Seamos optimistas. Con extrema cautela. Algunas cosas se están moviendo en el sistema político y apuntan hacia cambios importantes. El terremoto de las elecciones del 25 de mayo ha puesto en marcha, o acelerado, algunos procesos, como la renovación generacional, el debilitamiento del bipartidismo, el hecho de que se hable de “regeneración democrática” (aunque el contenido deje aún mucho que desear y la comparecencia parlamentaria del presidente del Tribunal de Cuentas no haya sido precisamente ejemplar). Incluso, donde seis meses atrás rechazaban el concepto mismo, cada vez más responsables del PP hablan discretamente de una reforma constitucional de calado, y no sólo (aunque también) para desactivar la bomba de relojería catalana.
Se ha empezado a hablar de lo que hay que hablar, aunque quede mucho trecho que recoger. No es lo mismo que algunas cosas se hayan empezado a mover a que se esté cerca de construir un gran acuerdo entre el máximo posible de partidos, movimientos y gentes sobre las cosas que hay que mover.
Y se desconoce qué piensa en última instancia Rajoy, que es a quién corresponde dar los primeros pasos, aunque sea discretos, para una reforma constitucional en la que ya está el PSOE, sea quien sea su próximo secretario general, y otros partidos. Para concretarla habrá que esperar a que se resuelva la cuestión del liderazgo en el PSOE. Pero, sobre todo, será necesario que el PP y su Gobierno se reconcilien consigo mismos al respecto. Necesario, pero no suficiente, pues toda reforma constitucional que no acabe en un proceso fallido requerirá del concurso y aceptación de CiU y del PNV, y otros partidos. A sabiendas de que será necesaria la sanción ciudadana en un referéndum. Unos ciudadanos que no quieren que se les imponga la reforma, sino participar en la conversación nacional que ha de llevar al resultado final.
El calendario aprieta, y el Gobierno lo sabe. Para ponerse de acuerdo sobre los principios de tal reforma, en esta legislatura, y evitar que el proceso quede relegado a 2019, sería necesario que se pactara antes del otoño. Para que sirviera para desactivar las intenciones de Artur Mas de convocar una consulta sobre la independencia de Cataluña, tendría que llegar esa oferta antes del 9 de noviembre. Sería la forma de que el rechazo del Gobierno (apelando al Tribunal Constitucional que podría, a la canadiense, indicar caminos legales a seguir) a la ley de consultas catalana o a la propia consulta se viera acompañada de una respuesta constructiva que acabara en la próxima legislatura en un referéndum en toda España, Cataluña incluida, y eventualmente, más adelante, en otro referéndum sobre una pregunta específica para Cataluña y/o sobre un nuevo Estatuto catalán. Todo suponiendo que la siguiente legislatura fuera gobernable, lo que es mucho suponer. Pero para ello –reforma de la Constitución, regeneración democrática- hay que ponerse a trabajar ya, y no sólo entre PP y PSOE.
Las elecciones europeas -expresión de salida y de voz, que no de lealtad por usar la terminología de Albert O. Hirschman- y la presión de un calendario que pone en aprietos al Gobierno, están provocando que se agudicen los espíritus. En el PSOE, en Izquierda Unida, que sienten el aliento de Podemos; veremos si en CiU (desde luego sí en Unió) que siente el aliento de Esquerra. Y en el PP que ha perdido votos. Nunca unas europeas han tenido tal impacto. Y lo han tenido porque han reflejado un deseo, una necesidad, de cambio por parte de una amplia parte de la ciudadanía que no conviene frustrar.