El artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa y de culto, prevé también que ''ninguna confesión tendrá carácter estatal'', así como que ''los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones''.
Mucho se ha escrito y opinado sobre la calificación que corresponde a este Estado con base en dicha previsión constitucional, esto es, si se está dibujando un Estado aconfesional o un Estado laico. Diferencia que no es baladí, ya que, si bien ambos parten de la no adscripción del Estado a una confesión, del no reconocimiento de una Iglesia como oficial del Estado y de la existencia de espacios autónomos de actuación para el Estado y para las Iglesias, la laicidad se basa en la autonomía y separación plena entre Estado e Iglesias, en tanto que la aconfesionalidad también parte de esa autonomía, pero prevé relaciones de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas siguiendo diversos criterios distintos posibles.
Y luego está la imaginativa y, a mi juicio, excesivamente ''optimista'' ''tercera vía'' de la doctrina del Tribunal Constitucional que, en su Sentencia 46/2001, razonó en el sentido de considerar que la Constitución plasma la idea de aconfesionalidad o ''laicidad positiva'', en terminología también utilizada por, por ejemplo, el anterior Papa de la Iglesia Católica Benedicto XVI, que apeló a ella como desiderátum de regulación de un Estado ''sanamente laico''.
Nuestro entorno sociopolítico es, en este terreno, muy variado, con opciones constitucionales muy diversas, desde el diseño de un Estado laico puro únicamente Francia, al que se acercan los Países Bajos desde 1983, siendo Estados aconfesionales los restantes, con peculiaridades muy importantes en el Reino Unido o Dinamarca.
Pues bien, con independencia del texto constitucional y de las interpretaciones que puedan darse al mismo teniendo en cuenta este contexto internacional, lo cierto es que hoy resulta imposible afirmar que España sea, en la realidad de hecho, un Estado aconfesional y, desde luego, menos aún, laico.
Viene todo esto a cuento a propósito de lo acontecido el pasado 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol –en terminología oficial según el último calendario laboral en que era festivo, el de 2019– y, concretamente, en el acto denominado ''Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago'', que tuvo lugar en la Catedral de Santiago de Compostela, todo ello, según se describe en la web oficial de la Casa Real, acto al que también asistió alguna representante del Gobierno de España y también la más alta representación de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Existe desde hace tiempo un debate importante sobre la presencia y participación de autoridades y representantes públicos en actos públicos religiosos, debate relacionado con la no confesionalidad del Estado y con la necesaria neutralidad de los poderes públicos en relación a las distintas confesiones religiosas. Y lo cierto es que, en este terreno, ningún Gobierno, ni del PSOE ni del PP ni el actual de coalición entre PSOE y UP, han cambiado la situación, ni lo han hecho tampoco los Gobiernos autonómicos, al menos, no en Euskadi, Comunidad que conozco mejor, ni muchos Gobiernos de la administración local.
Hemos asistido también a ejemplos en mi opinión esperpénticos de altos cargos políticos invocando a figuras religiosas católicas, como la Ministra de Empleo Fátima Báñez, en 2012, agradeciendo a la Virgen del Rocío su ayuda para salir de la crisis, o a la Alcaldesa de Madrid Ana Botella pidiendo en 2014 a la patrona de la capital que el trabajo siga en aumento y llegue a todos, o al Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz condecorando a varias Vírgenes de la Iglesia Católica con distinciones diversas o al también Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska condecorando a una Hermandad religiosa cuya imagen es escoltada por policías.
Esperpento que continúa sin cesar y al que hemos vuelto a asistir el 25 de julio. Miren, he tenido a bien escuchar en su integridad el discurso del Jefe del Estado, Felipe VI, en el referido acto de ofrenda al apóstol. En su parlamento pronunció frases tales como estas: ''renovamos la ofrenda de un pueblo que quiere ser agradecido'', ''siempre existen motivos de gratitud al patrón de España'', ''junto a la gratitud que debemos a la protección del apóstol y con el ruego de que nos ayude a mantener viva la esperanza de recuperar la normalidad'', ''le pedimos ayuda al santo patrón de Galicia y de España''. Sí, todo esto y más se dijo hace una semana.
Y me pregunto si estas palabras son propias de la Jefatura de un Estado siquiera aconfesional, si el Gobierno asume las mismas y si se trata de una expresión oficial. Seguramente he de concluir que este Gobierno, como los anteriores, no va a entrar en estas cuestiones ni en las de fondo, de las que estas manifestaciones tan bizarras son solamente una mínima expresión, si bien muy relevante e ilustrativa de la situación real.
Pero, sobre todo, quedan pendientes los debates profundos acerca de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, que recibe, según datos aportados por la organización ''España laica'', entre asignaciones, ayudas, subvenciones directas y exenciones de tributos, unos 11.000 millones de euros anuales, y que sigue teniendo una presencia importante en la educación, incluida la pública, así como otros privilegios no admisibles en un Estado aconfesional ni en relación con el trato a otras confesiones religiosas.
Ya sé que se dirá que gran parte de estas cuestiones son consecuencia o efecto de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 –si bien, en realidad, preconstitucionales y directos herederos del Concordato de 1953, aunque se firmaran días después de la promulgación de la Constitución–. Y es cierto que, en efecto, la situación actual tiene mucho que ver con tales Acuerdos, aún vigentes. Pero también lo es que hace ya años que el PSOE ha amagado con denunciarlos –no olvidemos que son un Tratado Internacional– y prometido hacerlo en su programa electoral para las últimas elecciones generales de noviembre de 2019, si bien no consta en el texto del Acuerdo para el Gobierno de coalición o, al menos, yo no lo he encontrado.
Pero también es cierto que, incluso vigentes tales Acuerdos, determinados hechos como los relatados no debían haberse producido nunca en respeto al diseño constitucional de un Estado aconfesional.
Es de esperar y, sobre todo, de exigir, el cumplimiento estricto de la Constitución, también en este terreno.