Conyugalidades
Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet
Hay cosas que no se deben hacer.
Hay cosas que no se deben hacer porque antes de la línea roja de la ley penal está la de la decencia. Cultura democrática.
Lo curioso es la poca cultura de ese tipo que se destila en España. Lo dispuesta que está la gente a atribuir a persecuciones ideológicas o políticas el reproche a comportamientos que son inaceptables. Lo dispuestos que están algunos a darle la vuelta a la realidad o a ocultarla para lograr que otros justifiquen lo injustificable. Lo poco críticos que somos con los que nos resultan próximos, siendo que el verdadero pensamiento crítico se demuestra ejerciéndolo con los propios más que con los ajenos.
No hay nada, repiten. Hay mucho. Demasiado.
El argumento mas inane ha sido el de que la mujer de un político tiene derecho a trabajar y a comer y a proseguir su carrera. Sí, obviamente, siempre que no incurra en conflictos de intereses que la pongan en aprietos no ya a ella sino a la persona que ostenta el cargo público. Cuando estos conflictos tienen el más mínimo atisbo de producirse, caben tres posibilidades que la pareja debe barajar y sopesar antes de decidir libremente: a) el cargo público puede no aceptarlo si consideran que no ha lugar a supeditar una carrera a la otra b) el cónyuge puede adecuar su vida laboral a las normas éticas democráticas para evitar cualquier problema de incompatibilidad o siquiera la sospecha o c) la pareja puede disolverse. Cada uno elige lo que quiere. Lo que no es de recibo es pretender que un cónyuge puede efectuar actividades privadas con mercantiles que ni siquiera de lejos puedan parecer debidas al cargo de su pareja.
Tampoco es argumento desestimar las revelaciones o acusaciones sobre la incompatibilidad de la carrera profesional de la mujer de un cargo público porque procedan de sectores que sean adversarios ideológicos o incluso que tengan interés político en derribarlo. Lo que importa es la veracidad de lo afirmado, no quien lo haya filtrado o a quien beneficie. Da igual si a Al Capone lo denuncia otro capo celoso y si quien filtra los datos sobre su fraude fiscal pretende quedarse con su territorio. Lo que importa es si los datos filtrados constituyen un ilícito. No es pues aceptable intentar blindar a alguien porque sus rivales ideológicos exigen su cabeza.
Cumplir aparentemente la norma no significa que el comportamiento sea aceptable. Es la esencia de la norma y de la decencia democrática la que debe reflejarse en el comportamiento del cargo público y de todo su entorno directo. Cuando la ley habla de “intereses personales” incluye los intereses de su cónyuge. Si además se suman sospechas de irregularidades que pudieran ser penales, no queda otro remedio que investigarlas y denunciarlas.
La transparencia debe ser real. Decir “todo es correcto”, “no hay nada”, “mi honorabilidad y la de mi mujer” no es decir nada. Hay que coger el toro por los cuernos y públicamente mostrar toda la documentación que acredite que lo que se te achaca es incorrecto o falso. No querer hacerlo lleva a pensar que es imposible hacerlo.
La formación sí tiene una importancia a la hora de establecer la idoneidad, incluso en términos legales, para un puesto. La pregunta puede hacerse al revés: ¿cuántas personas con esa falta de formación que no tuvieran esa trayectoria política o de proximidad personal habrían recibido el mismo trato y la misma designación? Si te han dado algo que te viene grande y que nadie más en tus condiciones hubiera recibido, algo pasa.
Los periodistas normalmente no mienten y contrastan lo que publican. Es una constante en la clase política usar la brocha gorda para intentar desacreditar a todos los contrapesos al poder establecidos en una democracia -todos los jueces, todos los periodistas, todos...-. Afortunadamente en nuestro país siguen primando los medios y los periodistas que se niegan a dar una información, más si afecta al entorno de un cargo público y por tanto a éste, si no han comprobado con técnicas profesionales su veracidad. Si se diera el caso de que alguno errara -que sucede- esto no puede confundirse con un bulo. Desmentir las informaciones pasa por ceñirse a su contenido real y no basta con rebatir el relato deformado de las mismas, eso es manipular. Hay que salir a explicar con documentos y con preguntas. Que un periodista publique datos que no te gusten no afecta a tu honorabilidad, es la conducta poco honorable la que lo hace.
Aprovecharse del cargo público del cónyuge ni siquiera precisa de que las actividades profesionales se lleven a cabo con el propio organismo en que la pareja se desempeña ni de que éste directamente de órdenes o se movilice o haga cualquier gestión para beneficiarle. Muchas veces basta con que empresas o entidades públicas conozcan de quién es cónyuge el solicitante para que esto sirva de recomendación suficiente para validar sus pretensiones.
Todo lo referido al dinero en el caso del entorno de un cargo público debe ser analizado con el mayor escrúpulo y para no pecar es mejor pasarse de puntilloso que quedarse corto. Obviamente, una liberalidad extrema a la hora de enjuiciar estos asuntos es absolutamente inaceptable.
Hay cosas que no se pueden hacer.
Las leyes no sirven para nada sin ética, avisó Aitor Esteban.
Así que sí, la ministra Ana Redondo sólo puede tardar en cesar a Isabel García como directora del Instituto de la Mujer lo que tarde en tener sobre la mesa de su despacho las pruebas fehacientes de que los hechos publicados sobre las actividades de la mercantil que comparte con su mujer son ciertos. Todo lo demás sobra.
Dejen de defraudarnos.
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