Cada mes de septiembre se repite en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo la sesión solemne de apertura de tribunales; con ceremonial de vigor plástico cuasisacral, tiene lugar allí la augusta composición escénica del mundo judicial, presidida por el Rey, en cuyo nombre se administra la justicia, según dispone el art. 117.1 de nuestra Constitución. Desaparecidos los que en otro tiempo eran llamados “días de estero y desestero”, hay uno en septiembre que se reserva para una suerte de estero ocasional, el de la gran alfombra roja que adornará el paso de autoridades del máximo rango que acuden al acto. Es el día del gran posado de la Justicia, que con especial esmero se engalana para la ocasión. El marco es majestuoso; por unas horas, se hace del Salón de Plenos egregio escenario en el que sus candilejas avivan paramentos rojos, las togas se revisten de medallas y collares cuyos dorados brillan bajo los focos, el recinto se puebla de vuelillos de altos vuelos, y un protocolo meticuloso, cual escenógrafo del ritual, ordena las jerarquías. En ese recinto hierático se suceden los discursos, entre sus paredes resuenan palabras hondas, de contenido y significado graves: justicia, democracia, derechos… También se habla de logros y propósitos, de esperanzas y proyectos.
Pese a todo, el paso de los años va dejando en mí la amarga sensación de la impotencia de un Aquiles que nunca alcanza a la tortuga. Desde hace décadas, toda cuanta reforma y medios se han venido aplicando a la Administración de Justicia han quedado siempre muy por debajo de las necesidades reales.
Se me antoja que ese espacio mayestático del Salón de Plenos semeja por un día la gran burbuja de una Justicia glamurosa. Pero fuera de ella, más allá de los gruesos muros del recinto palaciego, están las voces de miles de jueces que han avalado las catorce propuestas que las asociaciones judiciales –las abajo firmantes– llevan hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las que han dado cuenta a los grupos parlamentarios. Esta vez, las asociaciones han sido claras con los segundos: “Sentimos decirlo, pero tenemos dificultades para garantizar la tutela judicial efectiva. Nuestra situación es límite y el malestar entre nuestros compañeros está muy extendido. Mucho más de lo que ustedes pudieran sospechar”. Ya no bastan las palabras, es la hora de los hechos. Solo estos permitirán recobrar la confianza. Res, non verba.
Ese pliego de reivindicaciones –solo cuatro de ellas son de índole corporativa– contiene todo un repertorio de inquietudes y necesidades de inaplazable atención si de verdad aspiramos a una Justicia de siglo XXI; se refiere aquel, fundamentalmente, a la organización y funcionamiento del CGPJ, sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, nombramiento de altos cargos judiciales, plan de inversión suficiente y prolongado que asegure calidad y rapidez en la Administración de Justicia, esfuerzo inversor para hacer posible su modernización, incremento del número de jueces para equipararlo a la media europea, racionalización de la planta judicial, dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción. Se reclama también una regulación de las cargas de trabajo, petición que las asociaciones judiciales vienen haciendo al CGPJ desde el año 2014 para que se fijen de una vez unos módulos adecuados a la complejidad de la sociedad actual y, que sean, a la vez, compatibles con el derecho al descanso y la conciliación familiar. La dejación por parte del CGPJ ha llevado a las asociaciones judiciales a presentar una demanda de conflicto colectivo para que se proceda a la regulación de la carga de trabajo de los jueces.
Sería deseable que el Salón de Plenos, convertido por unas horas en burbuja rutilante y togada, fuese ese día caja de resonancia de la voz exacta y verdadera de una Carrera Judicial cansada de pedir para una Administración de Justicia herida por tantas carencias largamente desatendidas.
Terminará el acto solemne que anuncia el comienzo del nuevo año judicial; vacío y en penumbra el escenario, se hará el silencio en el Salón de Plenos, pero quien quiera oír percibirá un clamor incesante que viene de fuera y que por momentos adquiere el tono de un runruneo presísmico; es la voz de los jueces que al paso del tiempo arrecia.