Sí. Ya sé que la inmensa mayoría de los jueces son honestos, laboriosos y rigurosos en la aplicación de la ley. El problema es que, cuando les preguntan a los ciudadanos qué opinan sobre la administración de justicia, quienes afirman que es mala o muy mala duplican a los que contestan que es buena o muy buena. La respuesta más común es que la justicia está “politizada”, sin que las encuestas ahonden en el significado que la palabra politización tiene para cada encuestado.
Algo no está funcionando bien para que exista tal desafección de los ciudadanos hacia los jueces. Y el problema no radica, como se pretende hacer creer desde círculos conservadores, en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya responsabilidad recae desde 1985 en las Cortes. España no es, ni mucho menos, el único país donde el Parlamento designa el órgano rector del poder judicial. Es más: en Alemania, uno de los países del mundo donde los jueces gozan de mayor respetabilidad, y donde no existe un órgano como el CGPJ, los magistrados del poderoso Tribunal Constitucional son elegidos por el Parlamento. Y los admiradores de la justicia estadounidense seguramente sabrán que las vacantes que se presentan en la Corte Suprema son cubiertas por designación del presidente del país, con el visto bueno del Senado.
En España, el problema es que las asociaciones mayoritarias de la judicatura, claramente –y en ocasiones militantemente- conservadoras, pretenden tener un control absoluto, sin “interferencias políticas”, sobre el poder judicial. Y la derecha apoya esas aspiraciones… cuando está en la oposición. Porque, al llegar a la Moncloa, se olvida de la monserga de que los jueces deben ser elegidos por sus pares; por muy afines que sean las asociaciones mayoritarias, mejor es tener el control sobre ellas si los vaivenes electorales lo permiten. En 2001, con una aplastante mayoría parlamentaria, Aznar promovió una reforma del poder judicial que otorgó a las asociaciones profesionales o agrupaciones de jueces la potestad de presentar hasta 36 candidatos para el CGP, pero la decisión final siguió en manos de las Cortes. En 2013, también con mayoría absoluta en el Parlamento, Rajoy promovió una nueva reforma del poder judicial, pero, en contra de lo que planteaba su programa electoral, dejó la elección del CGPJ en manos de las Cámaras. Esto dice la ley orgánica de 2013 impulsada por Rajoy, respecto a la elección de los vocales: “Se ha diseñado un sistema de elección que, por un lado, garantice la máxima posibilidad de participación de todos y cada uno de los miembros de la carrera judicial, estén o no asociados, y que, por otro, atribuya al Congreso y al Senado, como representantes de la soberanía popular, la responsabilidad de la designación de dichos vocales”.
Cuando el PP está en la oposición se dedica a tronar contra el actual sistema de elección del CGPJ y contra la “politización” de la justicia. Y no se queda en las vociferaciones, sino que torpedea la renovación del órgano rector de los jueces. Lo hizo con Rajoy y con el infausto Casado, y ahora lo está haciendo con Núñez Feijóo. El hecho es que el CGPJ se encuentra en funciones desde diciembre de 2018 por la resistencia del PP a renovarlo, en lo que constituye la interinidad más prolongada de la historia del órgano de los jueces.
Estamos ante un secuestro en toda regla del poder judicial. Ante una vulneración flagrante de la Constitución, que establece en cinco años el periodo de los vocales del CGPJ. Los vocales actuales llevan más de ocho en sus poltronas, y ninguno –ni siquiera los progresistas- mueve un dedo para forzar una salida del atolladero. El PP ha aireado los pretextos más variopintos para justificar el bloqueo. El último es su exigencia de que, antes de proceder a la renovación, se debe reformar la ley de modo que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, en cumplimiento de una doctrina relativamente nueva de la Comisión Europea sobre la independencia del poder judicial. En realidad, lo que ha dicho Bruselas es que la renovación del CGPJ se realice en primer lugar y con carácter urgente, y que, a continuación, se promueva la reforma legal. Pero esto por lo visto le ha entrado el PP por un oído y le ha salido por el otro.
El hecho es que falta poco más de un año para las elecciones, y ahí sigue rampante el CGPJ conformado durante la mayoría absoluta del PP, cuando su composición debería reflejar los cambios políticos registrados tras la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa en 2018 y tras las subsiguientes elecciones generales. A estas alturas ya parece inútil esperar un cambio de actitud desde el PP, que confía en ganar los próximos comicios y asegurarse un poder judicial a su medida. La pregunta que hay que hacerse, y muy seriamente, es qué piensa hacer Sánchez para evitarlo. ¿Va a permanecer de brazos cruzados ante semejante atropello democrático?
Tres meses atrás, el presidente anunció un proyecto de ley para modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, de modo que, si no es posible aprobar los nombramientos con una mayoría de tres quintos como establece la Constitución, se puedan aprobar en una segunda vuelta por mayoría absoluta con el fin de cumplir el mandato constitucional de la renovación. Sin embargo, retiró la propuesta, que habría podido sacar adelante con sus socios de investidura, tras la reacción furibunda de las asociaciones de jueces y las reprimendas de la Comisión Europea, que lo consideró una injerencia política inadmisible contra la independencia judicial.
Pero, ¿entonces qué? ¿Seguirán el Gobierno y la mayoría progresista del Parlamento aceptando con resignación este secuestro del poder judicial? ¿No es posible hacer un lobby en Bruselas para que se entienda la magnitud del problema? Y ya puestos, ¿no cabe lanzar una ofensiva diplomática contra la doctrina comunitaria de que la independencia judicial se garantiza con la elección corporativa del CGPJ? ¿Recordar, como lo hizo Rajoy en su reforma del poder judicial de 2013, que la soberanía popular reside en las Cortes? Y si nada funciona para salir del atolladero, ¿estaría dispuesto el presidente a desempolvar, contra viento y marea, el proyecto para la modificación del sistema de elección de los vocales del CGPJ, ante de que sea demasiado tarde?
Hay que decirlo: si el PP logra bloquear la renovación del poder judicial hasta las próximas elecciones y queda, en caso de ganar, con la sartén por el mango para conformar el siguiente CGPJ a su antojo, la culpa será, en parte, del presidente Sánchez. Después no valdrá quejarse.