Lo que ocurrió el domingo, día 9 de noviembre de 2014, es la cristalización de Catalunya como una nación. Sin estado aún, pero la nación que la mayoría creía ser acaban de levantarla voluntario a voluntaria y ciudadano a ciudadana. A través de los medios de comunicación que nos lo han permitido pudimos comprobar que son capaces de actuar como un estado independiente, un estado al margen del estado español y además, por cierto, desafiándolo.
Lo que queda por delante es una nueva situación, ya no se trata de negociar un estatuto que les reconozca carácter nacional e instrumentos para progresar, eso era antes y ya queda muy atrás, sino de una negociación de tú a tú entre un estado y algo muy parecido a un estado. De un lado el estado español con todos sus poderes e instrumentos y del otro una ciudadanía muy organizada y militante que prácticamente arrastra o lleva en el aire a sus gobernantes.
Hoy por la mañana un amigo me llamó desde Vic contándome entusiasmado el ambiente, la normalidad con que transcurría la votación. También yo quería ver aquello, así que busqué en el televisor la televisión catalana, la TV3, pero no la encontré. Esa mera imposibilidad de poder ver la televisión catalana en otro lugar del estado debería servir para comprender los grandes errores de la democracia española. Pero encontré La Sexta, que ofrecía una programación especial, y me quedé, pude ver esas imágenes de personas haciendo fila para poder votar.
Una imagen que me parece ejemplar, ciudadanos haciendo cola ante los puntos de votación, pero una imagen que es terrorífica para muchos políticos españoles. Aquellas personas guardando fila voluntariamente para votar eran terribles enemigos políticos. A quien realmente temen esos dirigentes políticos y sociales no es a Mas o a Junqueras sino a esa gente que madrugó para votar temprano “por si venía la policía a cerrar el colegio”. “El problema catalán” es la ciudadanía catalana, no unos dirigentes políticos a los que se puede denigrar o con los que se puede llegar a algún acuerdo sin más, esa gente está ahí vigilante y salen a la calle o acuden a votar una vez y otra. Son peligrosos ciudadanos.
Esas imágenes en el televisor de votación dominical eran las de cualquier cita electoral, con la diferencia de que aparecían personas muy conscientes de que desafiaban al Gobierno y al Estado mismo con sus recursos. Esas personas de aspecto común y pacífico sabían que podían estar cometiendo delito, de hecho habían sido advertidas por la vicepresidenta del Gobierno, quien al tiempo que las avisaba las eximía de responsabilidad pues afirmó que estaban siendo presionadas por el presidente de la Generalitat.
Las imágenes que se pudieron ver no eran las de personas que abriesen los colegios electorales o aguardasen su turno para votar porque se sentían presionadas, la vicepresidenta o ignoraba aquello de lo que hablaba o mentía. Si no acudían coaccionadas y sabían que podían estar cometiendo delito sin duda eran gente muy convencida, cualquier país envidiaría una ciudadanía así. Esa determinación nace de una fuerza contraria muy poderosa: toda la política seguida por el PP y el Estado en relación con Catalunya desde el fallo del Tribunal Constitucional hace cuatro años hasta la última descalificación o amenaza hoy.
En teoría acudieron a votar acerca de la forma en que quieren que exista su país pero sabían que ese día lo que realmente estaban haciendo era defender su derecho a la libertad de expresión. Y lo hacían, es cierto contra el Gobierno que pensó que podía impedírselo pero no lo consiguió.
El Gobierno se movió en la ambivalencia, todo los pasos que dio Rajoy lo conducían a prohibir la celebración de esa votación y los partidarios de su política le exigían que utilizase la fuerza para ello, pero alguien en su entorno finalmente comprendió que en estos tiempos en que hay tantos medios de comunicación y existe Internet no podrían ocultar la imagen de unos guardias armados llevándose urnas y cargando contra votantes. A pesar de que hasta ese momento actuaron para que eso pudiese ocurrir, al final se detuvieron.
Un periódico madrileño tituló ayer “Rajoy está dispuesto a tolerar el 9-N como libertad de expresión”, es triste que nos digan a estas alturas que nos toleran la libertad de expresión. Así están las cosas. Pero no le sienta bien al presidente del Gobierno la tolerancia tampoco y ayer apareció en un mitin congestionado y gritando, pretendía salir de una situación muy difícil: quienes lo pusieron ahí ahora calibran que es un gran estorbo. Entre la espada y la pared solo puede tener reacciones desesperadas y contradictorias, cuando gritó que a Mas le faltaba “cordura” continuaba con el lenguaje que ha llevado las cosas hasta aquí, pero a continuación no tuvo más remedio que prometer que al día siguiente de la votación dialogaría. En un mismo día la vicepresidenta asustaba y amenazaba a los participantes en el proceso electoral pero el presidente, por su parte, reconocía que se produciría la votación y que luego dialogaría.
Sin embargo, no cesaron las maniobras para impedir que se diese esa imagen de personas guardando fila para votar y el Fiscal General del Estado, naturalmente designado por el Gobierno, ordena a los “mossos” que identifiquen a los responsables del uso de locales públicos para la votación. Eso ha quedado resuelto cuando el presidente de la Generalitat reconoció públicamente que el responsable era él. El Gobierno se ha desautorizado a sí mismo, ha prohibido algo y no ha obligado a su cumplimiento, España ha hecho el ridículo a ojos del mundo y el Gobierno a ojos de la ciudadanía. Efectivamente se han cometido faltas y probables delitos, la prohibición anterior condujo a que esa demostración de militancia cívica esté al margen de la ley, si Mas es el responsable debe de ser procesado.
A esa situación tan absurda, a procesar al interlocutor con quien se tiene que dialogar y negociar, ha conducido la brillante estrategia del PP de Rajoy y Arriola, han enfrentado a España y Catalunya de un modo que no tiene vuelta atrás. Utilizar el españolismo de estado como arma enfrentándolo al catalanismo ha conducido a esto.
Y en la Corte nadie dirá públicamente y con sinceridad, “nos hemos equivocado profundamente”. Y nadie pedirá disculpas a los catalanes por el modo tan irresponsable y frívolo con que han sido tratadas sus reclamaciones. Nadie.