Las cosas se han ensuciado ya tanto en la conversación pública que da igual que hable un delincuente (presunto), que se aporten o no pruebas de lo que denuncia o que tras una minuciosa declaración ante un juez haya una estrategia de defensa que tiene como objetivo que el declarante salga de la cárcel. Hace tiempo que el respeto a los tiempos procesales dejó de importar, que la verdad es relativa y que las sentencias se dictan antes en el Parlamento y en los medios de comunicación que en los tribunales de justicia. Y esto vale para todos. Políticos de todos los colores y periodistas con distintas sensibilidades.
Lo relevante de la declaración de este jueves del empresario Víctor Aldama no es lo que ha declarado, sino lo que pueda demostrar de todo cuanto ha relatado. En todo caso, para cuando eso ocurra, o no, todos aquellos a los que ha implicado en la trama Koldo se desayunaran durante días titulares a toda página de los periódicos, aperturas de informativos y varias horas de tertulias televisivas con sentencias condenatorias. El daño ya está hecho y el objetivo cumplido: esparcir basura contra un Gobierno con varios frentes ya de por sí abiertos.
La debilidad parlamentaria, la estrambótica investigación judicial abierta contra Begoña Gómez, la permanente entropía entre los socios… Cada día, un Vietnam sobre la mesa del Consejo de Ministros. Y, aunque el Gobierno esta semana ha salido finalmente airoso de la finta del PP en Bruselas para dilatar –con escaso éxito y un ridículo clamoroso de Feijóo– el nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea y también de la votación sobre el paquete fiscal tras una inusual negociación, hay quien ya da por sentado que la confesión del presunto delincuente Aldama es la puntilla que hará caer al Gobierno e incluso que Sánchez es la X de la organización corrupta. Da igual que el susodicho tenga ahora que demostrar con pruebas, y no con palabras, las acusaciones que ha vertido contra el presidente, contra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o contra el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno, a los que ha acusado de cobrar mordidas.
De momento, los afectados han anunciado acciones legales contra Aldama. En concreto, Cerdán asegura no haber visto “jamás en mi vida” al denunciante, pero quienes sin ser letrados ejercen de exégetas de las leyes y hasta de la democracia ya han determinado que todo está corroborado y que si la declaración del que fuera cabecilla de la trama no tiene consecuencias inmediatas, España transita hacia otro régimen. Ahí es nada. Resulta que a un delincuente confeso no se le puede llamar tal porque te planta una querella y a quien se acusa sin pruebas y ni siquiera ha sido imputado en una investigación judicial hay que igualarlo a un dictador porque no presenta su dimisión de forma inmediata después de que un ciudadano en prisión preventiva haya dicho del presidente “fue él quién se acercó a mí para pedirme una foto y me dio las gracias”. ¡Vamos anda!
Que Santos Cerdán estaba en el punto de mira de quienes integraban la trama corrupta por haber sido quien ejecutó la expulsión de José Luis Ábalos del PSOE es un hecho indubitable como lo es también que la petición de Aldama de declarar voluntariamente llega a una semana vista del Congreso Federal del PSOE. De hecho, los dirigentes socialistas fueron advertidos hace semanas de que la bomba de neutrones lanzada por el empresario buscaba, además de su puesta en libertad a la espera de juicio, dinamitar el cónclave y, de paso, echar tierra sobre la continuidad de Cerdán en la dirección socialista.
“España merece algo mejor. Merece ser un país en el que los delincuentes confesos no marquen la agenda política. Mancillar el buen nombre de personas no puede salir gratis. No nos vamos a dejar pisotear. No van a vencernos con mentiras y calumnias. Háganse a la idea”, espetó el número tres del PSOE desde la tribuna del Congreso en alusión a un Feijóo que ha pasado de no ser presidente del Gobierno porque no quiere a ponerse a disposición de los socios de Sánchez para una moción de censura. “Nadie en su sano juicio pasaría de la agonía al infierno”, le respondió el abertzale Jon Iñarritu. “Sería una buena ocasión para que el líder del PP planteara una alternativa de gobierno que no se conoce”, apostilló no sin ironía Sánchez. En el fondo, el presidente del Gobierno sabe que a su oponente, hoy por hoy, siguen sin darle los números y que plantear ese recurso, justo el día que Sánchez salvaba un nuevo match ball en el Congreso con la aprobación del paquete fiscal y todos sus socios votando juntos, convertía el ofrecimiento de Feijóo en un ejercicio baldío y además ridículo.
En efecto, nada es casualidad en el proceloso mundo político-judicial, lo que no quita que Sánchez, Cerdán, Montero, Torres o quien sea menester tengan que dar explicaciones detalladas, y no como acostumbran en un pasillo a golpe de improvisados canutazos. Las aclaraciones nunca sobran, lo que sobra son los eslóganes. Mucho más en un momento en el que la confianza en los políticos está bajo mínimos y algunos tratan de esparcir a diario el virus de la antipolítica y el “todos son iguales” que tanto daño hace a las democracias.