Cataluña y el Estado de Derecho

En 2008 publiqué en el periódico más vendido del País Vasco un artículo contra la tortura. Contra toda, pero especialmente contra la que sufrieron no pocos detenidos de ETA. La línea argumental consistía en darle la vuelta a la versión oficial (u oficiosa) sobre el asunto. Tal versión sostenía que, dado que somos un Estado de Derecho, entonces no podía haber tortura. Yo alegaba que, muy al contrario, un Estado de Derecho no se caracteriza porque resulte metafísicamente imposible que en su interior las fuerzas de seguridad se salten la ley, sino más bien porque en su seno laten dispositivos legales que posibilitan perseguir cualquier actividad criminal, también la realizada por las fuerzas del orden. Son tales dispositivos los que explican que la tortura y los abusos policiales se tornen menos probables en una democracia que en un régimen autoritario. 

Por ello –proseguía– el sentido correcto de la línea argumental no era el habitual “no hay tortura porque somos un Estado de Derecho”, sino el inverso: “Si no hay tortura, entonces somos un Estado de Derecho”. Sobra decir, por lo demás, que la de la tortura es una cuestión de grado, no de clase, y ahí citaba a organismos que, por entonces (no sé ahora, ojalá hayamos mejorado), nos dejaban en muy mal lugar. Tanto organizaciones oficiales (nada menos que la ONU y la Unión Europea) como no gubernamentales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras) arrojaban sobre nuestro país una siniestra sombra de sospecha, y eso, concluía, debería hacernos recapacitar.

Me he acordado de aquel texto porque hoy observo un juego de justificaciones casi idéntico en torno a la cuestión del denominado lawfare. Muchos parecen abrazar la tesis oficial (u oficiosa) según la cual, “dado que somos un Estado de Derecho, entonces no puede haber lawfare”. Pero, de nuevo, tal afirmación se reduce a una petición de principio completamente circular y vacía que no solo imposibilita, sino que, además, desacredita cualquier tipo de tentativa de contrastación empírica, condenándola a la hoguera del antipatriotismo, del resentimiento o de cualquiera de los novedosos rostros de la anti-España. Porque, por encima de moralismos y sofismas, de lo que se trata es de comprobar si, en la medida que exista lawfare, nuestro Estado de Derecho lo detecta y lo combate con eficacia. 

Por descontado, es complicado descubrir el lawfare. Con la tortura y otras violaciones de Derechos Humanos existen no pocas organizaciones internacionales dedicadas a su vigilancia y denuncia, pero con el lawfare todo es más complejo. Contamos, sin embargo, con dos indicios considerablemente sólidos. Los dos tienen que ver con Europa. Uno con “Europa horizontal” y otro con “Europa vertical”. Me explico.

Horizontalmente, todos los Estados de Derecho europeos que se han pronunciado sobre los aspectos judiciales relativos al denominado procés han protegido a los políticos catalanes frente a los requerimientos del Estado de Derecho español. Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica y ahora Suiza, que ha llegado a interesarse por el “carácter político” de las pesquisas de un juez español, han rechazado entregar a los independentistas que los jueces españoles les solicitaban. 

Este primer indicio es especialmente relevante. Primero, porque todos esos países son “Estados de Derecho” con igual, si no mayor, razón que nosotros. Y, segundo, porque se trata de delitos especialmente graves, penados con muchos años de cárcel. Si Tejero se hubiera refugiado en cualquiera de esos países, nadie duda de que habría sido inmediatamente extraditado. La reticencia, comúnmente compartida por cinco Estados democráticos europeos, tiene que ver (les ahorro las florituras jurídicas) con el hecho de que ninguno ve en el relato de los hechos, tal y como lo exponen los jueces españoles, nada delictivo. Es muy extraño, por no decir muy grave, que tantos Estados de Derecho no vean ningún delito en unos hechos en los que nuestro Tribunal Supremo llegó a ver, siquiera indiciariamente, “Rebelión” –uno de los delitos más penados del código penal– y en los que un juez español observa ahora nada menos que “terrorismo”. La apreciación judicial de los hechos admite cierto margen de subjetividad, pero resulta incomprensible que unos vean inocencia donde otros ven 30 años de cárcel. Y es muy revelador que se trate de delitos que tienen que ver con la política, no con la propiedad privada, la libertad sexual, u otros valores que todas las democracias comparten. 

Verticalmente, y aunque algunos parezcan haberlo olvidado, lo cierto es que el Estado de Derecho español no es solo español, es también europeo. Hay tribunales europeos cuya jurisdicción, de acuerdo a la legalidad española libremente adoptada por nuestro Parlamento, se sitúa por encima del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional españoles. Aunque de momento es pronto para saber qué dictaminarán, no lo es para asegurar una evidencia: en cuanto ideal legitimador, el paradigma del “Estado de Derecho” podrá esgrimirse tan solo al final de todo el proceso jurídico, y ese proceso se encuentra todavía abierto. Es solo una opinión, pero yo al menos creo que varias de las reclamaciones que los políticos catalanes han elevado a tales tribunales van a ser atendidas. Veremos. 

Ambos indicios –horizontal y vertical– señalan que el funcionamiento de los Tribunales españoles a lo largo del “proceso al procés” ha resultado anómalo. La palabra que he utilizado al principio ha sido lawfare. Con todo, y perdonen el giro final, a mi juicio lo que ha ocurrido no ha sido estrictamente lawfare. Ha sido algo diferente, tan diferente y específicamente español que quizás no tenga ni nombre. Yo lo denominaría “justicierismo”. Pero eso, me temo, da para otro artículo…