Unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, el PP, aterrorizado por los sondeos, planteó una reforma electoral para que en los ayuntamientos se primara a la fuerza más votada, de manera que tuviera garantizado el gobierno de los ayuntamientos. Lo justificaban con el argumento de la estabilidad, pero la realidad que empujaba esa propuesta —que desató críticas generalizadas— es la que se confirmó después del 24 de mayo. El partido de Mariano Rajoy fue la fuerza más votada en algunos ayuntamientos importantes, pero sin la mayoría suficiente para gobernar en solitario ni la capacidad de cerrar pactos con otras fuerzas para conseguirlo. Conclusión: en esos municipios gobierna la izquierda mediante alianzas que permitieron facilitar las investiduras.
No se sabe si las encuestas que manejaba el PP no le vaticinaba que lo mismo que les iba a ocurrir en los ayuntamientos de Madrid o Valencia les sucedería en un puñado de comunidades autónomas o si entonces no se atrevieron a ir tan lejos en su planteamiento. El caso es que después del 24-M, la perdida de poder territorial ha sido brutal para los conservadores: además de Extremadura, en la que el PSOE volvió a ser primera fuerza, se han quedado sin la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón y Cantabria. O, por resumir, se han quedado con Galicia, donde no hubo elecciones, Castilla y León, La Rioja, Murcia y la Comunidad de Madrid, esta última por los pelos.
Así que ahora el PP plantea cambiar también la ley electoral para las elecciones autonómicas. Y para las generales. Porque los sondeos —y el olfato, a poco que salgan a la calle,— llevan tiempo augurando que si ganan lo harán con una mayoría muy precaria y que, por tanto, la izquierda podría repetir en el Gobierno de España la jugada de ayuntamientos y comunidades.
Esa, de hecho, está siendo la base de su estrategia electoral: acusar a la izquierda de arrebatarles lo que, según pretenden hacerles creer a los ciudadanos, les pertenecería por derecho. De ahí ese empeño de Rajoy en repetir, erre que erre, que han ganado las elecciones y el PSOE, Podemos, IU y otras agrupaciones de izquierdas les han quitado los gobiernos. “Sin respetar la voluntad popular” llegó a decir en sede parlamentaria.
La voluntad popular se expresa en las urnas y en un sistema electoral de representación proporcional, como el español, le otorga el poder al partido que consigue la mayoría absoluta o al que es capaz de alcanzar pactos con otras fuerzas. Y eso los ciudadanos lo saben cuando van a votar. Otra cosa es que al PP le interese cambiar el sistema por uno mayoritario, que además garantice la gobernabilidad del partido que queda primero regalándole unos escaños como ocurre en Grecia o a partir de ahora en Italia. Un sistema que favorece el bipartidismo y perjudica a la pluralidad existente en la política española. Una modificación que de estar en vigor les podría garantizar la permanencia en el Gobierno.
Seguramente no es esa la reforma que reclaman la mayoría de los ciudadanos, los que quieren mayor participación, más cercanía de los políticos y, sobre todo, más decencia. Pero a Rajoy y al PP qué más les da. Ellos no parecen esperar ni un solo voto de ese caladero social, más bien creen que lo tendrán en el de los que aplauden el ordeno y mando de la ley mordaza.