En el lapidario de las frases de la política catalana hay una que por más que pasen los años sigue resonando. La pronunció Marta Ferrusola cuando después de 23 años de pujolismo se forjó una alianza de izquierdas en la Generalitat. “Es como si nos hubiesen entrado a robar en casa”, afirmó, airada, la esposa de Jordi Pujol. Una versión doméstica del “gobierno ilegítimo” que el PP y Vox dedican a la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Lo que es una lógica alternancia, para la derecha es una usurpación del poder que considera que solo ella puede ostentar.
El tripartito de izquierdas catalán planteó un ambicioso programa legislativo en el ámbito social cuyo mejor ejemplo fue el Plan de Barrios. Pasqual Maragall defendía que donde se juega la calidad de vida es en las ciudades, pueblos y calles, empezando por abajo. Es lo que hizo en su etapa de alcalde de Barcelona y como president aplicó la misma filosofía para reducir las desigualdades e invertir de manera transversal en las zonas más paupérrimas. No fue la única medida pero sí fue una de las más destacadas y elogiada por ayuntamientos de distinto signo político.
Este fue uno de los avances. Hubo otros en políticas medioambientales o transparencia. Pero la competencia interna entre los tres partidos, PSC, ERC e Iniciativa, que acabó rompiendo la confianza imprescindible para que una coalición pueda perdurar, y la nula experiencia en gestión de algunos cargos dieron al traste con la alianza. Lograron subsistir una legislatura más aunque el desgaste y descrédito acumulados eran irreversibles.
No es muy distinto de lo que le pasó al bipartito gallego de izquierdas. En el verano de 2005 y tras contar voto a voto cada saca de papeletas de la emigración, la izquierda celebró la caída de un régimen. Manuel Fraga había perdido la mayoría absoluta 16 años después en Galicia, el destino que eligió visto su poco futuro en la política estatal. Durante tres años y medio la coalición de PSdeG y Bloque Nacionalista Galego se enfrentó a todo tipo de resistencia de los poderes establecidos. Allí también se produjeron avances notables en política social y en protección del patrimonio y se levantaron algunas alfombras, tampoco muchas, de lo que había sido la gestión del PP, incluidos el año y medio de Feijóo como vicepresidente de Fraga.
Pese a la crisis financiera y a la sangría de despidos, a partir de 2008, socialistas y nacionalistas emprendieron una lucha de poder pensando ya en las elecciones que Emilio Pérez Touriño acabó adelantando. En medio de esa pelea, que incluyó descalificaciones entre los socios y filtraciones para hacer daño a la otra parte de la coalición, Feijóo solo tuvo que esperar: a que la crisis financiera siguiera destruyendo empleo, a culpar de todo los males de Galicia a Zapatero y a que los socios se despedazaran. El resultado es conocido: el Gobierno de izquierdas duró tres años y medio. Por un solo diputado de diferencia, Feijóo regresó a la Xunta, esta vez directamente a la presidencia, donde se mantuvo durante 13 años largos. En todo este tiempo, la izquierda gallega no se ha recuperado de aquel mazazo. A posteriori muchos de los dirigentes del bipartito lamentaron el error que había sido meterse en aquella pelea interna que entregó a Feijóo la Xunta en bandeja.
Estos precedentes, que ministros como Miquel Iceta o el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, conocen perfectamente porque estuvieron en la cocina intentando apagar los incendios de los tripartitos en Catalunya, deberían servir para que PSOE e Unidas Podemos se den cuenta de que o frenan o se van a la oposición. Cuando empiezan a dirimirse en la televisión los debates que son propios de los consejo de ministros, las negociaciones internas se convierten en una subasta de informaciones para desgastar al socio, y se instala en los cuadros intermedios que esto es un sálvese quien pueda, es muy difícil reconducirlo. Si hay convocatorias electorales por en medio, autonómicas y municipales, y con la cabeza ya en las generales, el esfuerzo que supone es todavía mayor. Pero no existe otra alternativa que frenar en la escalada en que se han instalado.
El escudo social que ha permitido a muchas familias afrontar en mejores condiciones la crisis, desde el incremento del salario mínimo a la revalorización de las pensiones, los avances evidentes en la legislación laboral o la nueva legislación en Memoria Democrática, son un digno expediente para movilizar al electorado de izquierdas. Ahora bien, también lo eran los avances del tripartito catalán o del bipartito gallego, y las broncas internas y el ruido se los llevaron por delante.
Negar la alarma que ha creado la revisión a la baja de las condenas a agresores sexuales es un error. Como lo es hacer ver que no tiene un coste electoral. Las revisiones seguirán, se cambie o no el texto. Del mismo modo que reformar la norma con unas prisas que ya fueron excesivas para su aprobación y laminando los avances que se han conseguido tampoco parece una buena solución. Y, además, a punitivista siempre ganará la derecha.
Otro de los errores de los que solo se puede culpar al propio Gobierno es el de trasladar a los partidos que en el Congreso le dan su apoyo la responsabilidad de tener que escoger entre PSOE e Unidas Podemos porque estos han sido incapaces de presentarles un texto consensuado. A los socios parlamentarios se les puede pedir muchas cosas, y no todos siempre están a la altura, como se vio con la reforma laboral. De ahí a endosarles la resolución de los problemas internos de la coalición hay un trecho que demuestra muy poca seriedad.
En los manuales políticos se defiende que los gobiernos no se ganan, se pierden. Nadie lo entiende mejor que Feijóo. En Galicia esperó y ganó. También lo sabe el PSOE, aunque esta vez las prisas le están llevando a cometer errores. No basta con que se salve solo uno para que las izquierdas puedan seguir y también Unidas Podemos debería tenerlo claro. Si no, que repasen todos la hemeroteca.