Filípica a la Fiscalía
La utilización de la Fiscalía para imponer una represión ilícita contra la libertad de expresión en nuestro país está pasando ya de castaño oscuro. El repetido esquema de someter a ciudadanos a la presión del inicio de un proceso penal, incluso de su paso por prisión, para que luego todo termine en nada es una actitud inadmisible que debe cesar. Sobre todo porque es evidente, desde el inicio, que de tales procedimientos no puede derivarse una condena y, por tanto, sólo se inician como fórmula de represión y de castigo anticipado por un delito inexistente. El golpe es redondo porque no pudiendo el fiscal prevaricar, dado que no dicta resoluciones, nadie es responsable final de las injustas privaciones de libertad y del escarnio, el temor y la pena de banquillo y económica que se les inflige a tales ciudadanos. No crean que me olvido de los jueces cobardes que contribuyen a ello. Pero, en esos casos, al menos uno podría defenderse interponiendo querella.
Los casos van en aumento. No es cuestión baladí.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha descolgado ahora pidiendo 2 años y medio de prisión, 3 de libertad vigilada y 8 y medio de inhabilitación absoluta para una joven que repitió en Twitter viejos chistes sobre el magnicidio de Carrero Blanco. Un delito de humillación a las víctimas del terrorismo le imputan. Dejemos a un lado que la interpretación extensiva e impropia de un delito cuya existencia es cuestionable es una forma de censura inadmisible en democracia. Lo cierto es que, además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional incurre en este caso en una muestra de ignorancia supina al comparar el asesinato de Carrero Blanco con cualquier otro atentado de la banda terrorista ETA cometido en democracia. Yo dudo que Carrero Blanco sea una víctima del terrorismo. Carrero Blanco era la mano derecha de un dictador, y, por tanto, contra él existía el denominado “derecho de rebelión”, que proclama que la resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre. Así que sí, cuando se produjo el magnicidio, en España muchas gentes de bien se alegraron y se hicieron chistes y coplillas porque “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes” tal y como se formuló en la declaración de derechos francesa y como recoge implícitamente el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Queridos fiscales, Sic semper tyrannis. La chica será exonerada, pero mientras pasará un calvario de apariencia legal impuesto de forma cruel e injusta.
No es el primer caso. Un juez de Madrid acaba de archivar el falso delito de odio imputado a los titiriteros a petición de la Fiscalía. Esa misma Fiscalía unidad del Ministerio Fiscal que consideró en la Audiencia Nacional que eran terroristas y pidió su prisión provisional que fue acordada por el juez Ismael Moreno. De manera que unos ciudadanos inocentes pasaron cinco días en prisión, tratados como terroristas, y nadie responde por ello. Sale gratis. Sale gratis que el mismo Ministerio Fiscal pida su ingreso en prisión por enaltecimiento del terrorismo, a los pocos días y ante el escándalo que se forma pidan que salgan de prisión aunque mantiene la acusación y, finalmente, ante la exculpación por terrorismo, insisto el mismo Ministerio Fiscal, finiquite todo en Plaza de Castilla afirmando que tampoco existe delito de odio e instando el sobreseimiento. Eso sí, provisional, no vaya a ser que interese volver a reactivar la cuestión. Eso sí, los viajes del Yak 42 con sobreseimiento libre, para que queden archivados y bien archivados por siempre jamás.
Y ahí tienen también el caso del cantante de Def con Dos, cuya absolución ha sido recurrida por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo aunque ya verán como el Tribunal Supremo la confirma. O el caso de Zapata o el de Facu Díaz o el de...
Demasiados, ¿no? Demasiados errores de interpretación y posicionamiento para una Fiscalía que además de ser el brazo ejecutor de la política criminal del Gobierno –pata en la que descansa toda la dependencia jerárquica– debe ser garante y defensora de la legalidad. Permítanme que les diga que como defensores de la legalidad, últimamente no dan una y, que curioso, que esos traspiés siempre se dan en casos de colisión del derecho básico a la libertad de expresión.
Una buena filípica es un encendido discurso condenatorio. Espero no haberles defraudado.
