Saltan chispas en el Parlamento de Andalucía. Susana Díaz no ha conseguido, ni a la primera, ni a la segunda, salir investida como presidenta de la Junta. La maquinaria comunicativa del PSOE andaluz lleva ya varios días preparando el mensaje para una eventual repetición de las elecciones: Andalucía -dicen- está paralizada por los partidos que se niegan a apoyar a Susana como Presidenta.
Los andaluces estamos mal acostumbrados. Tener a un solo partido en el Gobierno desde que se restablecieron las elecciones en España ha hecho que ese partido se haya mimetizado con la Administración Pública, hasta el punto en el que no se sabe si algunos organismos y cargos funcionan al servicio de la Comunidad o del partido que gobierna. Además, como reitera el propio PSOE-A, el Parlamento vive paralizado hasta que no se constituya el Gobierno, invirtiendo el orden lógico que marca cualquier doctrina jurídica y teórica. En el constitucionalismo contemporáneo –y en los últimos más de 200 años– el Poder Ejecutivo es resultado del Poder Legislativo. Pues en Andalucía, por lo visto, es al revés.
Muchos de los mensajes de la maquinaria comunicativa del PSOE-A van dirigidos a minar la imagen de Podemos. La joven formación puso encima de la mesa tres concretas condiciones para iniciar una negociación de investidura, pero parece que al partido de Susana le costaría tanto cumplirlas que no para de buscar excusas para evadirlas esquivando cualquier tipo de responsabilidad.
Una de esas condiciones era disponer de un listado completo de todas las cuentas bancarias de la Junta de Andalucía, con el objetivo de analizar cuáles están depositadas en bancos que desahucian sin ofrecer una alternativa habitacional y, si no están sujetas a ningún otro contrato de permanencia, moverlas a otras entidades bancarias para generar presión a estos bancos.
Pues bien, parece que al PSOE-A le está dando un dolor de cabeza terrible esta propuesta, dado que ha puesto a todo el cuerpo de Letrados de la Junta a intentar derrumbar la legalidad de la medida. Ciertamente da pena y enfada ver a un cuerpo de juristas tan preparado teniendo que hacer encaje de bolillos para poder respaldar una posición de un partido, ya que su informe no se sostiene jurídicamente, por mucho que los medios más afines al PSOE repitan el mantra. No en vano, ni es la primera vez que se han movido cuentas públicas por motivos similares, ni el propio PSOE se escapa de haberla promovido ya.
No, no es la legalidad de la medida el problema. Resulta que el régimen fiscal de la Administración Pública Andaluza tiene una peculiaridad que sólo comparte con la del País Vasco –que tiene un régimen fiscal completamente diferente–, y es que toda la Administración funciona con un solo Código de Identificación Fiscal (CIF), concretamente el s4111001f. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuentas de muchos colegios, institutos y universidades, hospitales y agencias de la Junta se mueven por el mismo CIF, que funciona a modo de “caja única” de cara a Hacienda.
Hasta hace no mucho, este peculiar sistema no había traído muchos problemas, sin embargo, desde el cambio de Gobierno en 2011 y tras las últimas reformas de Montoro en materia fiscal, nos encontramos con muchos casos como el del coro del IES Las Encinas, del pueblo sevillano de Valencina, que no pueden hacer efectivo un premio nacional de coros de 6.000 euros (¡ni siquiera sufragar los gastos de viaje en los que incurrieron para asistir!) debido a que este sistema de caja única a través de un único CIF dificulta hasta el extremo el cumplimiento de los requisitos de la Ley General de Subvenciones.
A raíz del caso de este coro de instituto, han salido a la luz otros casos (se cifran en más de 200) de premios y subvenciones (incluyendo europeas) que no se están abonando por razones similares. La Junta culpa al Gobierno central, el Gobierno central reta a la Junta a que actúe en vía judicial si observa cualquier ilegalidad, pero son las andaluzas y los andaluces los que al final están pagando el pato.
¿Qué hay debajo de ese CIF? ¿Es posible que el PSOE-A esté utilizando el sistema de caja única para seleccionar los pagos de las subvenciones, independientemente de que sean finalistas y destinadas a objetivos concretos? Las preguntas y las suspicacias se disparan, sobre todo, porque no hay manera de levantar esa alfombra con número s4111001f; porque, cuando aparecen iniciativas como la de Podemos, que parte de poner encima de la mesa todas las cuentas de la Administración, se buscan toda justificación posible para no hacerlo.
Imagínense poder acceder a cualquier cuenta pública desde su propia casa, ver los movimientos, ver a qué se destina el dinero de todos, dónde hay números rojos, dónde va cada partida y cada subvención, cómo se ejecutan los Presupuestos Generales... Todo esto debería ser una obligación para cualquier Administración Pública que se considere transparente. Andalucía, muy por el contrario, se parece más a un cortijo en la manera en la que se ha administrado durante largos años. Así, es muy normal que cualquier partido tenga reparos en hacer presidenta a la continuadora de la monarquía feudal que representa el PSOE-A.