no solo por la libertad y los derechos, también para mejorar la vida de la gente.
Si los pistoleros fascistas y sus protectores del aparato policial franquista querían conmocionar a la sociedad, no podían elegir mejor objetivo aquel enero de 1977: los abogados laboralistas eran tan odiados por el franquismo como queridos por millones de mujeres y hombres. Los asesinaron para aterrorizar a la población, desestabilizar la Transición y provocar una espiral violenta, como estos días se recuerda, sí. Pero los asesinaron por su actividad laboralista, por lo que representaban. Una venganza fascista sobre un colectivo cuyo papel no ha sido suficientemente reconocido.
En los años sesenta los sindicatos estaban prohibidos en España, y la actividad clandestina duramente perseguida. Solo existía el “sindicato vertical”, invento franquista para desactivar la conflictividad obrera, y que no dejaba de ser una pantomima que dejaba a la intemperie a los trabajadores.
En aquella España represora, que presumía de desarrollismo y apertura a Europa, y donde sindicalistas clandestinos intentaban ganar espacios de lucha, aparecieron los abogados laboralistas abriendo una brecha donde menos se la esperaba el régimen: en el edificio jurídico, meticulosamente purgado tras la Guerra Civil y construido con el mismo granito eterno del Valle de los Caídos. Una nueva generación de abogados –en muchos casos procedentes de clase media-alta y familias vencedoras- se aplicó en combatir la dictadura usando sus mismas armas, su legalidad.
En la conflictiva España del tardofranquismo y la Transición, el papel de los despachos laboralistas fue importantísima. Sin diferenciar su trabajo de su militancia, asesoraban a trabajadores en huelga, defendían a represaliados, ejercían la defensa de líderes sindicales encarcelados –como Marcelino Camacho, de quien estos días recordamos 99 años de su nacimiento-; pero también luchaban por democratizar los colegios de abogados, denunciaban en el extranjero las violaciones de derechos humanos, y estiraban las posibilidades jurídicas del ordenamiento franquista para garantizar los derechos de los detenidos. Más allá de lo laboral, su trabajo dejó huella también en los barrios, en las luchas vecinales, asesorando a las asociaciones y ayudando a los vecinos frente a los abusos urbanísticos.
Ser abogado laboralista en el franquismo no era fácil: suponía poner tu vida en peligro. No eran extrañas las amenazas ultras, la persecución policial o las agresiones. El asesinato de Atocha de 1977 vino a recordar a todo el colectivo lo vulnerable que era, lo mucho que ponía en juego por su activismo antifranquista.
Con la democracia, la defensa de la clase trabajadora quedó cada vez más en manos de los sindicatos, donde se integraron muchos de aquellos primeros abogados. Hoy que recordamos a los cinco asesinados y los cuatro heridos en Atocha, vaya mi recuerdo también para ellos y para toda aquella gente admirable. Somos muchos los que todavía nos emocionamos al decir “abogado laboralista”. Les debemos mucho de las libertades y derechos que hoy disfrutamos. Y la mejor forma de recordarlos, y de homenajear a nuestros asesinados, es seguir defendiendo esas mismas libertades y derechos, de nuevo amenazadas. Gracias.