La dimisión de Grande Marlaska debería ser inminente si viviéramos en un país donde las vidas migrantes no blancas valieran lo mismo que el resto de vidas. Pero no es así. Lejos de asumir sus gravísimas responsabilidades, este miércoles, en su tardía comparecencia en el Pleno del Congreso para explicar la masacre de Melilla de aquel infame 24 de junio, el ministro del Interior volvió a justificar el accionar coordinado de los gobiernos de España y Marruecos como proporcionado y dentro de la legalidad. Ni siquiera aclaró si las decenas de asesinatos se dieron en suelo español –datos del catastro dicen que sí pero Interior lo niega– y no se cortó un pelo en criminalizar una vez más a quienes migran, tildándolas de violentas y de amenaza para la seguridad pública.
Se han tomado su tiempo, como si no fuera un tema de Estado de máxima gravedad y una cuestión de derechos humanos impostergable. Tres meses de indolencia han pasado y en ese tiempo los españoles se han ido y han vuelto de vacaciones sin que se sepa aún los resultados de las investigaciones, sin una cifra clara de los fallecidos, con seguridad más de 30 personas, aunque hay quienes hablan de más de 70. En el camino se han tumbado tres investigaciones solicitadas por grupos parlamentarios. El gobierno marroquí no ha dejado acceder a la zona donde ocurrió parte de la masacre y es evidente que se ha ocultado información. Hemos oído los relatos de brutalidad policial, la falta de autopsias y las prisas que tenía Marruecos por comenzar a enterrar cadáveres. Hace unos días este mismo país prohibió la entrada de tres eurodiputados y observadores internacionales a sus fronteras desde Melilla. Lo que ocultan España y Marruecos no es otra cosa que su bárbara corresponsabilidad en estas muertes.
Nosotros no olvidamos las imágenes de personas acorraladas, cuerpos desgarrados y apilados como animales en un camal. Tampoco las palabras de Sánchez “bien resuelto” y sus elogios a las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Así sangran las fronteras de este país y nada cambia.
En el bochornoso pleno del miércoles, los diputados del PP y los del PSOE parecían comparar sus respectivas masacres en las fronteras y ponerse medallitas por matar menos o por ser más transparentes. Lo cierto es que aunque el Gobierno en boca de sus diputados finja empatía con el “gran viaje del migrante hacia una vida mejor”, en la práctica actúa como la ultraderecha en materia de migración practicando devoluciones ilegales y violando convenios internacionales. En la masacre de Melilla se han violado todos. Se han negado derechos elementales y desprotegido a quienes sufren las políticas neocoloniales que aplica el norte sobre el sur.
¿Justicia? ¿Reparación? ¿Respeto por las víctimas? ¿Autocrítica? Ninguna. Mucho morro más bien. Mucho cinismo hay que tener para decir que los medios de represión que se usaron fueron idóneos, cuando decenas murieron en la avalancha, entre palizas, pelotas de goma y gases. Marlaska ha seguido hablando de 1700 personas organizadas con palos y piedras y manejadas por mafias atacando suelo español. El Gobierno de España que tiene a Marruecos como su socio-brazo ejecutor –que entra y sale por lo visto en su territorio para cazar personas– ni siquiera se preocupó por averiguar si había entre los que saltaron gente que podía ser refugiada por correr peligro y los devolvieron sin más. Todo está mal con la ley de extranjería, todo está mal cuando a las personas les separa de sus derechos una valla asesina. Mientras tanto, en este país minado de racismo, siguen llegando ucranianos a Pozuelo para ser refugiados, pero muchos que no tienen el privilegio de haber nacido blancos no llegarán vivos a Melilla.