La estrategia no es nueva. Tan vieja que ya, ante su empeño por obtener representación en el Senado romano, el hermano de Cicerón le dijo que procurase que su campaña, además de brillante, levantase “rumores de crímenes, desenfrenos y sobornos” contra sus rivales. Cuanta más suciedad, mayor confusión y cuanto más embrollo, más descrédito. Una deriva peligrosa que conduce siempre al demérito de las instituciones y de la política.
De eso se trata. No de glosar programas, ni de contrastar ideas. Mucho menos de dar cuenta de la gestión de los últimos cuatro años allá donde se gobierna. Asistimos a una de las campañas más inmundas y bochornosas de cuantas se recuerdan. Demasiado ruido incluso para los que no se desayunan con la última hora de la actualidad política. Este viernes acaba por fin una durísima contienda dialéctica salpimentada con el mayor de los sectarismos, con palabras gruesas, con bulos, con denuncias cruzadas, con insultos racistas y hasta con peticiones de ilegalización del adversario.
Cuando creíamos haberlo visto ya todo en estas dos semanas en las que ETA volvió al centro del debate y la táctica del desprestigio y la destrucción del contrario invadieron todos los espacios, la sospecha sobre la compra de votos planeó sobre varios puntos del país. En Melilla, en Mojácar (Almería), en Albudeite (Murcia) y en otros cuantos puntos más de España. Dependiendo de si el caso afecta a la izquierda o a la derecha, cada medio decide si lo lleva a portada o lo esconde en un breve. Todo depende de si la marca bajo sospecha está o no en su misma cuerda ideológica.
Lamentable, pero cierto. La trompetería mediática del PP ha tratado de establecer, con mayor o menor sutileza, una relación causa efecto entre el lugar de veraneo del presidente del Gobierno y el ministro Bolaños y la compra de votos en Mojácar, un municipio de 7.000 habitantes donde ha habido dos detenidos de la lista del PSOE, uno de ellos independiente.
El partido ha expulsado al número dos de la candidatura nada más conocer los hechos, pero Almeida, Ayuso, González Pons, Tellado y hasta Cuca Gamarra no han resistido la tentación de vincular al ministro de la Presidencia y a Sánchez con el caso. No han dicho una palabra, eso sí, sobre las denuncias cursadas ante el juzgado contra varios militantes de su partido en el también municipio almeriense de Carboneras o de las localidades onubenses de Villalba de Alcor por fraude en el voto por correo. Ni de Valverde del Camino, ni de Paterna del Campo, ni de Aracena, ni de Palma del Condado ni de Huelva capital.
La justicia determinará hasta dónde llega la responsabilidad de los ahora investigados, pero todos y cada uno de los casos, los que afectan al PP y al PSOE, ponen en evidencia dos cuestiones: que los mecanismos de control ante el voto por correo son sin ninguna duda insuficientes y que los partidos tienen pocos o ningún filtro para garantizar la integridad de sus candidatos. Mucho menos en las localidades pequeñas, donde la política se practica de acuerdo a códigos que tienen mucho más que ver con los intereses empresariales, los ajustes de cuentas y las rencillas entre familias que con la vocación de servicio público o lo estrictamente ideológico.
Para ratificar una sentencia impuesta como consecuencia de las irregularidades cometidas en las elecciones de 2008 en Melilla, el Tribunal Supremo ya advirtió que el sistema legal del voto por correo permitía fácilmente la manipulación, entre otras cuestiones porque el votante puede delegar en otra persona la entrega del voto en la oficina de Correos. Desde entonces, nada se ha hecho, pese a que las denuncias sobre casos similares a los que conocemos estos días han sido constantes a lo largo de la democracia.
Esta vez, claro, con mucha más sobreactuación, con relatos impúdicos y con declaraciones desmesuradas. Y no precisamente sobre la urgencia de extremar los controles, consensuar reformas o evitar prácticas irregulares. Sólo para echar más leña al fuego del descrédito de la instituciones y de la antipolítica, un terreno peligroso para la convivencia. Ni siquiera el PP tiene claro en estas horas, a pesar de su grandilocuencia declarativa, que la estrategia beneficie a su marca el próximo domingo. Más bien hay quien teme que engorde la saca de votos de la ultraderecha de Vox, como detectaron en sus sondeos internos que pasó la semana pasada con su apocalíptica narrativa sobre las listas de Bildu.
Demasiado tarde ya para rectificar cuando apenas quedan 24 horas para que acabe esta agónica y sucia campaña. El lunes, cuando despertemos y el recuento esté hecho, nadie hablará de Mojácar ni sus vecinos tendrán ya cabida en los informativos nacionales.
Lo dicho: les está quedando una campaña preciosa pero nada aseadita.