Desde hace un par de años no dejan de pasar cosas sorprendentes en mi ciudad. Creo que todo comenzó cuando quien había sido elegido alcalde tuvo que abandonar el cargo al ser condenado por delitos económicos. Cuando se celebraron las elecciones toda la ciudad sabía que estaba denunciado por Hacienda y conocía sus increíbles actuaciones empresariales, y aún así ganó las elecciones. Desde entonces en distintos sumarios han sido imputados absolutamente todos los concejales de su mismo partido, el PP, incluido el nuevo alcalde. También un concejal socialista que formó parte del anterior gobierno municipal, una mayoría formada por el PSOE y el BNG.
En una situación muy parecida se encuentran hoy cuatro de las siete ciudades gallegas. Sus alcaldes, dos populares y dos socialistas, se acogen a la misma explicación que la Infanta: no sabía nada de lo que ocurría en su casa. Éstos dicen que no sabían nada de lo que hacían sus personas de confianza y sus concejales. Nos lo tenemos que creer.
Todo comenzó hace unos años a raíz de una investigación sobre trata de blancas en Lugo, la “operación Carioca”. A partir de las escuchas telefónicas aparecieron indicios de una red de corrupción con muchas ramificaciones. Sin duda, las juezas, la policía judicial y de aduanas hicieron un trabajo de investigación monumental que causó y causa temor en empresas, en la judicatura y, desde luego, en los dos partidos que forman el eje de la política del estado. Solamente en el “concello” santiagués fueron intervenidos alrededor de treinta teléfonos y sus oficinas fueron registradas dos veces. Cosas parecidas en los otros tres y en alguna oficina de la Xunta.
Si esos entramados se encuentran en ciudades medianas o pequeñas lo que no encontraría algún juez que hiciese lo mismo partiendo de las irregularidades que son conocidas en los ayuntamientos de ciudades como, por ejemplo, Madrid o Valencia. Imaginen que se pinchase un número de teléfonos proporcional al tamaño de la ciudad de concejales y empresarios que facturan a la administración local. Imaginen qué cantidad de porquería no circula por esas cañerías y lo que se conocería, conversaciones de parecido tono a las de la “Gurtel”. No estaría mal que otros jueces y juezas hiciesen lo mismo en otras ciudades que lo necesitan, pero eso es lo que está ocurriendo estos meses en Galicia. Y nadie dimite.
En España está siendo investigado el partido que formó Gobierno, desde su Presidente hasta abajo, por corrupción. Y nadie dimite. Leemos las transcripciones de las conversaciones entre compinches, los trapicheos de pequeños y grandes delincuentes, no se les puede llamar políticos pues son puramente pillos a pillar, y como no creemos que la jueza o los policías hayan trucado las grabaciones no queda más remedio que aceptar que ésa es la realidad: actúan como una banda organizada siguiendo la jerarquía del partido.
Y, tras leer las transcripciones y oír sus voces en la radio negociando soezmente chantajes y chanchullos, nadie puede ignorar esa realidad. Ellos no van a dimitir y nosotros debemos aceptarlo: debemos aceptar que nos gobiernan corruptos. Unos corruptos que nos insultan en la cara contando lo que nosotros sabemos, y ellos saben que lo sabemos, que son mentiras. Nos llaman estúpidos. Vota y calla.
No hay duda de que hay una correspondencia entre la sociedad que escoge para los cargos a gente que se comporta así y sus representantes políticos, a esa gente la eligió la sociedad sobre otras posibilidades. La explicación sería una suma de causas estructurales y coyunturales pero su decisión fue esa. Sin embargo, ni siquiera una sociedad tan confundida como para elegirlos los merece.
Porque los responsables políticos tienen una responsabilidad absoluta y cuando los corruptos nos obligan a aceptar que la corrupción debe ser aceptada por la moral social entonces son corruptores.
Nos encontramos gobernados por corruptos, mentirosos y corruptores de la sociedad. Ésa es esta España y toda la purpurina interesada no consigue tapar tanta mierda.