“El PP tiene el apoyo de la mayor parte de la carrera judicial”
Enrique López
La cima del cinismo del Partido Popular se escenificó este martes en el Congreso cuando planteó una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para “despolitizar” la Justicia y entregar el control del Poder Judicial a los jueces. Todo ha quedado en titulares y en la manipulación habitual. Dudo que la mayoría de los jueces sea consciente de que esa propuesta que votaron el martes PP, Vox y Ciudadanos lo que consagra es una gran limpieza étnica judicial en la que ya sólo podrán aspirar a hacer carrera los que sumisamente se plieguen al gran partido único (APM, la asociación mayoritaria) y tal vez a la segunda (FdV). Todos los demás quedan totalmente excluidos. La mitad de la carrera judicial no tiene nada que decir ni nada a que aspirar con este sistema. Es bueno que lo sepan, porque ya no se trata sólo de que los ciudadanos no podamos aceptar que los jueces se conviertan en un poder autónomo y sin control, sino que ellos mismos no pueden aceptar que todo este juego de “independencia y despolitización” no sea sino la implementación de un gran chiringuito judicial a mayor y única gloria de dos asociaciones conservadoras. Eso es exactamente lo que consagra la propuesta.
En primer lugar porque establece un sistema de elección de los 12 vocales judiciales por los propios jueces mayoritario puro, similar al de las Salas de Gobierno, lo que significa que no hay ninguna proporcionalidad y que los que alcancen mayor porcentaje de voto se llevan todos los representantes. Esto asegura que sólo la mayoritaria y conservadora APM tiene asegurada la mayoría de los vocales y que la conservadora Francisco de Vitoria podría llevarse al resto. Ninguna otra asociación judicial obtendría representación y ellos, claro, lo saben.
No se trata sólo de que las asociaciones más pequeñas quedaran condenadas a no tener nunca representación en el gobierno de los jueces sino que el PP se ha asegurado en su propuesta de que tampoco la mayor parte de la carrera judicial, que no está afiliada a ninguna, puedan comerse ni un trozo de tostada. Para aquellos candidatos que se quieran presentar como independientes se exigen 100 avales de sus compañeros jueces y cada juez sólo podrá avalar a un candidato. Ahora son precisos 25 y cada juez puede avalar a varios compañeros. La experiencia demuestra que sólo vocales que se han presentado por independientes pero eran muy próximos a la propia APM han conseguido un número tan elevado de avales, como sucedió con la mujer de Llarena.
Con mucho tiento en su propuesta se quitan de en medio a los molestos independientes -no sea que aparezca algún descontrolado- y se aseguran de que tampoco podrán entrar en el CGPJ como parte de los 8 vocales que siguen nombrando las Cámaras. Prohíben que ningún juez, sea cual sea su situación en la carrera, ni en excedencia, pueda entrar como vocal propuesto por el Parlamento. Las asociaciones pequeñas y los jueces no asociados, game over. Los jueces progresistas, game over. No podrían entrar ni a través de JpD ni como independientes en el turno de voto judicial ni por el turno de juristas de las cámaras.
Asegura así el maquiavélico proyecto tumbado -pero que puede volver con otras mayorías- que los 12 vocales judiciales sean miembros de dos asociaciones conservadoras concretas como mucho. Esos 12 vocales constituyen los 3/5 del CGPJ y eso es relevante porque entre los cambios que sometieron a voto están que todos los nombramientos de magistrados del TS, presidentes de Sala, de la AN, de los TSJ, de las Audiencias, el magistrado de control del CNI, el vicepresidente del Supremo… todo se tenga que aprobar con ¡tachán! ¡Exacto! Mayoría cualificada de 3/5. O sea, 12 votos.
