La administración de Donald Trump ya está en campaña para las elecciones próximas y ha sido el freno a la migración el punto central de sus ataques, el blanco fácil, frágil, que le permite desplegar ante la cámara su poder imperial, para tapar con pompa una serie de fracasos: su último “logro” fue obligar a Guatemala, un país al borde del colapso y en una crisis humanitaria e institucional, a ser la cárcel temporal de quienes buscan asilo en USA.
La tarea de Guatemala será recibir a cientos de migrantes deportados. Es el infierno designado para los campos de concentración de migrantes, que les colocaría fuera del alcance de las cortes de USA. Guatemala se convierte en la Turquía del trópico, en el país en donde se concentrarán las peticiones de asilo, para que la barbarie se lleve a cabo offshore. Y de todos los centroamericanos, éste es el país con larga, ininterrumpida trayectoria de control y represión de desplazados internos. El país donde se experimentó desde políticas de tierra arrasada, hasta “aldeas modelo”, un laboratorio del terror de Estado y del despojo, como parte de las políticas genocidas que cobrarían más de 250.000 vidas hace cuatro décadas. Hoy, se repite.
La región de Centroamérica ofrece la sólida evidencia del fracaso completo de las políticas económicas que beneficiaron a unos cuantos países poderosos, sacrificando a los más vulnerables.
El silencio de la comunidad internacional dice mucho, hay cómplices de la desgracia centroamericana desde los dos lados del Atlántico. La tragedia del Mediterráneo y la del desierto de Arizona son idénticas en causas, recibieron la misma respuesta. Los organismos multilaterales le han fallado a los pobres y vulnerables del mundo, y el modelo de comercio internacional hoy solo favorece a los perpetradores de la mayor tragedia ambiental que se avecina, y a sus cómplices.
Y es que han sido USA, Canadá, China y Europa las fuerzas que, desde esquemas de explotación y presiones políticas, han contribuido al acelerado deterioro de la calidad de vida de los centroamericanos. Desde destrucción de economías locales, a partir de la firma del DR-CAFTA, hasta consolidación de políticas comerciales que se divorcian del cumplimiento en materia de derechos humanos, con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que protege y consolida la dominación de grandes corporaciones que controlan la matriz energética de los países.
¿Podría esta vez esta región ser el espacio para probar precisamente un set de políticas en la dirección opuesta? ¿Podrían las fuerzas progresistas de ambos lados del Atlántico atreverse a impulsar un 'Green New Deal' para Centroamérica como respuesta a esta crisis?
¿Podría el mundo desarrollado imaginar una moratoria para esos países más desiguales, violentos y vulnerables al cambio climático, que le diera a sus pueblos la flexibilidad suficiente para aplicar excepcionalmente otro modelo económico? ¿Energías limpias? ¿Trabajos decentes? ¿Semillas nativas?
La pequeña Centroamérica concentra el 7% de la biodiversidad mundial. Encabeza la lista de países más desiguales del mundo y más pobres de la región, alberga también cuatro de las cincuenta ciudades más violentas del mundo. Si a la violencia y desigualdad se le agrega la desaceleración económica, la extrema vulnerabilidad al cambio climático, la ausencia de políticas públicas de inclusión para mujeres y el marcado racismo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, es evidente que el número de personas que migrará al Norte como única vía para sobrevivir, aún arriesgando todo, solamente aumentará.
Un 'Green New Deal' para Centroamérica ofrecería la posibilidad para pilotear, materializar y defender ya no como idea, sino como prueba, un futuro distinto.
Reemplazar las instituciones frágiles y fallidas por la arquitectura del futuro que derive en una transformación económica y ecológica, empodere a comunidades indígenas y campesinas, recupere el control de bienes comunes naturales, revierta la rápida desaparición de especies únicas, preserve las reservas de oxígeno que aún quedan en la región e indemnice a los países del impacto que el 10% mundial inflinge en ellos, colocándolos en el mapa de más alto riesgo ante la crisis climática. Estos cambios no pasan por los congresos de los países. Pasan por Washington, Bruselas y los organismos financieros internacionales.
De no adoptarse un cambio radical, los parches de alguna ayuda humanitaria terminarán en bolsillos de contratistas ligados a la industria de seguridad.
Esta crisis humanitaria que condensa las fallas del sistema que el mundo inflige en los pobres, y que les hace atravesar mares y desiertos, arriesgando todo para buscarse la vida, es también una oportunidad para un cambio radical, para trascender de discursos que prometen “futuros sostenibles” paliativos que nadie quiere financiar. Es elevar voces de solidaridad internacional con un plan concreto en mano, que trasciendan la palabra y el papel. Si el 'Green New Deal' no funciona aquí y hoy, si no se vira de una reacción de campos más o menos humanitarios y éxodos masivos hacia una agenda positiva, mañana será demasiado tarde. Para sellar un nuevo pacto social es necesario incluir a todos, donde nadie se quede atrás, empezando por aquellos a los que debemos más.