“A veces se trata de hablar de conspiraciones que no existen para ocultar las que existen”
Pareciera viendo informativos televisados que la batalla de la sociedad española actual se librara sombrilla a sombrilla o que ocurriera entre mesa y mesa en una terraza o que la lucha fuera lograr abrir al libre albedrío del virus los más extravagantes negocios. En eso nos tienen, pero existen otros frentes, otros espacios en los que se rinde batalla, menos refrescantes pero no menos importantes para el poder que la reactivación de la economía.
El espacio de batalla sigue siendo para muchos la caída del Gobierno y, dentro de esa gran pelea, la utilización que de los tribunales pueda hacerse para conseguir el objetivo. Por eso, la admisión o inadmisión de las 15 querellas y las 36 denuncias interpuestas contra el Gobierno o alguno de sus miembros, abre unas expectativas de refriega que algunos no están dispuestos a dejar pasar. El envío por parte de la Sala de lo Penal a la Fiscalía para que informe de su postura sobre esas admisiones está produciendo curiosos movimientos de mar de leva que me permito observar con una ceja levantada, como toda escéptica.
No se si habrán reparado en el curioso y nada común hecho de que algunos individuos asentados en el poder estén mostrando su espíritu más enredador y libertario, es más, que estén pugnando por volver asambleario el funcionamiento de instituciones asentadas en el polvo sedimentado del Estado. Puede que no lo hayan hecho porque los fiscales asamblearios, los que quieren convertir la Fiscalía en una especie de gran Puerta del Sol en la que sentarse a dirimir las posiciones respecto a esos casos, están sacando la patita como suelen, tirando la piedra y escondiendo la mano.
Lo cierto es que ya existe una decisión y es que la fiscal general del Estado se ha apartado de cualquier conocimiento de los mismos, como ya hizo con el Caso Franco y el 8M, y será el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, número 2 de la carrera fiscal quien se ocupe de informar estas causas asistido por la Secretaria Técnica que dirige Álvaro García. Lo que se ha venido haciendo siempre. Luis Navajas, a punto de jubilarse, se ha encargado en persona de las causas especiales. Así pidió el archivo de la querella contra Casado por el famoso máster como lo hizo para que no se aceptara una querella por las anomalías en el proceso de cambio de la carrera judicial a la carrera fiscal de Sofía Marchena, la hija de Manuel Marchena. Fue mano derecha de Maza en el asunto catalán y compartió sus teorías.
Luis Navajas es un fiscal conservador y técnico y nada sospechoso de ir a rebufo de los intereses del gobierno socialista, sobre todo ahora que le quedan meses para jubilarse. Piensan ustedes que debería parecerle perfecto a los más conservadores de los conservadores para estudiar eso de si hay que admitir las querellas contra el Gobierno. ¡Pues resulta que no! Si vamos siguiendo las miguitas que de forma anónima van vertiendo en los medios de comunicación de derechas “dentro de la Fiscalía hay voces autorizadas”, no sabemos por quién, que creen que esto es un atropello.
No se extrañen ni se confundan, esto tiene toda la lógica. El Derecho es un arma política como casi todo lo humano. La versatilidad de las ciencias humanísticas siempre ha hecho que un jurista listo lo mismo te viste a san Cosme que a san Damián, es decir, que hay argumentos y teorías para interesar cualquier cosa si no te convence la solución más evidente que es aquella que darías si el asunto no rozara siquiera al poder. Así que ahora unos fiscales del Tribunal Supremo que son “autorizados” quieren cambiar la forma de hacer las cosas y el sentido de algunos órganos para conseguir que la Fiscalía se convierta en un órgano democrático asambleario en el que ellos puedan meter baza.
Por eso han empezado a contarle a los periodistas acríticos, por pura ignorancia jurídica, que les suelen servir de correa de transmisión que esto “hay que llevarlo a la Junta de Fiscales de Sala”, de la que no nos cabe duda que los susodichos forman parte y que tiene mayoría no ya conservadora sino antigubernamental. Lo que proponen se lo sacan del conejo, perdón, de la chistera. La Junta de Fiscales de Sala no está llamada a decidir en asamblea qué hace la Fiscalía en un caso concreto sino que su misión es asesorar al fiscal general, si esto lo pide, “en materia doctrinal y técnica para la formación de criterios de interpretación y resolución de consultas” según se explaya la Instrucción 1/2019, amén de para dirimir los casos del artículo 27 del Estatuto Fiscal.
He de decirles que en el año 2016, bajo mandato de Consuelo Madrigal, se reunió una sola vez en junio para unificar criterios sobre el ingreso de menores con problemas de conducta en centros. Por supuesto, jamás nadie reunió tal Junta de Fiscales de Sala para ver que se hacía ni con Casado ni con el procés ni con ningún caso concreto pero ahora quieren que se haga para poder meter baza ellos, incluida Consuelo Madrigal.
En Madrigal hay que pensar como “voz autorizada” porque en pleno confinamiento escribió un artículo en el que no dudaba en considerar el ejercicio del poder del actual gobierno como ilegítimo. Tampoco hay que olvidar que ayer mismo, Javier Zaragoza, en una polémica conferencia en el Colegio de Abogados de Barcelona manifestó que “debe limitarse el poder del fiscal general” y “reforzar la presencia de órganos colegiados como…la Junta de Fiscales de Sala”. Así que no se extrañen de que los periodistas que hacen el trabajo de otros estén siendo usados por los ventrílocuos para insinuar que si ellos no meten baza será un escándalo.
Son así de cobardicas porque lo que es oficialmente y dentro de la Fiscalía no han realizado petición alguna ni cuando se han reunido con la propia fiscal general. Tiran la piedra y esconden la mano. Ya lo hicieron en torno al informe sobre Franco y el 8-M. Quieren tocar poder en estas cuestiones, no sé si porque ya se han curtido en derribar gobiernos más pequeños y quieren probar ahora con el grande, o por cuestiones más prosaicas como son sus propios futuros y las expectativas de sus propias carreras.
El resumen de tan aparentemente enrevesada historia es que algunos quieren tener la oportunidad de meter las manos en el pastel y de poner en un brete al Gobierno. Saben hacerlo. Sucedió ya, por ejemplo, con la juez Victoria Rosell. Luego todo queda en nada pero les has dejado sin acta de diputados o sin ministerio y luego siempre hay alguien que te lo premia.
El espacio de batalla lo quieren llenar togas que, como decirlo, lo están deseando.