Excluidos todos los demás, el PP propone que se entregue a la asociación mayoritaria (o a las dos mayoritarias) todo el poder. Los nombramientos, además, se votarían tras el informe de una Comisión de Calificación, que introducen en la LOPJ, en la que 3 de los 5 miembros serían parte de esa mayoría judicial y los informes serían solicitados a las Salas de Gobierno de los órganos de procedencia, incluso un informe anual de los candidatos, que también son elegidas por ese sistema mayoritario que le da todos los puestos a la APM.
El proyecto elimina también el llamado “magistrado autonómico” de las Salas Civil-Penal de los TSJ y lo sustituye por un jurista de la comunidad autonóma elegido por libre designación del propio CGPJ. Esto significa que, de una sala tipo de un TSJ, con dos magistrados y el presidente, la mayoría sería nombrada discrecionalmente por el Consejo. Efectivamente se acaba con la participación de los parlamentos autonómicos pero se asegura que el control de la sala es de jueces como nombramiento es un dedo de sus compañeros. Es más podrían nombrar una pinza.
No se entiende cómo los jueces no adscritos, los que no se meten en asociaciones porque creen que estas son un mercadeo de puestos y de influencias y de relaciones políticas, consideran que estos cambios son en su beneficio cuando lo que consagran es un gran chiringuito judicial creado a mayor gloria de la asociación conservadora mayoritaria que es la clara, total y absoluta destinataria del esta reforma y del poder. Dado que la naturaleza de la adscripción conservadora de los jueces es sociológica y no va a cambiar a corto plazo, el PP se está asegurando que los jueces que le gustan se perpetúen indefinidamente.
El poder, además, se extiende. Los vocales-jueces tendrían el poder de tumbar los nombramientos del fiscal general del Estado al poder informar no sólo sobre los requisitos formales sino también sobre su idoneidad en el puesto. Introducen también la figura de la recusación del fiscal general que sería dilucidada por la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, también mayoritariamente conservadora (Asociación de Fiscales) como se ha visto con sus presiones a Delgado y, claro, sin posibilidad de recurso.
¿Alguien se ha leído este proyecto siquiera entre los jueces? ¿Cómo respaldan una reforma en la que hasta la mayoría de la carrera judicial queda fuera de cualquier posibilidad de formar parte de ese “independiente y despolitizado” Consejo en el que sólo van a estar los asociados a un grupo concreto y aquellos que desde pequeños empiecen a tirarles de la levita? ¿De verdad creen que el PP actúa por altruismo?
Desde el punto de vista de los ciudadanos la locura es máxima también. Se trata de entregar todo el poder sobre los nombramientos de todos los tribunales a 12 señores -como verán, los 8 juristas nombrados por el Parlamento quedan fuera de combate- que saldrán de un proceso electoral inaudito: los jueces y las asociaciones harán las listas de candidatos, las votarán y promulgarán a los electos. Los problemas los solucionará una Junta Electoral formada por jueces del Supremo y las quejas y contenciosos de los candidatos los jueces de la Sala III del Tribunal Supremo. Ni aquellos ingenuos que creen que un juez es por definición un ser angélico y justo, sin ansias de poder y sin malicias, pueden pensar que es democrática una elección en la que el perro mismo se lame su cipote.
Esto es en resumen y en esencia lo que ayer votaron el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y algunos partidos pequeños: 154 votos. Ojo porque ahora ha sido que no pero podría ser que sí y ese es el panorama que se presenta. No se si el comisario de Justicia de la UE conoce los mecanismos e interacciones y el funcionamiento interno y las dinámicas de los jueces españoles pero yo que sí las conozco, ya les digo que esto es muchísimo menos democrático que lo existente hasta ahora y, por supuesto, definitivamente politizado. Los que han redactado en el PP el proyecto -próximos a la APM- saben que conseguirían exactamente esto que les explico y por eso se han lanzado a esta especie de cruzada benéfica en la que el PP renuncia a tener influencia en los nombramientos.
Esta es la carambola máxima del cinismo. Servida está y debería ser también la mayoría de la carrera judicial, que no está asociada, la que se diera cuenta del disparate que supone. ¿Había leído alguien el proyecto?