El Dispositivo Ciudadano 15mPaRato se constituye en mayo de 2012 con el objetivo de iniciar un proceso penal contra Rodrigo Rato y los consejeros de BFA-Bankia por la salida a bolsa de la entidad, a todas luces plagada de irregularidades.
En apenas dos semanas, se elabora la web, se crean perfiles en redes sociales, se consigue la financiación a través de un “crowdfunding” en la red y se encuentran accionistas afectados dispuestos a otorgar sus poderes para iniciar el proceso.
Este elemento, la intervención de accionistas, no fue casual. Se criticó en su inicio que 15mPaRato no hiciese uso de la “acción popular”, como el partido político que está personado también en el caso, y se decantase por la “acusación particular” (de ahí la necesidad de contar con accionistas).
Sin embargo, el uso de una en detrimento de la otra fue completamente deliberado y respondía a una estrategia procesal. En primer lugar porque sospechábamos que nos iban a poner todas las dificultades posibles para admitir nuestra querella y personarnos en el proceso. Mediante la acusación particular, nos encontraríamos en mejor derecho, legitimados completamente y a salvo de obstáculos como una posible oposición del fiscal a nuestra personación. De hecho, aún utilizando esta fórmula, el fiscal se opuso, pero el juez no tuvo más remedio que admitir nuestra querella, que redactamos y presentamos en tiempo récord.
Pero la participación de accionistas nos brindó una oportunidad más interesante aún. Tres de los accionistas a los que incluimos en la querella habían conseguido sus acciones mediante canje de preferentes de Bankia. A pesar de no versar el juicio sobre participaciones preferentes, introdujimos en nuestra querella una petición al juez, una diligencia previa, consistente en reclamar a Bankia información sobre las series de preferentes comercializadas por las cajas que se las vendieron a los accionistas a los que representábamos, en las fechas en las que Bankia salió a bolsa. El juez estimó la petición y abrió esta línea procesal, a pesar de que el resto de las partes, acusaciones y defensas, no comprendían por qué realizábamos esa jugada.
Lo cierto es que desde 15mPaRato ya estábamos familiarizados con la posible estafa de las participaciones preferentes. Sospechábamos que consistía en un timo generalizado, orquestado por la banca para recapitalizarse, que diversos organismos públicos debían conocer y que, pese a ello, no habían actuado según su deber de proteger a los clientes de las entidades, a las personas. De esta forma, consideramos que el proceso al Consejo de Administración de Bankia era una ocasión inmejorable para, a través de la investigación judicial, obtener las pruebas que necesitábamos para demostrar la estafa.
Básicamente, había que probar que nunca existió un mercado regulado, legal y supervisado de participaciones preferentes, y que todas las posibles ilegalidades cometidas estaban siendo encubiertas por los Gobiernos, primero el del PSOE y luego el del PP. Este último despachó, además, sendas reformas financieras (31 de agosto y 14 de noviermbre de 2012) que limitaban la capacidad de actuación de los afectados en los tribunales. Es más, en atención a las noticias que surgían durante el verano pasado acerca del rescate a los bancos españoles, al Memorandum de Entendimiento con la Troika y a la extraña dilación con la que dicho rescate llegaba (lo anunciaron antes de verano, pero se retrasó hasta casi octubre), dedujimos que se estaba presionando al Gobierno español para que hiciese estas reformas, con el objetivo de detener el creciente número de demandas judiciales contra los bancos y, de este modo, no poner en riesgo el pago de intereses y capital del rescate. En definitiva, se estaba utilizando el Memorandum de Entendimiento para saltarse la legalidad vigente.
Nos enfrentábamos a unos criminales muy poderosos, con el arma más mortífera: el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Conforme iba desarrollándose la fase de instrucción del caso Bankia, continuamos pidiendo información e investigando la legislación y los mercados de preferentes. Así descubrimos que la primera regulación legal que se hace de las mismas fue en 2003, precisamente cuando Rodrigo Rato era Ministro de Economía. Por su parte, el juez iba concediéndonos todas las informaciones que requeríamos, ante la sorpresa del resto de las partes, que seguían sin comprender hacia dónde íbamos y hasta dónde queríamos llegar.
De esta forma, observamos que Bankia cesó de comercializar preferentes en Noviembre de 2011 y que, hasta entonces, el valor de las mismas, las condiciones de venta y sus intereses, apenas habían variado durante muchos años. Este hecho era bastante sospechoso, pues es difícil que un mercado con miles de compradores y vendedores se comporte así, más aún en plena crisis financiera.
Repasando los comunicados de Bankia en fechas cercanas a ese noviembre de 2011, encontramos una mención, como hecho relevante, a una comunicación de la CNMV que, según la entidad, causó el cese de operaciones con participaciones preferentes. Exactamente se detuvieron el 14 de noviembre de 2011, y permaneció cerrado el mercado hasta abril del siguiente año, cuando reabrió con una bajada del valor repentina, al 75% del mismo, es decir, una pérdida del 25% para los preferentistas. Curiosamente, ese 75% era el mismo valor que Bankia ofrecía a los preferentistas para realizar el canje por acciones del banco.
Si el precio de las preferentes lo regulaba el mercado, las ofertas y demandas, por lo menos debió haber una operación en abril de 2012 realizada a ese precio, al 75% del valor. Al no encontrarla, sospechamos que era una maniobra deliberada de la propia Bankia, destinada a meter miedo a los preferentistas, con la excusa de que sus participaciones se desplomaban, para que aceptasen el canje por acciones y así obtener financiación.
Siguiendo ya esta buena pista, de repente la CNMV remite recientemente el informe que ha sido publicado en eldiario.es y en el que viene a confirmar todas nuestras hipótesis. Un informe que, en un país democrático, en un Estado de Derecho, conllevaría la inmediata dimisión de buena parte de los máximos responsables del Ministerio de Economía y de organismos como el Banco de España y de la propia CNMV. Este demoledor informe lo remite la CNMV al juez gracias a la estrategia procesal desarrollada desde 15mPaRato como acusación en el caso y, además, lo hace en el momento oportuno ya que, de no haberle solicitado al juez estas actuaciones, los posibles delitos hubieran prescrito a los dos años desde su comisión, es decir, en abril de este año. Lo cogimos justo a tiempo.
Las repercusiones de dicho informe no tardarán en producirse, tanto en forma de querellas masivas contra los bancos comercializadores de preferentes, como en presión social contra el gobierno por encubrir (ahora favoreciendo arbitrajes, canjes y quitas) una estafa de miles de millones que afecta a cientos de miles de ahorradores y a sus familias.
Pero todavía queda mucha tela que cortar, sobre todo tras descubrir que el cierre del mercado de las preferentes que hace Bankia a mediados de noviembre de 2011 fue ordenado por la CNMV un mes antes, que Bankia no comunicó nada a sus clientes y que, en ese mes, se multiplicaron las operaciones. ¿Quiénes vendieron y con qué información? ¿Cuánto beneficio obtuvieron y a costa de quiénes?
Aún quedan muchos cabos por atar, pero no nos dejaremos ni uno suelto.